I-TITULO: “ASESORÍA JURIDICA GRATUITA FACULTAD DE CIENCIAS JURIDICA – U.N.I”
II-FUNDAMENTACIÓN:
La Universidad Nacional de Itapúa U.N.I es una institución de Derecho Público de Educación Superior, regida por la Constitución Nacional, por la Ley 136/93 y por su propio Estatuto. En ese contexto ha creado Unidades Académicas, llamadas Facultades entre ellas la Facultad de Ciencias Jurídicas que inició su labor académica en el año 2004.
Entre los fines principales, de acuerdo a lo establecido en el art. 79 de la C.N. (de las Universidades e Institutos Superiores), en el Art. 2 de la Ley 136/93, (de Universidades) y en su Estatuto; se encuentra la “Extensión Universitaria”.
Con el fin de brindar servicios legales a la ciudadanía de la Ciudad de Encarnación que no cuenten con los recursos para pagar atención especializada, la Universidad Nacional de Itapúa, por medio de un grupo de ex alumnos egresados de la carrera de Derecho de dicha casa de altos estudio creó un bufete jurídico, que ofrece asesoría gratuita.
La intención es apoyar a la gente de escasos recursos, mediante la atención de problemas de carácter legal, ya que hemos detectado esa necesidad en la población. El bufete jurídico, será atendido por profesores de la carrera de derecho o por Abogados del fuero egresados de dicha casa de estudio, estudiantes de la Facultad de Ciencias Jurídica significando esto una pasantía para los alumnos que se encargarán de realizar la asistencia social una vez que comprueben si los que solicitan el asesoramiento son realmente personas vulnerables económicamente.
El Bufete Jurídico Gratuito de la Universidad Nacional de Itapúa, Facultad de Ciencias Jurídicas, tiene como fin lograr la vinculación con la sociedad en la que se encuentra inserta, se dedicará a dar atención jurídica gratuita profesionalmente a través de sus asesores legales y de sus estudiantes en condiciones de prestar un Servicio Social Universitario a personas y familias de escasos recursos económicos.
Los casos sobre los cuales se va a prestar asesoramiento en dicho Bufete atendiendo a su condición de gratuidad están acotadas al ámbito de los Derechos: Civil, Familiar, Penal, Laboral, y de otra índole.
El Bufete Jurídico Gratuito, es uno de los espacios educativos que pretende ofrecerle a los estudiantes en formación el contexto y ambiente de aprendizaje que le permitirá poner en práctica los conocimientos teóricos obtenidos en el aula, el mismo que reproducirá con la habilidad que se precisa en su desarrollo como profesional egresado en el futuro. Se visualiza no solo como un área de enseñanza-aprendizaje, es el medio idóneo para el impulso de la investigación jurídica que contribuya con aportaciones universitarias como el diagnóstico y propuestas de alternativas de solución a problemas jurídico-sociales afincadas en la Ciencia del Derecho.
El área físico dónde funcionará el bufete será en un salón apropiado y acondicionado dentro del campus universitario, o fuera de este, a ser determinado en su momento, la oficina contará con una sala de espera para los usuarios, donde se ubica el área de información y registro de usuarios, seguido de un área común donde se ubican cinco o más estudiantes-auxiliares de oficina para la trascripción de los diferentes documentos jurídicos.
Se ramifican de la siguiente manera:
Una oficina para el Director/a del Bufete Jurídico.
Cubículos para cada uno de los docentes-profesionales asesores de los alumnos.
Cubículos para los trabajadores Sociales (es una alternativa en el caso de trabajar con los alumnos de otras áreas sociales como ser asistente social, psicólogos etc.).
Un área cerrada para archivo de los asuntos que en el bufete se tramitan y expedientes de seguimiento de los alumnos adscriptos.
Áreas comunes de atención para seguimientos de los asuntos de los usuarios por los alumnos.
III-OBJETIVO GENERAL:
“Crear un Bufete Jurídico Gratuito como espacio educativo orientado a satisfacer necesidades de aprendizaje para los alumnos de la carrera de Derecho de la Universidad Nacional de Itapúa-Facultad de Ciencias Jurídicas que curricularmente han transitado por las diferentes teorías de aula siendo necesario ahora llevarla a la práctica en el campo Jurídico-Legal”
IV-OBJETIVO ESPECÍFICO:
Dar asesoría jurídica a la población de escasos recursos que así lo demande, así como tramitar sus asuntos judiciales, cuando hubieren acreditado su calidad de usuario.
Ofrecer a los estudiantes del último curso de la carrera de Derecho una opción para la realización del Servicio Social Voluntario
Vincular los conocimientos teóricos adquiridos en las aulas con las situaciones que se presentan en la realidad cotidiana.
Fortalecer en el alumno su espíritu de solidaridad social y dotarlo de condiciones para el fortalecimiento de sus habilidades y capacidades para la solución de problemas concretos.
Introducir al estudiante en el campo de la Investigación Jurídica a través de la recopilación de información y la elaboración de conceptos y teorías que les permitan tener una actitud proactiva ante los cambios que se ve sometida la disciplina jurídica.
Colaborar en el análisis, tratamiento de las cuestiones jurídicas, asesorando sobre las posibles soluciones del conflicto y en su caso en las promociones de los procesos bajo la dirección de un profesional Abogado matriculado y realizar su seguimiento ante los juzgados y tribunales locales en caso de tomar la causa.
Controlar el vencimiento de los términos en los juicios asignados, realizar las presentaciones respectivas en tiempo y forma, y en fin desarrollar la actividad forense con responsabilidad, prudencia respetando el secreto profesional al que acceda en razón de la función desempeñada.
Al finalizar su Servicio Social, cada alumno voluntario presentará un informe documentado a los Guías Académicos del Bufete Jurídico Universitario.
V-METODOLOGÍA:
El trabajo de investigación-acción se circunscribe en la metodología cualitativa, como lo indica Pérez Serrano ( 1994:83) “…la investigación cualitativa consiste en descripciones detalladas de situaciones, eventos, personas, interacciones y comportamientos que son observables. Además incorpora lo que los participantes dicen, sus experiencias, actitudes, creencias, pensamientos y reflexiones, tal y como son expresados por ellos mismos” .
VI- JUSTIFICACIÓN:
Son los alumnos de la universidad los primeros en beneficiarse con este proyecto, dado que el mismo significa un espacio educativo que tiene como finalidad generar un intercambio de intereses con la comunidad de escasos recursos económicos, para que el asesoramiento jurídico no sea solo para aquellos que cuentan con un buen pasar económico y se pueda prescindir del dicho “ la justicia es sólo para los que tienen plata”, y para los alumnos sería una oportunidad valiosísima el poder tomar intervención en situaciones jurídicas reales en las que se requiere de asesoría, o la necesidad de la intervención en problemas que deban plantearse ante las diversas instancias jurisdiccionales, esto los coloca en una interacción condicionada a que los primeros obtendrán aprendizajes y experiencias profesionales a partir de los conocimientos impartidos en las aulas de la Facultad de Derecho, pero, ahora a partir de planteamientos reales, concretos mediante dos actividades:
1. La realización de las materias de Prácticas Profesionales y
2. La prestación de un Servicio Social,
Y por otra parte, la comunidad susceptible de ser atendida en el Bufete Jurídico de manera Gratuita por no contar con los recursos económicos suficientes para solventar servicios jurídicos particulares, es decir, personas de escasos recursos económicos a quienes se les denominará usuarios.
Prestar el Servicio Social en beneficio de la comunidad a la que pertenece es una actividad obligatoria de los estudiantes de la educación superior, pretende identificarlos y sensibilizarlos hacia las problemáticas sociales induciéndolos a crear formas de resolverlas, contribuir a su integración como individuo social.
Se les requiere haber cursado hasta el 4to curso en su totalidad y estar cursando el último año de la Facultad de Derecho, porque solo así van a contar con los conocimientos y las habilidades procesales suficientes para desarrollar este ejercicio en las dos vertientes de proyectos registrados que son:
A) Atención en sus instalaciones y
B) Atención por medio de un equipo de alumnos que realizarán los trabajos de campos más bien conocido como Procuración que se realiza dentro de los Tribunales.
El equipo de alumnos estará dividido en dos grupos en constante rotación entre ambos, para así todos podrán tener un amplio conocimiento en todas las áreas, es pertinente acotar la responsabilidad tutelar sobre los alumnos de los docentes asesores adscriptos a esta Unidad Receptora, en todo momento.
Para los estudiantes la asistencia a éste espacio académico universitario les posibilita visión y expectativas relacionadas con su futuro desarrollo profesional, pues se ponen en contacto con las diversas instituciones de particular interés disciplinar como ser: Juzgados de Primera instancia y de alzada, tanto de fuero Civil como el Penal, Niñez y Adolescencia, Laboral, como Ministerios Públicos, etc.
VI-PRESUPUESTO DEL PROYECTO:
Sin perjuicio de lo que se establezca en el Reglamento Interno del Bufete Jurídico Universitario, para ser usuario de sus Servicios se requiere que el solicitante no perciba un ingreso superior a un salario mínimo mensual, quien deberá asumir los gastos que implique las gestiones solicitadas y aceptadas por el Bufete Jurídico Universitario.
En caso de que el bufete tome la causa planteada se deberá establecer que los gastos serán a cargo del usuario/solicitante de los servicios, es decir, los gastos de gestión como ser tasas judiciales, administrativas, oficial de justicia, Ujier, etc.,
El Bufete Jurídico Universitario no asume la obligación de aceptar los casos que le fueran planteados por los interesados, dado el carácter voluntario de la prestación del servicio a la comunidad.
En caso de contar con el apoyo económico de la Facultad o de alguna otra institución se podrá establecer una remuneración a los asesores titulares del bufete para de esta manera mantener el interés y así cumplir con más entusiasmo y dedicación el cometido.-
Tenemos la esperanza de que éste proyecto en un futuro no muy lejano sea incorporada en la malla curricular de la Facultad de Ciencias Jurídicas de la Universidad Nacional de Itapúa U.N.I a fin de que de esta manera los alumnos no sólo reciban teoría en aula sino que puedan llevarla a la practica en su propio beneficio y por ende de toda la comunidad.-
VIII-BIBLIOGRAFÍA:
CONSTITUCIÓN NACIONAL DE LA REP. DEL PARAGUAY (1992), Edición Diario Noticias. Asunción Paraguay.-
ESTATUTO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA.
LEY 136/93 (1993), Ministerio de Educación y Cultura (MEC)
PÉREZ SERRANO, Gloria (1994). “Investigación Cualitativa”. Editorial la Muralla. S.A. España.
www.monografías.com.py
www.ucol.mx
3.5.09
CAPITULO X - Representación Procesal
REPRESENTACION PROCESAL
SUMARIO: 1. Concepto.- 2. Representación convencional. 2.1. Pa¬trocinio obligatorio. 2.1.1. Excepciones a la regla.- 3. Cesación de la representación convencional. 3.1. Revocación. 3.2. Renuncia. 3.3. Cesación de la personalidad. 3.4. Conclusión de la causa. 3.5. Muerte o incapacidad del poderdante. 3.6. Muerte o inhabilidad del apode¬rado.- 4. Representación legal. 4.1. Personas jurídicas.- 5. Repre¬sentación sin mandato. 5.1. Concepto. 5.2. Requisitos. 5.2.1. Ur¬gencia. 5.2.2. Caución. 5.2.3. Plazo.- 6. Unificación de la represen¬tación. 6.1. Concepto. 6.2. Requisitos. 6.2.1. Pluralidad de litigantes. 6.2.2. Interés común. 6.2.3. Compatibilidad. 6.2.4. Igualdad. 6.3. Forma. 6.4. Revocación.- 7. Personería.- 8. Abogado- 9. Requisi¬tos.- 10. Derechos. 10.1. Ejercer la profesión. 10.2. Percibir honora¬rios. 10.3. Secreto profesional.- 11. Deberes. 11.1. Guardar el prin¬cipio de moralidad. 11.2. Proseguir el proceso. 11.3. Deberes con su cliente. 11.4. Deberes con el órgano jurisdiccional. 11.5. Deberes con la parte contraria.- 12. Responsabilidad. 12.1. Responsabilidad civil. 12.2. Responsabilidad disciplinaria. 12.3. Responsabilidad pe¬nal. 12.4. Responsabilidad especial.- 13. Incompatibilidades.- 14. Inhabi1idades.- 15. Dignidad del abogado.- 16. Procurador. 16.1. Concepto. 16.2. Requisitos.
1. CONCEPTO
Representar significa actuar en nombre o por cuenta de otra persona.
El representante realiza actos en nombre de otra persona, de¬nominada representado, sobre la cual recaen los efectos jurídicos producidos por la gestión.
El C. Civil establece que podrán celebrarse por medio de repre¬sentantes los actos jurídicos producidos por la gestión.
El C. Civil establece que podrán celebrarse por medio de repre¬sentantes los actos jurídicos entre vivos (Art. 343, la p. CC).
La Constitución y los Códigos Procesal Civil y de Organiza¬ción Judicial sustentan el Principio de la libertad en materia de repre¬sentación. Siendo así, las personas capaces pueden hacerse o no re¬presentar enjuicio.
Cuando la persona física actúa por si en ejercicio de su propio derecho, el patrocinio de abogado es obligatorio para todo asunto judicial o administrativo y "ni los jueces o tribunales, ni las autorida¬des administrativas, darán curso a presentación alguna que no se ajuste a lo dispuesto en este artículo", expresa el Art. 65 de la Ley 1376 de Arancel de Abogados y Procuradores concordante con el Art. 88 del COC, que exceptúa dicho patrocinio obligatorio a "las actuaciones ante la Justicia de Paz y las del recurso de Habeas Corpus y de Amparo y otros casos establecidos por leyes especiales".
Toda persona tiene la facultad de comparecer personalmente en juicio, siempre que tenga capacidad procesal. Pero aun en esta hipótesis puede delegar esa intervención en un tercero. Si no tuviese capacidad procesal la ley impone la intervención de otra persona para integrar su capacidad. En el primer caso, tenemos la representación convencional, y en el segundo la representación legal.
2. REPRESENTACION CONVENCIONAL
La representación convencional queda configurada cunado la parte opta por hacerse representar por otra persona en el proceso, lo cual es jurídicamente posible en virtud de lo dispuesto en el C. Civil, que expresa: "Podrán celebrarse por medio de representantes los actos jurídicos entre vivos" (Art. 343, 1er p. CC).
En el proceso civil se exige que la parte que comparezca en juicio deba estar representada por procurador (mandatario) o asistida por un abogado, o cumpliendo ambos requisitos a la vez.
La representación judicial comprende dos funciones: la de representar a las partes en los actos procesales, y la de dirigir la defensa ante el tribunal. La primera la cumple el procurador; la segunda, el abogado. En la mayoría de los países europeos se debe comparecer por medio de procurador y contar además con la asistencia del abogado. En el nuestro no.
La representación convencional supone el contrato de mandato o el poder, en cuya virtud se acredita la representa¬ción que se ejerce.
El poder es una declaración unilateral de voluntad o man¬dato jurídico, otorgado a una persona para que pueda actuar en su nombre y representación, dentro de los límites estableci¬dos en él.
El representante judicial obra siempre en nombre ajeno (la parte es quien actúa en nombre propio). No obstante, por razones estrictamente de orden procesal, excepcionalmente en algunos supuestos en que ha cesado el mandato, la repre-sentación continúa un cierto tiempo, v.g.:, cuando se produce la muerte del mandante o su incapacidad. (Art. 64, inc. e) CPC).
El patrocinio letrado, que supone un conocimiento téc¬nico, se halla dado para la mejor defensa de los derechos y para tener una correcta y ordenada tramitación del proceso, lo cual redundará en beneficio de los litigantes para, de este modo, obtener un mejor servicio de la justicia. Señala REDENTI: "El procedimiento, sabido es, está fatalmente erizado de formas y de términos, de nulidades, inadmisibilidades, preclusiones, extinciones; el juez no pue¬de decidir ultra petita; el fallo absorbe lo deducido y lo de¬ducible; está el espectro de la carga de la prueba, está la di¬ficultad de reducir a términos jurídicos los hechos vulgares de la vida: la verdad y el buen derecho están siempre en pe¬ligro en ese piélago del "modus", y no cabe pensar que el juez pueda socorrer a las par¬tes sino en medida reducidísima, o remediar sus errores de táctica o de formas, ya que ello podría perturbar su impar¬cialidad y hacer que se le atribuyera responsabilidades en daño de su prestigio. De aquí la necesidad de prescribir, aun en interés mismo de la Justicia, que las partes encomienden a técnicos del Derecho".
La representación en juicio en forma exclusiva deberá ser ejercida por abogado o procurador matriculado, de acuer¬do con los Arts. 6 de la Ley 1376/88 y 87, 2° p. del COJ Este último preceptúa: "Fuera de estos casos (se refiere al supuesto de la persona física que bajo patrocinio de abogado realiza la gestión personal de sus derechos, o de sus hijos cuya representación tenga) quien quiera comparecer ante los juzgados y tribunales de la República deberá hacerse repre¬sentar por procuradores o abogados matriculados".
La representación convencional se halla regulada por las disposiciones que atañen al mandato en los Arts. 880 y sgtes. del C. Civil. El poder debe ser formalizado en escri¬tura pública, de conformidad al Art. 700, inc. f) la. p. del C. Civil, salvo que la ley autorice otra forma de instrumenta¬ción para determinados asuntos, v.g.: juicios laborales, con¬vocatorias de acreedores y quiebras, etc. N o es necesario el otorgamiento de poder cuando se trate de deducir la garantia constitucional del Habeas Corpus, de conformidad al Art. 133 de la Constitución.
2.1. Patrocinio obligatorio
De acuerdo al carácter público que ostenta el proceso, la ley procesal (Arts. 58 CPC y 87 y 88 COJ) consagra, como regla, la obligatoriedad de la defensa letrada, lo cual resulta necesario y conveniente para coadyuvar al normal y eficiente desarrollo de las actuaciones procesales.
La Ley de Arancel de Honorarios de Abogados y Pro¬curadores dispone: "Es obligatorio él patrocinio de abogado en todo asunto propio judicial o administrativo, la represen¬tación por mandato será ejercida por abogado o procurador matriculado. Ni los jueces o tribunales, ni las autoridades administrativas, darán curso a presentación alguna que no se ajuste a lo dispuesto en este artículo" (Art. 6 Ley 1376/88).
Expresa COUTURE que un buen abogado ahorra al juez la más enojosa de todas sus fatigas: la de desentrañar del fá¬rrago de cuestiones torpemente propuestas por el litigante, que no sabe cómo defenderse, aquellos puntos que son esenciales en la decisión. Por eso -continúa- el mejor abogado es, sin duda, aquél capaz de hacer de sus escritos lo que un autor llama "el proyecto de sentencia" que su parte espera.
El Código Procesal Civil establece la sanción aplicable a la falta de cumplimiento del patrocinio obligatorio requerido por la ley procesal. Dispone que sin más trámite ni recurso se devuelva y se tenga por no presentado todo escrito que se presente en juicio sin firma de letrado (Art. 59 CPC).
Su presentación en la forma apuntada, consecuentemen¬te, no producirá ningún efecto procesal, v.g.: suspensión o in¬terrupción de los plazos.
La regla se aplica cuando la parte actúa personalmente y cuando lo hace mediante mandatario no abogado.
2.1.1. Excepciones a la regla
Se establecen, sin embargo, casos de excepción a la re¬gla del patrocinio obligatorio. Ellos son:
2.1.1.1. Para la recepción de órdenes de pago, indebidamente denominados en nuestro medio "cheques judiciales".
2.1.1.2. Para solicitar declaratoria de pobreza, lo que se justifi¬ca por motivos obvios (Art. 58 CPC).
2.1.1.3. Las actuaciones ante la Justicia de Paz y las del recurso de Habeas Corpus y de Amparo y otros casos establecidos por leyes especiales (Art. 88, 2a p. COJ).
CESACION DE LA REPRESENTACION CONVENCIONAL
La representación convencional ejercida por los apode¬rados, puede terminar en los siguientes casos:
3.1. Revocación
La revocación se produce cuando por la voluntad unila¬teral del poderdante se priva de eficacia al mandato otorgado.
La revocación debe ser expresa e inequívoca y debe dar¬se en el proceso. No es aplicable a la revocación judicial la revocación tácita del mandato, prevista en el Art. 914 del C. Civil.
Producida la revocación el poderdante tiene el deber de comparecer personalmente o designar nuevo apoderado. Si así no lo hiciere, el juicio proseguirá en rebeldía, aplacándose las disposiciones de los Arts. 68 y sgtes. el CPC.
Cuando el poder es otorgado a varios apoderados en for¬ma conjunta, separada, alternativa o indistinta la presentación de uno de ellos en eljuicio no importa la revocación del poder del otro.
3.2. Renuncia
Renunciar significa abandonar o dejar voluntariamente una cosa o derecho que se tiene.
No obstante la renuncia, que debe notificarse por cédula en el domicilio real del mandante, el apoderado, bajo pena de daños y perjuicios, debe continuar los trámites del proceso hasta que hubiera vencido el plazo judicial fijado bajo apercibimien¬to para que el mandante reemplace al mandatario o comparez¬ca personalmente. Si así no lo hiciere el proceso continuará en rebeldía, de acuerdo con los Arts. 68 y sgtes. del CPC.
3.3. Cesación de la personalidad
La personalidad procesal es la capacidad civil de la parte para estar en juicio. La personalidad puede estar referida a las personas físicas o a las jurídicas.
De la ley sustancial resulta quiénes tienen y quiénes ca¬recen de la cualidad necesaria para poder actuar en un proce¬so.
3.4. Conclusión de la causa
La causa -sinónimo de proceso, juicio, pleito, litis con¬cluye normalmente con el dictado de la sentencia. También puede terminar por otros modos distintos: allanamiento, desistimiento, caducidad de la instancia, etc .. la norma se refiere al poder otorgado para actuar en un de terminado juicio.
3.5. Muerte o incapacidad del poderdante
La muerte o incapacidad sobreviniente del poderdante pro¬duce la suspensión del proceso; la que debe estar comproba¬da en autos.
La norma establece el deber a cargo del mandatario de haber saber al juez o tribunal de la causa el hecho producido dentro del plazo de diez días de haber tenido conocimiento del mismo. Del mismo modo, debe denunciar -si conoce- el nom¬bre y el domicilio de los herederos o del representante legal del fallecido o incapacitado.
La omisión de los deberes enunciados precedentemente hará perder el derecho de cobrar los honorarios que se devengaren con posterioridad.
3.6. Muerte o inhabilidad del apoderado
La muerte o inhabilidad del apoderado es otro de los casos de suspensión del proceso. La cesación del mandato se produce "ipso facto" en razón de haber perdido capacidad pro¬cesada persona con quien debe entenderse la sustanciación de la causa.
La suspensión de los plazos se produce desde el momen¬to en que acaeció la muerte o inhabilidad. En tales casos, se suspenderá la tramitación del juicio y el juez fijará al mandan te un plazo para que comparezca por sí o por nuevo apoderado. Si así no lo hiciera, se seguirá el juicio en rebeldía.
4. REPRESENTACION LEGAL
La representación legal se produce cuando existen per¬sonas físicas procesalmente incapaces por estar sometidas a una incapacidad de hecho.
Estas personas deben actuar en juicio a través de los representantes necesarios que la ley les otorga: padres, tutores o curadores. Se encuentran, a su vez, promiscuamente repre¬sentados por los funcionarios del Ministerio Público Pupilar: agentes fiscales de Menores y la Dirección General de Protec¬ción de Menores, de acuerdo con el Código del Menor (Ley 903, Arts. 223, 225 y 318, inc. b). Estos pueden, a su vez, designar representantes conven¬cionales.
4.1. Personas jurídicas
Las personas jurídicas y otras entidades colectivas, aun¬que tienen capacidad procesal, necesariamente deben ser re¬presentadas cuando deban actuar enjuicio (Art. 87, 2a. p. COI) por procuradores o abogados matriculados, los que deben hallares debidamente apoderados por los órganos de gestión ins¬tituidos en sus leyes o estatutos. El Código Procesal Civil dis¬pone: Las personas jurídicas sólo podrán intervenir mediante mandatario profesional matriculado (Art. 46, 23 p. CPC).
5. REPRESENTACION SIN MANDATO
5.1. Concepto
La representación sin mandato se produce cuando una persona, denominada gestor ("falsus procurator" o gestor ofi¬cioso), sin tener mandato o siendo éste insuficiente, interviene en un proceso o realiza actos procesales en representación de otro.
La institución tiene su antecedente en el Derecho romano en donde se la conocía con el nombre de "cautio de rato et grato" (de aprobación y agradecimiento). De allí pasó a la an¬tigua legislación española de las Partidas y actualmente es ad¬mitida en nuestro Derecho procesal, si bien ya antes la Consti¬tución de 1963 la había recepcionado en los Arts. 77 y 78 para los casos de Habeas Corpus y Amparo, lo cual se mantie¬ne en la actual Constitución en los Arts. 133 y 134.
La representación sin mandato puede darse en cualquier clase de proceso y es aplicable a cualquier tipo de representa¬ción sea ella voluntaria o necesaria. Rige tanto para la inicia¬ción del proceso como para cualquier otro acto procesal en un proceso en marcha.
5.2. Requisitos
Los requisitos necesarios para que se produzca son:
5.2.1. Urgencia: Sólo puede ser admitida la representación
Sin mandato en los casos urgentes. La urgencia debe tener carácter objetivo. Debe surgir manifiesta sin que sea necesario producir prueba al respecto. La interpretación, por tratarse de una norma de excepción, debe ser restrictiva.
5.2.2. Caución: Es requisito inexcusable el ofrecimiento de una garantía o caución suficiente, la cual será calificada por el juez quien, a su vez, fijará el plazo dentro del cual deberá efectivizarse.
5.2.3. Plazo: En nuestro Código se establece un plazo, de trein¬ta días, para la presentación de los documentos que acrediten la personalidad y la ratificación de la gestión realizada.
6. UNIFICACION DE LA REPRESENTACION
6. l. Concepto
La unificación de la representación se produce cuando varios actores o varios demandados vinculados por un interés común, designan un apoderado único para que éste asuma la representación de todos los que se encuentren en igual posición procesal.
El fundamento del instituto procesal radica en obtener ce¬leridad, economía y unidad de dirección en el proceso a fin de evitar la profusión de trámites y el desorden y confusión proce¬sal.
En cualquier momento del juicio, después de contestada la demanda, el juez, de oficio o a petición de parte, instará u la unificación de la representación.
Producida la unificación de la representación, el repre¬sentante común tendrá respecto de sus mandantes todas las fa¬cultades y obligaciones inherentes al mandato (Arts. 61 y 62 CPC).
6.2. Requisitos
6.2.1. Pluralidad de litigantes: Se requiere que en el proceso existan varios litigantes.
6.2.2. Interés común: Es una condición esencial que debe exis¬tir para que sea admisible. Consiguientemente, no corresponde la unificación de la representación de los litigante s por el solo hecho de encontrarse en una misma posición procesal (com¬partes), sino que es necesario haber deducido pretensiones o defensas comunes (litisconsortes).
6.2.3. Compatibilidad: Debe haber compatibilidad entre quie¬nes invocan el interés común, vale decir, armonía. En caso con¬trario, el juez, debe tener el arbitrio de denegar la unificación.
6.2.4. Igualdad: Deben ser iguales el derecho invocado o el fun¬damento de la demanda o las defensas opuestas.
La unificación se dejará sin efecto, cuando desaparecieren los requisitos en que ella se fundó (Art. 66, 2° p. CPC).
6.3. Forma
A los efectos de la unificación de la representación el juez fijará una audiencia dentro de los diez días, a la que convocará a las partes.
Si los interesados no concurrieren, la inasistencia se ten¬drá como negativa a la unificación, continuándose la tramita¬ción de la causa como se venía haciendo.
Si en la audiencia no existe unanimidad, el juez podrá disponer la unificación sólo en relación a las partes que hayan manifestado su conformidad.
No es necesario el otorgamiento de nuevo poder por cuan¬to la representación emana directamente de un precepto legal.
6.4. Revocación
Efectuado el nombramiento común, podrá revocárselo por acuerdo de las mismas partes o por el juez, a petición de alguna de ellas, siempre que en este último caso hubiere motivo que lo justificare. La revocación no producirá efectos mientras no tome intervención el nuevo mandatario (Art. 66 10 p. CPC).
7. PERSONERIA
En materia procesal se denomina personería (voz deriva¬da de "personero" que significa representante) al derecho que tiene una persona de realizar, en nombre propio o en nombre de un tercero, actos procesales válidos en un proceso.
Cuando una persona se presenta en un juicio por un derecho ajeno, sea que ejerza una representación legal o con vocacional, debe acompañar con su primer escrito lo documento que acrediten el carácter que invoca, a los efectos de intervenir en representación de la parte en el proceso.
La presentación inicial de los documentos puede ser su¬plida con la mención del lugar en el que se encuentren y el pe¬dido de que se recaben copias autenticadas, que deberán ser adjuntadas al proceso.
8. ABOGADO
El abogado es el profesional del derecho que se halla ha¬bilitado para dar consejo y asesoramiento en materia jurídica, así como el patrocinio en los procesos judiciales y procedimien¬tos administrativos.
El patrocinio consiste en la dirección, asistencia y aseso¬ramiento en juicio a las personas que realiza el abogado. En Roma, el "pater familias" acompañaba al foro a las personas que se hallaban bajo su potestad, con el objeto de asistirlas y representarlas.
La voz abogado proviene del latín "advocatus" que signi¬fica el que asiste a un litigante con su consejo o su presencia.
Además de la labor de patrocinio o asistencia en juicio, cada vez es más generalizada la función preventiva y de aseso¬ramiento general que cumple el abogado en la sociedad, en relación a las personas físicas y jurídicas, como así también a otros colegas mediante la consulta profesional.
El abogado tiene como tarea aconsejar, asesorar, orientar, asistir técnicamente a su cliente así como también acompañar y brindar apoyo en el plano humano.
La abogacía siempre ha sido considerada una profesión liberal, aunque participe de una función pública dentro del pro¬ceso. Por esta última razón se la reglamenta y es, de alguna manera, controlada por el Estado, en especial por el Poder Ju¬dicial o a través de corporaciones (Ordenes o Colegios de Abo¬gados que persiguen ese fin.)
El sistema de colegiación obligatoria ha tomado empuje últimamente en Latinoamérica, y es así que en diversos congre¬sos de la especialidad han recomendado su implantación. Es¬pecialmente con el fin de realizar un control del cumplimiento de los deberes, cargas y responsabilidades de la profesión de abogado. Incluso la autorización para ejercer la profesión es otorgada por el Colegio u Orden, como así también el retiro de dicha autorización cuando hubiese causa para ello.
Sin embargo, la colegiación obligatoria como requisito para ejercer la abogacía y para aplicar sanciones, ha sido resis¬tida por no pocos abogados, quienes invocan como fundamen¬to la más amplia libertad de asociación, inspirados en la Decla-ración Universal de Derechos Humanos, que estatuye que nadie puede ser obligado a pertenecer a una asociación (Art. 20).
En Paraguay, el ejercicio de la profesión es libre, obteni¬do el título y prestado juramento ante la Corte Suprema de Jus¬ticia.
9. REQUISITOS
Para ejercer la profesión de abogado se deben reunir, de ordinario, las siguientes condiciones:
9.1. Capacidad civil
Ser mayor de edad y no hallarse incapacitado de acuerdo con las leyes sustantivas.
9.2. Moralidad
Se refiere a la conducta ética del individuo, a su buena re¬putación .y honorabilidad.
9.3. Título
Es el título profesional expedido por una Universidad, de acuerdo con las exigencias legales.
9.4. Matrícula
La inscripción en la matrícula administrativa, a cargo de la Corte Suprema de Justicia.
9.5. Juramento
Que debe prestarse ante el presidente o un ministro de la Corte Suprema de Justicia.
Como he señalado precedentemente, en nuestro país no se exige la colegiación obligatoria como requisito para el ejerci¬cio de la profesión.
10. DERECHOS
Tanto el abogado como el procurador tienen los siguientes dere¬chos:
10.1. Ejercer la profesión
El primer derecho del abogado es el de ejercer su profe¬sión, para lo cual estudió y se preparó; lo que constituye una manifestación del derecho constitucional al trabajo.
10.2. Percibir honorarios
El derecho a percibir honorarios es el resultado del ejercicio de una profesión universitaria. Debe serlo conforme a las reglas de la prestación de servicios. El honorario es la justa re¬tribución por su trabajo, el cual se presume oneroso.
10.3. Secreto profesional
El secreto profesional es un derecho, pero por sobre todo constituye un deber del abogado; por ello me referiré a él en el apartado siguiente.
11. DEBERES
El abogado, también el procurador, tiene deberes de or¬den general, que son:
11.1. Guardar el Principio de moralidad
Se halla constituido por la exigencia de observar una de¬terminada conducta, en virtud de la cual el apoderado debe ac¬tuar en juicio de buena fe y no abusar del derecho; vale decir. tiene el deber de cumplir, en el ejercicio de su función, con el Principio de moralidad, el cual está compuesto por los de leal¬tad, probidad y veracidad.
11.2. Proseguir el proceso
El abogado tiene el deber de seguir la tramitación del pro¬ceso mientras subsista su personería. Se refiere, también, al cumplimiento de las cargas procesales como imperativo del pro¬pio interés, v.g.: interponer los recursos pertinentes contra las resoluciones que les sean desfavorables; presentar escritos con su firma; oponer excepciones cuando correspondan y sus con¬testaciones; presentar alegatos; expresar agravios; redactar los pliegos de posiciones e interrogatorios y, en general, cumplir en los plazos y con los requisitos legales los actos procesales a su cargo.
11.3. Deberes con su cliente
Debe orientar y asistir a su cliente, de acuerdo con la técni¬ca jurídica que aconseje la naturaleza de la cuestión. Debe po¬ner toda su capacidad y diligencia en la defensa de los intereses de su representado.
La obligación del abogado con su cliente es de medio.
Consiste en poner toda su ciencia y diligencia en la defensa del derecho de éste. El abogado que asume la dirección de un jui¬cio no compromete una obligación de resultado. No garantiza el resultado del pleito.
El abogado responderá a su mandante por el mal ejerci¬cio de sus funciones profesionales, de acuerdo con los térmi¬nos del Art. 96 del COJ, que dice: "Los abogados y procurado¬res responderán a sus mandantes de los perjuicios que les causaren, por falta, descuido, negligencia o infidelidad en el desempeño de su mandato".
El abogado debe, también, guardar el secreto profesio¬nal, que es consecuencia del deber inherente a la función que ejercen ciertas personas a quienes se impone la omisión de ha¬cer saber a otras las circunstancias relativas a las cuestiones en que intervienen y que por su naturaleza no deben ser difundi¬das. Dice GONZALEZ: "Estos sujetos por el cargo que invisten y las funciones que desempeñan son depositarios forzados de los secretos de los ciudadanos. El abuso de esta confianza por la revelación de los secretos en ellos depositados, es un grave atentado a la personalidad moral del ciudadano y una negra trai¬ción a la sociedad y a sus deberes, que la ley no puede menos que castigar severamente".
La revelación del secreto debe ser sin motivo legítimo, es decir, sin justa causa.
El Código Penal sanciona al que revelare un secreto aje¬no llegado a su conocimiento en su actuación como médico, dentista o farmacéutico; abogado, notario o escribano público, defensor en causas penales, auditor o asesor de Hacienda; o ayu¬dante profesional de los mencionados o personas formándose con ellos en la profesión. También al que viola el secreto de carácter industrial o empresarial.
Como secreto se entenderá - dice el Código Penal - cual¬quier hecho, dato o conocimiento de acceso restringido cuya divulgación a terceros lesionaría, por sus consecuencias noci¬vas, intereses legítimos del interesado, o respecto de los cuales por ley o en base a una ley debe guardar silencio (Art. 147 CP).
11.4. Deberes con el órgano jurisdiccional
El abogado debe observar una conducta coherente con el buen orden del proceso y la autoridad, la dignidad y el decoro debidos al órgano judicial.
11.5. Deberes con la parte contraria
El abogado debe actuar siempre con buena fe, lealtad y probidad y evitar el ejercicio abusivo de los derechos.
12. RESPONSABILIDAD
El abogado puede incurrir en reponsabilidad civil, disci¬plinaria y penal.
12.1. Responsabilidad civil
La responsabilidad civil del abogado resulta, respecto de su cliente, de la existencia de un contrato del cual emanan sus obligaciones y la consiguiente responsabilidad regida por los principios comunes.
El abogado compromete su responsabilidad cuando la pér¬dida del juicio ha obedecido a una actuación negligente o a error inexcusable. De acuerdo con la doctrina el "error inexcusable" se produce por la ignorancia grosera de la ley o el desconoci¬miento manifiesto de una jurisprudencia reiterada y constante.
La responsabilidad frente a la otra parte deriva de su ac¬tuación en el juicio (mala fe, abuso del derecho). En relación a los daños que su actuación pueda producir a terceros la respon¬sabilidad del abogado o procurador tiene carácter extracontractual.
Como señalé precedentemente, el Código Procesal Civil, persiguiendo el loable fin de moralizar la profesión de aboga¬do, establece la responsabilidad conjunta con su representado o patrocinado por las consecuencias de la declaración de la mala fe o el ejercicio abusivo del derecho.
Los abogados deben ser los primeros colaboradores del juez en el juzgamiento de los juicios, para que el proceso pueda efectivamente servir a la tutela de los derechos con el dictado de una sentencia justa. Siendo así, no resultaría admisible la alegación por parte del abogado del desconocimiento de la fal¬sedad o inexistencia de los hechos decisivos para la resolución de la causa.
Todo esto sin detrimento de la misión institucional de1 abogado que es la de defender. Para ello podrá utilizar los atri¬butos de su habilidad y talento, debiendo contar con amplias oportunidades para cumplir su función. Esta es la razón por la que en caso de duda el juez debe optar por abstenerse de aplicar sanciones.
En esta línea de moralización del ejercicio profesional del derecho se inscribe la Ley de Arancel de Honorarios de Aboga¬dos y Procuradores, cuando prescribe: "No procederá la regu¬lación de honorarios en favor del profesional apoderado o patrocinante de la parte que hubiera incurrido en plus petitio manifiesta, declarada en la sentencia. Tampoco procederá la regulación cuando por resolución fundada, el juez o tribunal califique de negligente la conducta observada por el profe¬sional, lo reputase litigante de mala fe o que hubiese ejercita¬do abusivamente los derechos. A los efectos de la regula¬ción no serán considerados los escritos o trabajos notoria¬mente inoficiosos" (Art. 31 Ley 1376/88).
El abogado debe significar con su actuación que es una garantía para el debido ejercicio y cumplimiento de los dere¬chos y no un mero instrumento para lesionar los legítimos de¬rechos de las personas.
La obligación que resulta de la admisión de la mala fe o del ejercicio abusivo del derecho es solidaria, de acuerdo con el Art. 1841 del C. Civil. En consecuencia, los profesio¬nales que han intervenido en el juicio - como apoderados o patrocinantes - responden solidariamente con sus representa¬dos por su pago.
Para que los profesionales puedan quedar eximidos de la obligación son necesarias dos condiciones: a) que no le sea atribuible el motivo que sirvió de fundamen¬to a la imputación, v.g.: el abogado actuó en base a datos o documentos suministrados por su cliente que no resultaron verdaderos o auténticos; y b) que exista declaración judicial expresa que, en atención a lo anterior, así lo establezca.
El que pagó la totalidad tendrá acción de repetición con¬tra los otros responsables, siendo entre éstos la obligación sim¬plemente mancomunada (Arts. 495 y sgtes. del C. Civil).
12.2. Responsabilidad disciplinaria
Esta responsabilidad resulta del deber de colaboración del abogado con la Justicia, sancionándosela en los casos en que falta a dicho deber (Arts. 17 CPC y 236 COJ).
12.3. Responsabilidad penal
La responsabilidad penal surge de la comisión de delitos calificados como tales por el Código Penal, y en especial de algunos de ellos derivados del ejercicio profesional (vio¬lación del secreto profesional, etc.).
12.4. Responsabilidad especial
Una peculiar responsabilidad del abogado en nuestro país se halla establecida en el recurso de queja por retardo de justicia, en el que el Código Procesal Civil elaboró un Sistema, infortunado e inconstitucional, basado en sanciones (multas y suspensiones) aplicables al abogado que, paradójicamente, padece la morosidad judicial. Ello en lugar de sancionarse al único responsable (el juez) imponiéndole a él, y no al ah01t"¬do, las sanciones (multas) por incumplimiento de sus deberes.
13. INCOMPATIBILIDADES
La incompatibilidad es la imposibilidad legal, basada en una prohibición, de desempeñar dos funciones o de hacer dos cosas a un mismo tiempo.
El Código de Organización Judicial establece: "El ejer¬cicio de la profesión de abogado o procurador es incompati¬ble con la calidad de funcionario público dependiente del Poder Ejecutivo o Judicial, o miembro de las Fuerzas Arma¬das y Policiales en servicio activo.
Esta prohibición no rige:
a) Cuando se trate de asuntos propios o de sus padres, espo¬sas, hijos menores de edad, o personas bajo su tutela o curatela; para el ejercicio de la docencia; y para los asesores jurídicos del Poder Ejecutivo y de entida¬des autónomas o autárquicas, y para los abogados incorpora¬dos al servicio de la Justicia militar.
No podrán matricularse como abogados quienes ejercer la profesión de notario y escribano público" (Art. 97 COJ).
"Las incompatibilidades previstas en el Código de Orga¬nización Judicial, que afecten a los abogados y procuradores, podrán ser denunciadas al magistrado de la causa por las par¬tes, quien después de oír al afectado elevará la denuncia a la Corte Suprema de Justicia a los efectos que hubiere lugar" (Art. 98 COJ).
14. INHABILIDADES
Las inhabilidades son las circunstancias que impiden que un persona ejerza un derecho, cargo, oficio, profesión o empleo.
No pueden ejercer la profesión, los abogados y procuradores: 14.1. Que se hallen suspendidos en su ejercicio, por resolu¬ción de carácter disciplinario.
14.2. Que no se hubiesen matriculado o su matrícula se ha¬llase en suspenso por causal de incompatibilidad y hasta tanto subsista la causal.
14.3. Cuya matricula hubiese sido casada o anulada, en virtud de lo dispuesto en el Art. 94, 1ap. C.O.J.
14.4. Que hubiesen sido condenados por sentencia judicial firme, recaída en proceso penal, que importe inhabilitación para el ejercicio de la profesión.
15. DIGNIDAD DEL ABOGADO
El Código Procesal Civil dispone que el abogado en el ejercicio de su profesión debe exigir y se le debe guardar la misma consideración debida al órgano judicial (Art. 67 CPC).
La disposición procesal mencionada no debe entenderse con un alcance meramente protocolar.
Conviene, no obstante, destacar que la dignidad y el res¬peto no provienen del ejercicio del cargo o función. Sólo se accede por el estudio, el trabajo y la recta conducta.
La función del abogado es una de las más nobles que existe. A él se le encarga defender ante los tribunales la vida, la libertad, el honor y el patrimonio de las personas.
La utilidad e importancia de su función en la sociedad están fuera de toda duda, dada la naturaleza y complejidad de las cuestiones jurídicas y la versación especial que su aten¬ción requiere.
No obstante, en la realidad, la norma, hasta hoy, ha te¬nido poca repercusión. La culpa también la tenemos los pro¬pios abogados, pues todo finalmente viene a ser una cuestión de educación, en los unos y en los otros, para que por este medio, se otorguen al abogado el trato, la consideración y el respeto que se merece en su actuación profesional.
Las denuncias acerca de la violación de lo prevenido en la norma protectora de la dignidad profesional por las partes, los funcionarios judiciales o los terceros involucrados en el proceso o actuación en que se produzca, deben ser diri¬gidas al juez o tribunal de la causa o a la Corte Suprema de
.Justicia, en su caso, para que el órgano judicial, en uso de su potestad disciplinaria, disponga las medidas o aplique las sanciones que pudieran corresponder.
16. PROCURADOR
16.1. Concepto
Se denomina procurador a la persona que mediante po¬der actúa en nombre y representación de otra.
Antiguamente se lo llamaba "personero", porque se presentaba en juicio en lugar de su mandante.
En el plano teórico la función del abogado consistiría en pres¬tar asistencia técnica, en planificar y organizar la defensa del dere¬cho de la parte, mientras que el procurador sería el que representa a la parte en el juicio. Sin embargo, en la realidad, habitual y general¬mente, las funciones de ambos la realiza el abogado.
16.2. Requisitos
El Código de Organización Judicial establece los re¬quisitos para ejercer la procuración judicial: "Para ejercer la procuración judicial se requiere título de procurador judicial o notario expedido por una universidad nacional o extranje¬ra, debidamente revalidado, o haber estado matriculado con anterioridad a este Código o haber desempeñado con buena conducta el cargo de secretario de juzgado de primera instancia o de un tribunal, cuando menos por dos años" (Art. 100 COJ).
Además los procuradores deben inscribirse en la matricula y prestar juramento ante la Corte Suprema de Justi¬cia.
A los procuradores judiciales les son aplicables, en gene¬ral, las disposiciones establecidas para los abogados.
SUMARIO: 1. Concepto.- 2. Representación convencional. 2.1. Pa¬trocinio obligatorio. 2.1.1. Excepciones a la regla.- 3. Cesación de la representación convencional. 3.1. Revocación. 3.2. Renuncia. 3.3. Cesación de la personalidad. 3.4. Conclusión de la causa. 3.5. Muerte o incapacidad del poderdante. 3.6. Muerte o inhabilidad del apode¬rado.- 4. Representación legal. 4.1. Personas jurídicas.- 5. Repre¬sentación sin mandato. 5.1. Concepto. 5.2. Requisitos. 5.2.1. Ur¬gencia. 5.2.2. Caución. 5.2.3. Plazo.- 6. Unificación de la represen¬tación. 6.1. Concepto. 6.2. Requisitos. 6.2.1. Pluralidad de litigantes. 6.2.2. Interés común. 6.2.3. Compatibilidad. 6.2.4. Igualdad. 6.3. Forma. 6.4. Revocación.- 7. Personería.- 8. Abogado- 9. Requisi¬tos.- 10. Derechos. 10.1. Ejercer la profesión. 10.2. Percibir honora¬rios. 10.3. Secreto profesional.- 11. Deberes. 11.1. Guardar el prin¬cipio de moralidad. 11.2. Proseguir el proceso. 11.3. Deberes con su cliente. 11.4. Deberes con el órgano jurisdiccional. 11.5. Deberes con la parte contraria.- 12. Responsabilidad. 12.1. Responsabilidad civil. 12.2. Responsabilidad disciplinaria. 12.3. Responsabilidad pe¬nal. 12.4. Responsabilidad especial.- 13. Incompatibilidades.- 14. Inhabi1idades.- 15. Dignidad del abogado.- 16. Procurador. 16.1. Concepto. 16.2. Requisitos.
1. CONCEPTO
Representar significa actuar en nombre o por cuenta de otra persona.
El representante realiza actos en nombre de otra persona, de¬nominada representado, sobre la cual recaen los efectos jurídicos producidos por la gestión.
El C. Civil establece que podrán celebrarse por medio de repre¬sentantes los actos jurídicos producidos por la gestión.
El C. Civil establece que podrán celebrarse por medio de repre¬sentantes los actos jurídicos entre vivos (Art. 343, la p. CC).
La Constitución y los Códigos Procesal Civil y de Organiza¬ción Judicial sustentan el Principio de la libertad en materia de repre¬sentación. Siendo así, las personas capaces pueden hacerse o no re¬presentar enjuicio.
Cuando la persona física actúa por si en ejercicio de su propio derecho, el patrocinio de abogado es obligatorio para todo asunto judicial o administrativo y "ni los jueces o tribunales, ni las autorida¬des administrativas, darán curso a presentación alguna que no se ajuste a lo dispuesto en este artículo", expresa el Art. 65 de la Ley 1376 de Arancel de Abogados y Procuradores concordante con el Art. 88 del COC, que exceptúa dicho patrocinio obligatorio a "las actuaciones ante la Justicia de Paz y las del recurso de Habeas Corpus y de Amparo y otros casos establecidos por leyes especiales".
Toda persona tiene la facultad de comparecer personalmente en juicio, siempre que tenga capacidad procesal. Pero aun en esta hipótesis puede delegar esa intervención en un tercero. Si no tuviese capacidad procesal la ley impone la intervención de otra persona para integrar su capacidad. En el primer caso, tenemos la representación convencional, y en el segundo la representación legal.
2. REPRESENTACION CONVENCIONAL
La representación convencional queda configurada cunado la parte opta por hacerse representar por otra persona en el proceso, lo cual es jurídicamente posible en virtud de lo dispuesto en el C. Civil, que expresa: "Podrán celebrarse por medio de representantes los actos jurídicos entre vivos" (Art. 343, 1er p. CC).
En el proceso civil se exige que la parte que comparezca en juicio deba estar representada por procurador (mandatario) o asistida por un abogado, o cumpliendo ambos requisitos a la vez.
La representación judicial comprende dos funciones: la de representar a las partes en los actos procesales, y la de dirigir la defensa ante el tribunal. La primera la cumple el procurador; la segunda, el abogado. En la mayoría de los países europeos se debe comparecer por medio de procurador y contar además con la asistencia del abogado. En el nuestro no.
La representación convencional supone el contrato de mandato o el poder, en cuya virtud se acredita la representa¬ción que se ejerce.
El poder es una declaración unilateral de voluntad o man¬dato jurídico, otorgado a una persona para que pueda actuar en su nombre y representación, dentro de los límites estableci¬dos en él.
El representante judicial obra siempre en nombre ajeno (la parte es quien actúa en nombre propio). No obstante, por razones estrictamente de orden procesal, excepcionalmente en algunos supuestos en que ha cesado el mandato, la repre-sentación continúa un cierto tiempo, v.g.:, cuando se produce la muerte del mandante o su incapacidad. (Art. 64, inc. e) CPC).
El patrocinio letrado, que supone un conocimiento téc¬nico, se halla dado para la mejor defensa de los derechos y para tener una correcta y ordenada tramitación del proceso, lo cual redundará en beneficio de los litigantes para, de este modo, obtener un mejor servicio de la justicia. Señala REDENTI: "El procedimiento, sabido es, está fatalmente erizado de formas y de términos, de nulidades, inadmisibilidades, preclusiones, extinciones; el juez no pue¬de decidir ultra petita; el fallo absorbe lo deducido y lo de¬ducible; está el espectro de la carga de la prueba, está la di¬ficultad de reducir a términos jurídicos los hechos vulgares de la vida: la verdad y el buen derecho están siempre en pe¬ligro en ese piélago del "modus", y no cabe pensar que el juez pueda socorrer a las par¬tes sino en medida reducidísima, o remediar sus errores de táctica o de formas, ya que ello podría perturbar su impar¬cialidad y hacer que se le atribuyera responsabilidades en daño de su prestigio. De aquí la necesidad de prescribir, aun en interés mismo de la Justicia, que las partes encomienden a técnicos del Derecho".
La representación en juicio en forma exclusiva deberá ser ejercida por abogado o procurador matriculado, de acuer¬do con los Arts. 6 de la Ley 1376/88 y 87, 2° p. del COJ Este último preceptúa: "Fuera de estos casos (se refiere al supuesto de la persona física que bajo patrocinio de abogado realiza la gestión personal de sus derechos, o de sus hijos cuya representación tenga) quien quiera comparecer ante los juzgados y tribunales de la República deberá hacerse repre¬sentar por procuradores o abogados matriculados".
La representación convencional se halla regulada por las disposiciones que atañen al mandato en los Arts. 880 y sgtes. del C. Civil. El poder debe ser formalizado en escri¬tura pública, de conformidad al Art. 700, inc. f) la. p. del C. Civil, salvo que la ley autorice otra forma de instrumenta¬ción para determinados asuntos, v.g.: juicios laborales, con¬vocatorias de acreedores y quiebras, etc. N o es necesario el otorgamiento de poder cuando se trate de deducir la garantia constitucional del Habeas Corpus, de conformidad al Art. 133 de la Constitución.
2.1. Patrocinio obligatorio
De acuerdo al carácter público que ostenta el proceso, la ley procesal (Arts. 58 CPC y 87 y 88 COJ) consagra, como regla, la obligatoriedad de la defensa letrada, lo cual resulta necesario y conveniente para coadyuvar al normal y eficiente desarrollo de las actuaciones procesales.
La Ley de Arancel de Honorarios de Abogados y Pro¬curadores dispone: "Es obligatorio él patrocinio de abogado en todo asunto propio judicial o administrativo, la represen¬tación por mandato será ejercida por abogado o procurador matriculado. Ni los jueces o tribunales, ni las autoridades administrativas, darán curso a presentación alguna que no se ajuste a lo dispuesto en este artículo" (Art. 6 Ley 1376/88).
Expresa COUTURE que un buen abogado ahorra al juez la más enojosa de todas sus fatigas: la de desentrañar del fá¬rrago de cuestiones torpemente propuestas por el litigante, que no sabe cómo defenderse, aquellos puntos que son esenciales en la decisión. Por eso -continúa- el mejor abogado es, sin duda, aquél capaz de hacer de sus escritos lo que un autor llama "el proyecto de sentencia" que su parte espera.
El Código Procesal Civil establece la sanción aplicable a la falta de cumplimiento del patrocinio obligatorio requerido por la ley procesal. Dispone que sin más trámite ni recurso se devuelva y se tenga por no presentado todo escrito que se presente en juicio sin firma de letrado (Art. 59 CPC).
Su presentación en la forma apuntada, consecuentemen¬te, no producirá ningún efecto procesal, v.g.: suspensión o in¬terrupción de los plazos.
La regla se aplica cuando la parte actúa personalmente y cuando lo hace mediante mandatario no abogado.
2.1.1. Excepciones a la regla
Se establecen, sin embargo, casos de excepción a la re¬gla del patrocinio obligatorio. Ellos son:
2.1.1.1. Para la recepción de órdenes de pago, indebidamente denominados en nuestro medio "cheques judiciales".
2.1.1.2. Para solicitar declaratoria de pobreza, lo que se justifi¬ca por motivos obvios (Art. 58 CPC).
2.1.1.3. Las actuaciones ante la Justicia de Paz y las del recurso de Habeas Corpus y de Amparo y otros casos establecidos por leyes especiales (Art. 88, 2a p. COJ).
CESACION DE LA REPRESENTACION CONVENCIONAL
La representación convencional ejercida por los apode¬rados, puede terminar en los siguientes casos:
3.1. Revocación
La revocación se produce cuando por la voluntad unila¬teral del poderdante se priva de eficacia al mandato otorgado.
La revocación debe ser expresa e inequívoca y debe dar¬se en el proceso. No es aplicable a la revocación judicial la revocación tácita del mandato, prevista en el Art. 914 del C. Civil.
Producida la revocación el poderdante tiene el deber de comparecer personalmente o designar nuevo apoderado. Si así no lo hiciere, el juicio proseguirá en rebeldía, aplacándose las disposiciones de los Arts. 68 y sgtes. el CPC.
Cuando el poder es otorgado a varios apoderados en for¬ma conjunta, separada, alternativa o indistinta la presentación de uno de ellos en eljuicio no importa la revocación del poder del otro.
3.2. Renuncia
Renunciar significa abandonar o dejar voluntariamente una cosa o derecho que se tiene.
No obstante la renuncia, que debe notificarse por cédula en el domicilio real del mandante, el apoderado, bajo pena de daños y perjuicios, debe continuar los trámites del proceso hasta que hubiera vencido el plazo judicial fijado bajo apercibimien¬to para que el mandante reemplace al mandatario o comparez¬ca personalmente. Si así no lo hiciere el proceso continuará en rebeldía, de acuerdo con los Arts. 68 y sgtes. del CPC.
3.3. Cesación de la personalidad
La personalidad procesal es la capacidad civil de la parte para estar en juicio. La personalidad puede estar referida a las personas físicas o a las jurídicas.
De la ley sustancial resulta quiénes tienen y quiénes ca¬recen de la cualidad necesaria para poder actuar en un proce¬so.
3.4. Conclusión de la causa
La causa -sinónimo de proceso, juicio, pleito, litis con¬cluye normalmente con el dictado de la sentencia. También puede terminar por otros modos distintos: allanamiento, desistimiento, caducidad de la instancia, etc .. la norma se refiere al poder otorgado para actuar en un de terminado juicio.
3.5. Muerte o incapacidad del poderdante
La muerte o incapacidad sobreviniente del poderdante pro¬duce la suspensión del proceso; la que debe estar comproba¬da en autos.
La norma establece el deber a cargo del mandatario de haber saber al juez o tribunal de la causa el hecho producido dentro del plazo de diez días de haber tenido conocimiento del mismo. Del mismo modo, debe denunciar -si conoce- el nom¬bre y el domicilio de los herederos o del representante legal del fallecido o incapacitado.
La omisión de los deberes enunciados precedentemente hará perder el derecho de cobrar los honorarios que se devengaren con posterioridad.
3.6. Muerte o inhabilidad del apoderado
La muerte o inhabilidad del apoderado es otro de los casos de suspensión del proceso. La cesación del mandato se produce "ipso facto" en razón de haber perdido capacidad pro¬cesada persona con quien debe entenderse la sustanciación de la causa.
La suspensión de los plazos se produce desde el momen¬to en que acaeció la muerte o inhabilidad. En tales casos, se suspenderá la tramitación del juicio y el juez fijará al mandan te un plazo para que comparezca por sí o por nuevo apoderado. Si así no lo hiciera, se seguirá el juicio en rebeldía.
4. REPRESENTACION LEGAL
La representación legal se produce cuando existen per¬sonas físicas procesalmente incapaces por estar sometidas a una incapacidad de hecho.
Estas personas deben actuar en juicio a través de los representantes necesarios que la ley les otorga: padres, tutores o curadores. Se encuentran, a su vez, promiscuamente repre¬sentados por los funcionarios del Ministerio Público Pupilar: agentes fiscales de Menores y la Dirección General de Protec¬ción de Menores, de acuerdo con el Código del Menor (Ley 903, Arts. 223, 225 y 318, inc. b). Estos pueden, a su vez, designar representantes conven¬cionales.
4.1. Personas jurídicas
Las personas jurídicas y otras entidades colectivas, aun¬que tienen capacidad procesal, necesariamente deben ser re¬presentadas cuando deban actuar enjuicio (Art. 87, 2a. p. COI) por procuradores o abogados matriculados, los que deben hallares debidamente apoderados por los órganos de gestión ins¬tituidos en sus leyes o estatutos. El Código Procesal Civil dis¬pone: Las personas jurídicas sólo podrán intervenir mediante mandatario profesional matriculado (Art. 46, 23 p. CPC).
5. REPRESENTACION SIN MANDATO
5.1. Concepto
La representación sin mandato se produce cuando una persona, denominada gestor ("falsus procurator" o gestor ofi¬cioso), sin tener mandato o siendo éste insuficiente, interviene en un proceso o realiza actos procesales en representación de otro.
La institución tiene su antecedente en el Derecho romano en donde se la conocía con el nombre de "cautio de rato et grato" (de aprobación y agradecimiento). De allí pasó a la an¬tigua legislación española de las Partidas y actualmente es ad¬mitida en nuestro Derecho procesal, si bien ya antes la Consti¬tución de 1963 la había recepcionado en los Arts. 77 y 78 para los casos de Habeas Corpus y Amparo, lo cual se mantie¬ne en la actual Constitución en los Arts. 133 y 134.
La representación sin mandato puede darse en cualquier clase de proceso y es aplicable a cualquier tipo de representa¬ción sea ella voluntaria o necesaria. Rige tanto para la inicia¬ción del proceso como para cualquier otro acto procesal en un proceso en marcha.
5.2. Requisitos
Los requisitos necesarios para que se produzca son:
5.2.1. Urgencia: Sólo puede ser admitida la representación
Sin mandato en los casos urgentes. La urgencia debe tener carácter objetivo. Debe surgir manifiesta sin que sea necesario producir prueba al respecto. La interpretación, por tratarse de una norma de excepción, debe ser restrictiva.
5.2.2. Caución: Es requisito inexcusable el ofrecimiento de una garantía o caución suficiente, la cual será calificada por el juez quien, a su vez, fijará el plazo dentro del cual deberá efectivizarse.
5.2.3. Plazo: En nuestro Código se establece un plazo, de trein¬ta días, para la presentación de los documentos que acrediten la personalidad y la ratificación de la gestión realizada.
6. UNIFICACION DE LA REPRESENTACION
6. l. Concepto
La unificación de la representación se produce cuando varios actores o varios demandados vinculados por un interés común, designan un apoderado único para que éste asuma la representación de todos los que se encuentren en igual posición procesal.
El fundamento del instituto procesal radica en obtener ce¬leridad, economía y unidad de dirección en el proceso a fin de evitar la profusión de trámites y el desorden y confusión proce¬sal.
En cualquier momento del juicio, después de contestada la demanda, el juez, de oficio o a petición de parte, instará u la unificación de la representación.
Producida la unificación de la representación, el repre¬sentante común tendrá respecto de sus mandantes todas las fa¬cultades y obligaciones inherentes al mandato (Arts. 61 y 62 CPC).
6.2. Requisitos
6.2.1. Pluralidad de litigantes: Se requiere que en el proceso existan varios litigantes.
6.2.2. Interés común: Es una condición esencial que debe exis¬tir para que sea admisible. Consiguientemente, no corresponde la unificación de la representación de los litigante s por el solo hecho de encontrarse en una misma posición procesal (com¬partes), sino que es necesario haber deducido pretensiones o defensas comunes (litisconsortes).
6.2.3. Compatibilidad: Debe haber compatibilidad entre quie¬nes invocan el interés común, vale decir, armonía. En caso con¬trario, el juez, debe tener el arbitrio de denegar la unificación.
6.2.4. Igualdad: Deben ser iguales el derecho invocado o el fun¬damento de la demanda o las defensas opuestas.
La unificación se dejará sin efecto, cuando desaparecieren los requisitos en que ella se fundó (Art. 66, 2° p. CPC).
6.3. Forma
A los efectos de la unificación de la representación el juez fijará una audiencia dentro de los diez días, a la que convocará a las partes.
Si los interesados no concurrieren, la inasistencia se ten¬drá como negativa a la unificación, continuándose la tramita¬ción de la causa como se venía haciendo.
Si en la audiencia no existe unanimidad, el juez podrá disponer la unificación sólo en relación a las partes que hayan manifestado su conformidad.
No es necesario el otorgamiento de nuevo poder por cuan¬to la representación emana directamente de un precepto legal.
6.4. Revocación
Efectuado el nombramiento común, podrá revocárselo por acuerdo de las mismas partes o por el juez, a petición de alguna de ellas, siempre que en este último caso hubiere motivo que lo justificare. La revocación no producirá efectos mientras no tome intervención el nuevo mandatario (Art. 66 10 p. CPC).
7. PERSONERIA
En materia procesal se denomina personería (voz deriva¬da de "personero" que significa representante) al derecho que tiene una persona de realizar, en nombre propio o en nombre de un tercero, actos procesales válidos en un proceso.
Cuando una persona se presenta en un juicio por un derecho ajeno, sea que ejerza una representación legal o con vocacional, debe acompañar con su primer escrito lo documento que acrediten el carácter que invoca, a los efectos de intervenir en representación de la parte en el proceso.
La presentación inicial de los documentos puede ser su¬plida con la mención del lugar en el que se encuentren y el pe¬dido de que se recaben copias autenticadas, que deberán ser adjuntadas al proceso.
8. ABOGADO
El abogado es el profesional del derecho que se halla ha¬bilitado para dar consejo y asesoramiento en materia jurídica, así como el patrocinio en los procesos judiciales y procedimien¬tos administrativos.
El patrocinio consiste en la dirección, asistencia y aseso¬ramiento en juicio a las personas que realiza el abogado. En Roma, el "pater familias" acompañaba al foro a las personas que se hallaban bajo su potestad, con el objeto de asistirlas y representarlas.
La voz abogado proviene del latín "advocatus" que signi¬fica el que asiste a un litigante con su consejo o su presencia.
Además de la labor de patrocinio o asistencia en juicio, cada vez es más generalizada la función preventiva y de aseso¬ramiento general que cumple el abogado en la sociedad, en relación a las personas físicas y jurídicas, como así también a otros colegas mediante la consulta profesional.
El abogado tiene como tarea aconsejar, asesorar, orientar, asistir técnicamente a su cliente así como también acompañar y brindar apoyo en el plano humano.
La abogacía siempre ha sido considerada una profesión liberal, aunque participe de una función pública dentro del pro¬ceso. Por esta última razón se la reglamenta y es, de alguna manera, controlada por el Estado, en especial por el Poder Ju¬dicial o a través de corporaciones (Ordenes o Colegios de Abo¬gados que persiguen ese fin.)
El sistema de colegiación obligatoria ha tomado empuje últimamente en Latinoamérica, y es así que en diversos congre¬sos de la especialidad han recomendado su implantación. Es¬pecialmente con el fin de realizar un control del cumplimiento de los deberes, cargas y responsabilidades de la profesión de abogado. Incluso la autorización para ejercer la profesión es otorgada por el Colegio u Orden, como así también el retiro de dicha autorización cuando hubiese causa para ello.
Sin embargo, la colegiación obligatoria como requisito para ejercer la abogacía y para aplicar sanciones, ha sido resis¬tida por no pocos abogados, quienes invocan como fundamen¬to la más amplia libertad de asociación, inspirados en la Decla-ración Universal de Derechos Humanos, que estatuye que nadie puede ser obligado a pertenecer a una asociación (Art. 20).
En Paraguay, el ejercicio de la profesión es libre, obteni¬do el título y prestado juramento ante la Corte Suprema de Jus¬ticia.
9. REQUISITOS
Para ejercer la profesión de abogado se deben reunir, de ordinario, las siguientes condiciones:
9.1. Capacidad civil
Ser mayor de edad y no hallarse incapacitado de acuerdo con las leyes sustantivas.
9.2. Moralidad
Se refiere a la conducta ética del individuo, a su buena re¬putación .y honorabilidad.
9.3. Título
Es el título profesional expedido por una Universidad, de acuerdo con las exigencias legales.
9.4. Matrícula
La inscripción en la matrícula administrativa, a cargo de la Corte Suprema de Justicia.
9.5. Juramento
Que debe prestarse ante el presidente o un ministro de la Corte Suprema de Justicia.
Como he señalado precedentemente, en nuestro país no se exige la colegiación obligatoria como requisito para el ejerci¬cio de la profesión.
10. DERECHOS
Tanto el abogado como el procurador tienen los siguientes dere¬chos:
10.1. Ejercer la profesión
El primer derecho del abogado es el de ejercer su profe¬sión, para lo cual estudió y se preparó; lo que constituye una manifestación del derecho constitucional al trabajo.
10.2. Percibir honorarios
El derecho a percibir honorarios es el resultado del ejercicio de una profesión universitaria. Debe serlo conforme a las reglas de la prestación de servicios. El honorario es la justa re¬tribución por su trabajo, el cual se presume oneroso.
10.3. Secreto profesional
El secreto profesional es un derecho, pero por sobre todo constituye un deber del abogado; por ello me referiré a él en el apartado siguiente.
11. DEBERES
El abogado, también el procurador, tiene deberes de or¬den general, que son:
11.1. Guardar el Principio de moralidad
Se halla constituido por la exigencia de observar una de¬terminada conducta, en virtud de la cual el apoderado debe ac¬tuar en juicio de buena fe y no abusar del derecho; vale decir. tiene el deber de cumplir, en el ejercicio de su función, con el Principio de moralidad, el cual está compuesto por los de leal¬tad, probidad y veracidad.
11.2. Proseguir el proceso
El abogado tiene el deber de seguir la tramitación del pro¬ceso mientras subsista su personería. Se refiere, también, al cumplimiento de las cargas procesales como imperativo del pro¬pio interés, v.g.: interponer los recursos pertinentes contra las resoluciones que les sean desfavorables; presentar escritos con su firma; oponer excepciones cuando correspondan y sus con¬testaciones; presentar alegatos; expresar agravios; redactar los pliegos de posiciones e interrogatorios y, en general, cumplir en los plazos y con los requisitos legales los actos procesales a su cargo.
11.3. Deberes con su cliente
Debe orientar y asistir a su cliente, de acuerdo con la técni¬ca jurídica que aconseje la naturaleza de la cuestión. Debe po¬ner toda su capacidad y diligencia en la defensa de los intereses de su representado.
La obligación del abogado con su cliente es de medio.
Consiste en poner toda su ciencia y diligencia en la defensa del derecho de éste. El abogado que asume la dirección de un jui¬cio no compromete una obligación de resultado. No garantiza el resultado del pleito.
El abogado responderá a su mandante por el mal ejerci¬cio de sus funciones profesionales, de acuerdo con los térmi¬nos del Art. 96 del COJ, que dice: "Los abogados y procurado¬res responderán a sus mandantes de los perjuicios que les causaren, por falta, descuido, negligencia o infidelidad en el desempeño de su mandato".
El abogado debe, también, guardar el secreto profesio¬nal, que es consecuencia del deber inherente a la función que ejercen ciertas personas a quienes se impone la omisión de ha¬cer saber a otras las circunstancias relativas a las cuestiones en que intervienen y que por su naturaleza no deben ser difundi¬das. Dice GONZALEZ: "Estos sujetos por el cargo que invisten y las funciones que desempeñan son depositarios forzados de los secretos de los ciudadanos. El abuso de esta confianza por la revelación de los secretos en ellos depositados, es un grave atentado a la personalidad moral del ciudadano y una negra trai¬ción a la sociedad y a sus deberes, que la ley no puede menos que castigar severamente".
La revelación del secreto debe ser sin motivo legítimo, es decir, sin justa causa.
El Código Penal sanciona al que revelare un secreto aje¬no llegado a su conocimiento en su actuación como médico, dentista o farmacéutico; abogado, notario o escribano público, defensor en causas penales, auditor o asesor de Hacienda; o ayu¬dante profesional de los mencionados o personas formándose con ellos en la profesión. También al que viola el secreto de carácter industrial o empresarial.
Como secreto se entenderá - dice el Código Penal - cual¬quier hecho, dato o conocimiento de acceso restringido cuya divulgación a terceros lesionaría, por sus consecuencias noci¬vas, intereses legítimos del interesado, o respecto de los cuales por ley o en base a una ley debe guardar silencio (Art. 147 CP).
11.4. Deberes con el órgano jurisdiccional
El abogado debe observar una conducta coherente con el buen orden del proceso y la autoridad, la dignidad y el decoro debidos al órgano judicial.
11.5. Deberes con la parte contraria
El abogado debe actuar siempre con buena fe, lealtad y probidad y evitar el ejercicio abusivo de los derechos.
12. RESPONSABILIDAD
El abogado puede incurrir en reponsabilidad civil, disci¬plinaria y penal.
12.1. Responsabilidad civil
La responsabilidad civil del abogado resulta, respecto de su cliente, de la existencia de un contrato del cual emanan sus obligaciones y la consiguiente responsabilidad regida por los principios comunes.
El abogado compromete su responsabilidad cuando la pér¬dida del juicio ha obedecido a una actuación negligente o a error inexcusable. De acuerdo con la doctrina el "error inexcusable" se produce por la ignorancia grosera de la ley o el desconoci¬miento manifiesto de una jurisprudencia reiterada y constante.
La responsabilidad frente a la otra parte deriva de su ac¬tuación en el juicio (mala fe, abuso del derecho). En relación a los daños que su actuación pueda producir a terceros la respon¬sabilidad del abogado o procurador tiene carácter extracontractual.
Como señalé precedentemente, el Código Procesal Civil, persiguiendo el loable fin de moralizar la profesión de aboga¬do, establece la responsabilidad conjunta con su representado o patrocinado por las consecuencias de la declaración de la mala fe o el ejercicio abusivo del derecho.
Los abogados deben ser los primeros colaboradores del juez en el juzgamiento de los juicios, para que el proceso pueda efectivamente servir a la tutela de los derechos con el dictado de una sentencia justa. Siendo así, no resultaría admisible la alegación por parte del abogado del desconocimiento de la fal¬sedad o inexistencia de los hechos decisivos para la resolución de la causa.
Todo esto sin detrimento de la misión institucional de1 abogado que es la de defender. Para ello podrá utilizar los atri¬butos de su habilidad y talento, debiendo contar con amplias oportunidades para cumplir su función. Esta es la razón por la que en caso de duda el juez debe optar por abstenerse de aplicar sanciones.
En esta línea de moralización del ejercicio profesional del derecho se inscribe la Ley de Arancel de Honorarios de Aboga¬dos y Procuradores, cuando prescribe: "No procederá la regu¬lación de honorarios en favor del profesional apoderado o patrocinante de la parte que hubiera incurrido en plus petitio manifiesta, declarada en la sentencia. Tampoco procederá la regulación cuando por resolución fundada, el juez o tribunal califique de negligente la conducta observada por el profe¬sional, lo reputase litigante de mala fe o que hubiese ejercita¬do abusivamente los derechos. A los efectos de la regula¬ción no serán considerados los escritos o trabajos notoria¬mente inoficiosos" (Art. 31 Ley 1376/88).
El abogado debe significar con su actuación que es una garantía para el debido ejercicio y cumplimiento de los dere¬chos y no un mero instrumento para lesionar los legítimos de¬rechos de las personas.
La obligación que resulta de la admisión de la mala fe o del ejercicio abusivo del derecho es solidaria, de acuerdo con el Art. 1841 del C. Civil. En consecuencia, los profesio¬nales que han intervenido en el juicio - como apoderados o patrocinantes - responden solidariamente con sus representa¬dos por su pago.
Para que los profesionales puedan quedar eximidos de la obligación son necesarias dos condiciones: a) que no le sea atribuible el motivo que sirvió de fundamen¬to a la imputación, v.g.: el abogado actuó en base a datos o documentos suministrados por su cliente que no resultaron verdaderos o auténticos; y b) que exista declaración judicial expresa que, en atención a lo anterior, así lo establezca.
El que pagó la totalidad tendrá acción de repetición con¬tra los otros responsables, siendo entre éstos la obligación sim¬plemente mancomunada (Arts. 495 y sgtes. del C. Civil).
12.2. Responsabilidad disciplinaria
Esta responsabilidad resulta del deber de colaboración del abogado con la Justicia, sancionándosela en los casos en que falta a dicho deber (Arts. 17 CPC y 236 COJ).
12.3. Responsabilidad penal
La responsabilidad penal surge de la comisión de delitos calificados como tales por el Código Penal, y en especial de algunos de ellos derivados del ejercicio profesional (vio¬lación del secreto profesional, etc.).
12.4. Responsabilidad especial
Una peculiar responsabilidad del abogado en nuestro país se halla establecida en el recurso de queja por retardo de justicia, en el que el Código Procesal Civil elaboró un Sistema, infortunado e inconstitucional, basado en sanciones (multas y suspensiones) aplicables al abogado que, paradójicamente, padece la morosidad judicial. Ello en lugar de sancionarse al único responsable (el juez) imponiéndole a él, y no al ah01t"¬do, las sanciones (multas) por incumplimiento de sus deberes.
13. INCOMPATIBILIDADES
La incompatibilidad es la imposibilidad legal, basada en una prohibición, de desempeñar dos funciones o de hacer dos cosas a un mismo tiempo.
El Código de Organización Judicial establece: "El ejer¬cicio de la profesión de abogado o procurador es incompati¬ble con la calidad de funcionario público dependiente del Poder Ejecutivo o Judicial, o miembro de las Fuerzas Arma¬das y Policiales en servicio activo.
Esta prohibición no rige:
a) Cuando se trate de asuntos propios o de sus padres, espo¬sas, hijos menores de edad, o personas bajo su tutela o curatela; para el ejercicio de la docencia; y para los asesores jurídicos del Poder Ejecutivo y de entida¬des autónomas o autárquicas, y para los abogados incorpora¬dos al servicio de la Justicia militar.
No podrán matricularse como abogados quienes ejercer la profesión de notario y escribano público" (Art. 97 COJ).
"Las incompatibilidades previstas en el Código de Orga¬nización Judicial, que afecten a los abogados y procuradores, podrán ser denunciadas al magistrado de la causa por las par¬tes, quien después de oír al afectado elevará la denuncia a la Corte Suprema de Justicia a los efectos que hubiere lugar" (Art. 98 COJ).
14. INHABILIDADES
Las inhabilidades son las circunstancias que impiden que un persona ejerza un derecho, cargo, oficio, profesión o empleo.
No pueden ejercer la profesión, los abogados y procuradores: 14.1. Que se hallen suspendidos en su ejercicio, por resolu¬ción de carácter disciplinario.
14.2. Que no se hubiesen matriculado o su matrícula se ha¬llase en suspenso por causal de incompatibilidad y hasta tanto subsista la causal.
14.3. Cuya matricula hubiese sido casada o anulada, en virtud de lo dispuesto en el Art. 94, 1ap. C.O.J.
14.4. Que hubiesen sido condenados por sentencia judicial firme, recaída en proceso penal, que importe inhabilitación para el ejercicio de la profesión.
15. DIGNIDAD DEL ABOGADO
El Código Procesal Civil dispone que el abogado en el ejercicio de su profesión debe exigir y se le debe guardar la misma consideración debida al órgano judicial (Art. 67 CPC).
La disposición procesal mencionada no debe entenderse con un alcance meramente protocolar.
Conviene, no obstante, destacar que la dignidad y el res¬peto no provienen del ejercicio del cargo o función. Sólo se accede por el estudio, el trabajo y la recta conducta.
La función del abogado es una de las más nobles que existe. A él se le encarga defender ante los tribunales la vida, la libertad, el honor y el patrimonio de las personas.
La utilidad e importancia de su función en la sociedad están fuera de toda duda, dada la naturaleza y complejidad de las cuestiones jurídicas y la versación especial que su aten¬ción requiere.
No obstante, en la realidad, la norma, hasta hoy, ha te¬nido poca repercusión. La culpa también la tenemos los pro¬pios abogados, pues todo finalmente viene a ser una cuestión de educación, en los unos y en los otros, para que por este medio, se otorguen al abogado el trato, la consideración y el respeto que se merece en su actuación profesional.
Las denuncias acerca de la violación de lo prevenido en la norma protectora de la dignidad profesional por las partes, los funcionarios judiciales o los terceros involucrados en el proceso o actuación en que se produzca, deben ser diri¬gidas al juez o tribunal de la causa o a la Corte Suprema de
.Justicia, en su caso, para que el órgano judicial, en uso de su potestad disciplinaria, disponga las medidas o aplique las sanciones que pudieran corresponder.
16. PROCURADOR
16.1. Concepto
Se denomina procurador a la persona que mediante po¬der actúa en nombre y representación de otra.
Antiguamente se lo llamaba "personero", porque se presentaba en juicio en lugar de su mandante.
En el plano teórico la función del abogado consistiría en pres¬tar asistencia técnica, en planificar y organizar la defensa del dere¬cho de la parte, mientras que el procurador sería el que representa a la parte en el juicio. Sin embargo, en la realidad, habitual y general¬mente, las funciones de ambos la realiza el abogado.
16.2. Requisitos
El Código de Organización Judicial establece los re¬quisitos para ejercer la procuración judicial: "Para ejercer la procuración judicial se requiere título de procurador judicial o notario expedido por una universidad nacional o extranje¬ra, debidamente revalidado, o haber estado matriculado con anterioridad a este Código o haber desempeñado con buena conducta el cargo de secretario de juzgado de primera instancia o de un tribunal, cuando menos por dos años" (Art. 100 COJ).
Además los procuradores deben inscribirse en la matricula y prestar juramento ante la Corte Suprema de Justi¬cia.
A los procuradores judiciales les son aplicables, en gene¬ral, las disposiciones establecidas para los abogados.
Lección 9 - Litisconsorcio (material complementario)
EL LISTISCONSORCIO (arts. 101 CPC)
CONCEPTO.- ¿Cuándo hay litisconsorcio? Cuando varias personas, con un mismo interés, conformen la misma parte, sea actora o demandada. Así:
a) varios actores contra un demandado (se llama: litisconsorcio Activo):
Ej: Luis, Pedro y Andrés, despedidos por la misma causa, inician juicio conjuntamente contra su empleador: Montse S.A.
b) un actor contra a varios demandados (litisconsorcio Pasivo). Ej: fui atropellado
por un micro de la línea 60 y demando por daños y perjuicios al chofer del micro, a la Empresa de la línea 60 y a la Cía de Seguros donde está asegurada la empresa.
c) varios actores contra varios demandados (litisconsorcio Mixto).
• CLASES DE LITISCONSORCIO:
1) activo, Pasivo o Mixto.- Son los casos que acabamos de ver.
2) Originario o Sucesivo.-
Es Originario: cuando la pluralidad de litigantes aparece desde el comienzo del proceso (acumulación subjetiva de pretenciones).
Es Sucesivo: cuando la pluralidad de litigantes se produce durante el desarrollo posterior del proceso (Ej: fallece el actor y lo reemplazan sus tres herederos).
3) Facultativo o Necesario.-
Facultativo: cuando se forma libre y espontáneamente por voluntad de las partes y ello es posible porque las acciones son conexas, sea por el título, por el objeto, o por ambos (ver art. 101). Ej: Luis, Pedro y Andrés, despedidos por la misma causa, pueden inician juicio contra su empleador: Montse S.A, ya sea separadamente o conjuntamente, pero deciden hacerlo en conjunto.
Lo importante en el litisconsorcio facultativo, es que los liticonsortes tienen legitimación procesal independiente, es decir: cada uno de ellos es autónomo, independiente uno del otro. Y como consecuencia de esta independencia, por lo general, los actos de uno de ellos no beneficia ni perjudica a los demás .
Efectos del litisconsorcio facultativo.
1) El proceso puede concluir para uno de los liticonsortes (Ejs: porque celebró transacción, desistió del derecho, etc), pero continuar para los otros.
2 ) Los recursos interpuestos por uno de los liticonsortes no benefician a los restantes (salvo que esto lleve a sentencias contradictorias con respecto a un hecho común).
3) La oposición de excepciones y defensas es personal: sólo beneficia o perjudica al que las opone.
4) La sentencia puede ser diferente respecto a cada uno de ellos.
Necesario: cuando lo impone la ley o la naturaleza de la relación jurídica que constituye la causa de la pretensión. ¿Y por qué lo impone? porque la sentencia sólo puede dictarse útilmente frente a todos los partícipes de la relación jurídica substancial discutida en el proceso (conf. art. 101). Y si todos ellos no estuvieren participando en el proceso el juez ordenará integrar la litis, citando al litigante que faltare (art. 101).
Ejemplos:
- Su deudor -para insolventarse y no pagarle- simula vender el departamento donde vive. Ud. deberá iniciar la demanda por simulación contra las dos partes riel contrato simulado.
- Si Ud. demanda la división de un condominio o de una herencia, debe demandar a todos los condóminos o a todos los herederos: etc.
En el litisconsorcio necesario, los liticonsortes no son independientes, sino que se consideran como una unidad, y por ello, en general, los actos que realice uno de ellos beneficia a los demás.
Efectos del litisconsorcio necesario
1) Ciertos actos que ponen fin al proceso que realice uno de los litisconsortes (ej: allanamiento, desistimiento, transacción, etc) no producen sus efectos hasta tanto los demás litigantes hagan lo mismo (Ej: se allanen, desistan, etc).
2) Los recursos deducidos por uno de ellos aprovecha o perjudica a todos.
3) Las defensas opuestas por uno, favorecen a todos los demás.
4) El impulso del procedimiento por uno de ellos favorece a todos los demás.
5) La sentencia debe ser igual para todos.
CONCEPTO.- ¿Cuándo hay litisconsorcio? Cuando varias personas, con un mismo interés, conformen la misma parte, sea actora o demandada. Así:
a) varios actores contra un demandado (se llama: litisconsorcio Activo):
Ej: Luis, Pedro y Andrés, despedidos por la misma causa, inician juicio conjuntamente contra su empleador: Montse S.A.
b) un actor contra a varios demandados (litisconsorcio Pasivo). Ej: fui atropellado
por un micro de la línea 60 y demando por daños y perjuicios al chofer del micro, a la Empresa de la línea 60 y a la Cía de Seguros donde está asegurada la empresa.
c) varios actores contra varios demandados (litisconsorcio Mixto).
• CLASES DE LITISCONSORCIO:
1) activo, Pasivo o Mixto.- Son los casos que acabamos de ver.
2) Originario o Sucesivo.-
Es Originario: cuando la pluralidad de litigantes aparece desde el comienzo del proceso (acumulación subjetiva de pretenciones).
Es Sucesivo: cuando la pluralidad de litigantes se produce durante el desarrollo posterior del proceso (Ej: fallece el actor y lo reemplazan sus tres herederos).
3) Facultativo o Necesario.-
Facultativo: cuando se forma libre y espontáneamente por voluntad de las partes y ello es posible porque las acciones son conexas, sea por el título, por el objeto, o por ambos (ver art. 101). Ej: Luis, Pedro y Andrés, despedidos por la misma causa, pueden inician juicio contra su empleador: Montse S.A, ya sea separadamente o conjuntamente, pero deciden hacerlo en conjunto.
Lo importante en el litisconsorcio facultativo, es que los liticonsortes tienen legitimación procesal independiente, es decir: cada uno de ellos es autónomo, independiente uno del otro. Y como consecuencia de esta independencia, por lo general, los actos de uno de ellos no beneficia ni perjudica a los demás .
Efectos del litisconsorcio facultativo.
1) El proceso puede concluir para uno de los liticonsortes (Ejs: porque celebró transacción, desistió del derecho, etc), pero continuar para los otros.
2 ) Los recursos interpuestos por uno de los liticonsortes no benefician a los restantes (salvo que esto lleve a sentencias contradictorias con respecto a un hecho común).
3) La oposición de excepciones y defensas es personal: sólo beneficia o perjudica al que las opone.
4) La sentencia puede ser diferente respecto a cada uno de ellos.
Necesario: cuando lo impone la ley o la naturaleza de la relación jurídica que constituye la causa de la pretensión. ¿Y por qué lo impone? porque la sentencia sólo puede dictarse útilmente frente a todos los partícipes de la relación jurídica substancial discutida en el proceso (conf. art. 101). Y si todos ellos no estuvieren participando en el proceso el juez ordenará integrar la litis, citando al litigante que faltare (art. 101).
Ejemplos:
- Su deudor -para insolventarse y no pagarle- simula vender el departamento donde vive. Ud. deberá iniciar la demanda por simulación contra las dos partes riel contrato simulado.
- Si Ud. demanda la división de un condominio o de una herencia, debe demandar a todos los condóminos o a todos los herederos: etc.
En el litisconsorcio necesario, los liticonsortes no son independientes, sino que se consideran como una unidad, y por ello, en general, los actos que realice uno de ellos beneficia a los demás.
Efectos del litisconsorcio necesario
1) Ciertos actos que ponen fin al proceso que realice uno de los litisconsortes (ej: allanamiento, desistimiento, transacción, etc) no producen sus efectos hasta tanto los demás litigantes hagan lo mismo (Ej: se allanen, desistan, etc).
2) Los recursos deducidos por uno de ellos aprovecha o perjudica a todos.
3) Las defensas opuestas por uno, favorecen a todos los demás.
4) El impulso del procedimiento por uno de ellos favorece a todos los demás.
5) La sentencia debe ser igual para todos.
CAPITULO IX - Partes Procesales
PARTES PROCESALES
SUMARIO: l. Sujetos del proceso.- 2. Parte procesal. Concepto. ¬3.Capacidad para ser parte.- 4. Capacidad procesal. -5. Legitimación procesal.- 6. Deberes de las partes. 6.1. Buena fe y ejercicio regular de los derechos. 6.2. Mala fe. 6.2.1. Concepto. 6.2.2. Casos. 6.2.2.1. Omisión o alteración de la verdad. 6.2.2.2. Medidas cautelares. 6.2.2.3. Fraude procesal. 6.3. Abuso del derecho. 6.3.1. Concept? 6.3.2. Casos. 6.4. Declaración. 6.5. Distinción. 6.6. Responsabilidad. Sanciones.- 7. Modificación de las partes en el proceso. 7.1. Suce¬sión procesal. 7.2. Sustitución procesal.- 8. Litisconsorcio. 8.1. Con¬cepto. 8.2,. Clases. 8.3. Litisconsorcio facultativo. 8.4. Litisconsorcio necesario. Integración de la relación procesal.- 9. Deber procesal. Obligación procesal. Carga procesal. 9.1. Deber. 9.2. Obligación. 9.3. Carga.
1. SUJETOS DEL PROCESO
Los sujetos de la relación procesal son: las partes; el actor o sujeto activo (promueve la demanda), el demandado o sujeto pasivo (contesta la demanda), y el juez o tercero imparcial (encargado de resolver el conflicto).
La denominación juez está tomada en sentido genéri¬co (lato sensu), es decir, como órgano jurisdiccional. El juez y las partes se hallan recíprocamente vinculados en el proce¬so mediante la relación jurídico-procesal, que es una relación de Derecho público, la cual genera derechos, deberes, largas y obligaciones recíprocos.
2. PARTE PROCESAL. CONCEPTO
De acuerdo con la opinión doctrinaria más aceptada, parte es toda persona física o jurídica que en nombre propio, o en cuyo nombre, se pretende la actuación de una norma legal y aquél respecto del cual se formula la pretensión.
Consecuentemente, tiene calidad de parte quien como actor, demandado o tercero interviniente, comparece ante los órganos jurisdiccionales peticionando una sentencia favora¬ble a su pretensión.
CALAMANDREI enseña: "Para entender el concep¬to de parte tal como, de conformidad con la tradición, está acogido en nuestro derecho positivo, hay que partir de esta premisa elemental: que la cualidad de parte se adquiere, con abstracción de toda referencia al derecho substancial, por el solo hecho, de naturaleza exclusivamente procesal, de la pro¬posición de una demanda ante el juez: la persona que propo¬ne la demanda, y la persona contra quien se la propone, ad¬quieren sin más, por este solo hecho, la calidad de partes del proceso que con tal proposición se inicia; aunque la deman¬da sea infundada, improponible o inadmisible (circunstan¬cias todas ellas que podrán tener efecto sobre el contenido de la providencia), basta ella para hacer que surja la relación procesal cuyos sujetos son precisamente las partes. Las par¬tes son el sujeto activo y el sujeto pasivo de la demanda judicial".
Más adelante, agrega: "Las partes como sujetos de la relación procesal no deben confundirse con los sujetos de la relación sustancial controvertida, ni con los sujetos de la ac¬ción: si frecuentemente estas tres cualidades coinciden, toda vez que el proceso se instituye precisamente entre los sujetos de la relación sustancial controvertida, legitimados para ac¬cionar y para contradecir sobre ella, puede ocurrir que la de¬manda sea propuesta por quien (o contra quien) en realidad no esté interesado en la relación sustancial controvertida o no esté legitimado para accionar o contradecir; y, sin embar¬go, aun en ,ese caso, quien ha propuesto (o contra quien se ha propuesto) la demanda sin derecho o sin legitimación, será igualmente parte en sentido procesal".
Posteriormente, explica: "En efecto no hay que olvi¬dar que, para proponer una demanda en juicio, no es necesa¬rio que el proponente tenga realmente el derecho que alega o la legitimación para accionar que afirma: en el momento en que se inicia el proceso, el derecho y la legitimación son sim¬ples afirmaciones, no todavía hechos comprobados, y el pro¬ceso se instruye, precisamente, para llegar a comprobar si existe el derecho afirmado y si el sujeto activo del proceso está o no legitimado para hacerlo valer.
La relación procesal se constituye y la calidad de par¬te se adquiere independientemente de la efectiva existencia del derecho y de la acción: aun quien propone una demanda sobre una relación sustancial inexistente o sobre una relación ajena frente a la cual está él desprovisto de legitimación activo contra una persona que no es legítimo contradictor en orden a aquélla relación, da vida a una relación procesal en la cual, inde¬pendientemente de la que habrá de ser la decisión de mérito, ad¬quiere sin más calidad de parte quien propone la demanda y la persona contra la cual se propone".
Siendo así, tiene calidad de parte quien interviene o figu¬ra en el proceso como sujeto activo (actor) o pasivo (demanda¬do) de una pretensión, independientemente de que tenga o no el carácter de sujeto legitimado para obrar o para contradecir en el concreto proceso de que se trate.
La calidad de parte es fundamentalmente procesal y está dada por una determinada posición en el proceso.
Lo que caracteriza a la parte es su sujeción a la relación procesal. Consiguientemente, no revisten calidad de parte en el proceso el representante legal o el convencional porque no ac¬túan en su interés sino en el de sus representados.
En realidad pueden jurídicamente distinguirse tres cali¬dades distintas: las partes procesales, los sujetos (titulares) del derecho material (de la relación sustancial) y los legitimados para pretender (accionar) válidamente.
Los sujetos del derecho material son los titulares del de¬recho sustancial (acreedor, propietario, deudor, etc.). La legiti¬mación para actuar válidamente en el proceso es diferente, por¬que el ejercicio de la acción es autónomo, independiente del de¬recho. Normalmente ambas calidades coinciden en la misma per¬sona; así el titular del derecho es el que acciona jurídicamente, pero no siempre porque también puede ser otro (no titular) el que accione V.g.: el padre por sus hijos menores, el curador por el incapaz, etc.
Finalmente, las partes son quienes actúan en el proceso asumiendo las posiciones de actor o demandado. El actor o de¬mandante es el que promueve la demanda contra el demandado, quien asume esta posición como consecuencia de que la deman¬da le fue dirigida a él, independientemente de que la misma este mal planteado, porque él no es el deudor, el arrendatario, etc., igualmente asume la posición procesal de parte demandada.
No obstante lo mencionado puede acontecer que en el proceso intervengan otras personas (terceros), quienes al ingre¬sar a la relación procesal también serán partes, porque en un mis¬mo proceso puede existir más de un litigio.
Así mismo una parte procesal puede estár integrada por varias personas, como sucede en la figura del litisconsorcio.
3. CAPACIDAD PARA SER PARTE
La capacidad para ser parte consiste en la aptitud que tie¬ne una persona para ser titular de derechos y deberes procesales.
La capacidad para ser parte coincide con la capacidad de derecho.
Tiene esta capacidad toda y cualquier persona, física o jurídica. La primera, desde su concepción hasta su muerte y la segunda, sea de derecho público o privado, desde que adquiere personalidad hasta su extinción. Cabe aclarar que algunos entes sin personalidad pueden actuar en juicio, V.g.: simples asocia¬ciones, masa de la quiebra, etc..
4. CAPACIDAD PROCESAL
La capacidad procesal (legitimatio ad processum) es la aptitud para realizar personalmente o por medio de un man¬datario convencional actos procesales válidos.
La capacidad procesal es coincidente con la capacidad de hecho.
La capacidad procesal se halla referida a la aptitud del sujeto que asume el carácter de parte procesal para ejercer por sí o por apoderado los derechos y las facultades así como para asumir los deberes, las cargas y las obligaciones que se generan en el proceso.
5. LEGITIMACION PROCESAL
La capacidad para ser parte y la capacidad procesal constituye aptitudes jurídicas genéricas que habilitan para intervenir en cualquier proceso.
No deben confundirse con la legitimación procesal (legitimatio ad causam) que es la condición jurídica específi¬ca referida a la concreta materia sobre la que versa el proce¬so.
La falta de legitimación fundamenta la oposición de la excepción de falta de acción (Art. 224, inc. c) CPC), denomi¬nada en otras legislaciones procesales de la primera manera (falta de legitimación).
La capacidad es una cualidad del sujeto jurídico, mien¬tras que la legitimación procesal consiste en una relación de titularidad del derecho que tiene el sujeto respecto del objeto del proceso. Es decir, la relación jurídica que tiene el sujeto que actúa en el proceso respecto del objeto controvertido que en el caso del actor le faculta a pretender en forma eficaz y en el supuesto del demandado a oponerse válidamente.
Un ejemplo ayudará a comprender la cuestión: En un juicio por cobro de una suma de dinero, la legitimación es activa cuando el actor es efectiva y legalmente el acreedor que, en consecuencia, podrá pretender una resolución favo¬rable. La legitimación es pasiva, cuando el demandado es real y legalmente el deudor, y en consecuencia responsable de cumplir la obligación.
La legitimación procesal es un concepto procesal referido al derecho sustancial discutido en el proceso. Es una condición precisa y específica vinculada a un determinado Y concreto litigio, v.g.: el actor de una demanda de desalojo debe ser la persona que legalmente puede promover su pre¬tensión por la condición que ostenta (propietario) y la pre¬tensión debe estar dirigida precisamente contra el demanda¬do, que tiene que ser efectivamente el arrendatario del bien de propiedad de aquél.
6. DEBERES DE LAS PARTES
6.1. Buena fe y ejercicio regular de los derechos
El Código Procesal Civil establece que las partes de¬berán actuar en juicio con buena fe, y no ejercer abusivamente los derechos que les conceden las leyes procesales (Art. 51 (PC).
La norma procesal se halla basada en el Principio de moralidad, comprensivo de los Principios de buena fe, leal¬tad, veracidad y probidad, que consiste en el conjunto de re¬glas de conducta, presididas por el imperativo ético, a que deben ajustar su actuación en el proceso todos los que en él intervengan: jueces, partes, terceros, abogados, procurado¬res, funcionarios judiciales, etc ..
Este principio procesal tiene como propósito adecuar el proceso a la naturaleza de sus fines, evitando actuaciones arbitrarias, maliciosas o temerarias.
Los litigantes y sus abogados tienen la obligación de actuar en juicio con buena fe y no ejercer abusivamente los derechos, por una parte, y por la otra, los jueces tienen tam¬bién el deber de prevenir y sancionar todo acto contrario a la lealtad, probidad y buena fe.
La vigencia de la regla moral en el proceso impide la utilización del mismo con fines' fraudulentos. El Principio de la defensa en juicio, esgrimido por algunos como excusa para sus inconductas, no debe hacernos olvidar que el proce¬so es un debate dialéctico, en el cual el contendor tiene dere¬cho a utilizar todos los medios legales posibles, pero sin vio¬lar nunca el imperativo ético. Véase principio de moralidad en el Capítulo IV apartado 4.
6.2 Mala fe
6.2.1. Concepto: La mala fe procesal consiste en la conducta legalmente sancionada del que actúa en juicio convencido de su sinrazón, en daño de la Justicia.
La mala fe procesal se sintetiza en la conciencia que tiene el "improbus litigator" de su propia sinrazón.
6.2.2. Casos: Nuestra ley procesal no ha recurrido aquí a un "standard jurídico" para precisar la figura sino que, por el contrario, en una enumeración que la califica expresamente de taxativa, expone en tres incisos los casos en que queda configurada la mala fe procesal.
6.2.2.1. Omisión o alteración de la verdad: La omisión o al¬teración de la verdad de los hechos puede producirse en cua¬lesquiera de las distintas etapas del proceso: demanda, con¬testación, reconvención, oposición de excepciones, pruebas, incidentes, etc., v.g. la atribución de un domicilio manifies¬tamente falso o que dice ignorar (Art. 140, 2° p. CPC), la negativa de la autenticidad de la firma, que luego resulta au¬téntica (Art. 446 CPC), etc.
6.2.2.2. Medidas cautelares: Las medidas cautelares decre¬tadas en los procesos deben estar razonablemente acordes con el fin que persiguen, sin que con ellas se ocasionen innecesa¬riamente daños que pueden ser evitados.
La justa medida es aquí la regla. No debe pecarse por exceso, en cuyo caso se produciría un daño, que como tal debe ser reparado; ni tampoco pecar por omisión, en cuyo caso la medida cautelar resultaría inocua.
6.2.2.3. Fraude procesal: Existe fraude procesal, en términos generales, cuando se utiliza el proceso con el propósito de ob¬tener un provecho ilícito.
En estas condiciones no puede reconocerse eficacia a la sentencia dictada en un juicio en el que se incurrió en fraude o estafa procesal, porque la institución de la cosa juzgada, como todas las instituciones legales, debe asentarse sobre bases com¬patibles con los derechos y garantías constitucionales.
Siendo así, a toda y cualquier sentencia no puede reconocérsele, por el solo hecho de ser tal, la cualidad de reso¬lución inmutable, sino sólo a la que ha sido precedida de un proceso contradictorio, en el que las partes han tenido razona¬ble oportunidad de audiencia y prueba, es decir, cuando ha exis¬tido un debido proceso.
6.3. Abuso del derecho
6.3.1. Concepto: Existe abuso del derecho, en sentido procesal, cuando de manera excesiva y vejatoria, so pretexto de ejercer un derecho procesal, se causa un perjuicio, sin que ello sea ne¬cesario para el ejercicio de la defensa.
A los litigantes no les está permitida la utilización arbi¬traria de los medios procesales que la ley les otorga, contraponiéndolas a los fines del proceso, obstaculizando su curso, dilatándolo sin fundamento o faltando a los deberes de lealtad, probidad y buena fe.
El abuso puede darse por acción y por omisión. Lo co¬mete aquel que se resiste indebidamente a una pretensión legíti¬ma, o deduce excepciones sin exteriorizar el menor propósito de probarlas, o incidentes que tengan por único fin la obstruc¬ción sistemática del curso del proceso.
6.3.2. Casos: La norma del Código Procesal Civil hace referen¬cia a concretas y taxativas condiciones que se deben cumplir para que la conducta del litigante pueda hallarse incursa en la causal de abuso del derecho.
Dice: "Ejercicio abusivo de los derechos. Ejerce abusivamente sus derechos, la parte que en un mismo proceso: 6.3.2.1. haya promovido dos o más impugnaciones de inconsti¬tucionalidad, rechazadas con costas;
6.3.2.2. haya promovido y perdido tres incidentes con costas; 6.3.2.3. fuere sancionada más de una vez con medidas discipli¬narias; y
6.3.2.4. formule pretensiones o alegue defensas que, juzgadas, re¬sulten manifiestamente desprovistas de fundamento o innecesa¬rias para la declaración o defensa del derecho" (Art. 53 CPC).
En el numeral 6.3.2.4., se establece un "standard jurídi¬co" (patrón axiológico), un elástico arbitrio librado a la in¬terpretación judicial.
Debe aclararse que la inconducta, en cualquiera de las formas previstas, debe darse en un mismo proceso.
6.4. Declaración
Establece la norma procesal: "Oportunidad para solici¬tar la declaración. En cualquier etapa del proceso y en cual¬quier instancia, antes que se dicte resolución, podrá requerirse que en la decisión el magistrado se pronuncie sobre la mala fe o el ejercicio abusivo del derecho" (Art. 54 CPC).
6.5. Distinción
Deben diferenciarse dos supuestos de inconducta pro¬cesal: la prevista y sancionada en las normas que integran el Capítulo II, Título III, Libro I (Arts. 51 al 56 CPC), y la que se halla regida por el Art. 17 del CPC. La causa o motivo que ori-gina la sanción procesal o pena es distinta en ambos supuestos.
6.5.1. En el primer supuesto, corresponde que el juez analice la conducta procesal del litigante en su conjunto (uso del proceso con el fin de conseguir un objeto o beneficio ilícito, formula¬ción de pretensiones o defensas que juzgadas resulten mani¬fiestamente desprovistas de fundamento o innecesarias para la declaración o defensa del derecho, etc.) o que constate el cum¬plimiento de las condiciones precisamente determinadas en la ley (haber promovido dos o más impugnaciones de inconstitucionalidad rechazadas con costas, haber deducido y perdido tres incidentes con costas, etc.).
La sanción de la mala fe o abuso del derecho funciona a pedido de parte y el juez debe considerarla con motivo de resolver el incidente o la cuestión principal.
6.5.2. En el segundo supuesto, la inconducta está referida u 1UM medidas disciplinarias, es decir, a las faltas o incorrecciones cometidas por los litigante s, sus abogados o procuradores u otras personas, contra la dignidad o autoridad del magistrado, los otros litigantes, abogados o procuradores, o funcionarios, o a la alte¬ración del buen orden y decoro que debe guardarse en las ac¬tuaciones judiciales.
La sanción por las faltas o incorrecciones son aplicadas generalmente de oficio por el juez, si bien es cierto que las mis¬mas pueden ser denunciadas por el afectado. Por lo general, son establecidas en una resolución expresa y fundada referida exclusivamente al tema y tener apoyo en las constancias de au¬tos. Puede dictarse en cualquier etapa del proceso en forma in¬dependiente de la cuestión principal o incidental.
En caso de duda el juez debe abstenerse de aplicar sanciones.
6.6. Responsabilidad. Sanciones
La firme intención del legislador nacional de moralizar el proceso se manifiesta en toda su amplitud en la normativa del Código, especialmente en el Art. 56 del CPC.
De acuerdo con el primer párrafo del mencionado Ar¬tículo la inconducta procesal es fuente de convicción judi¬cial, mediante el establecimiento de una presunción "juris tantum" que afecta a la parte declarada litigante de mala fe o abusiva en el ejercicio del derecho.
La inconducta procesal, cuando reviste las caracterís¬ticas de gravedad y ejercicio sistemático, pasa a constituirse en un fuerte indicio de la sinrazón de la pretensión sostenida y origina el funcionamiento de la presunción. Siendo así, en caso de duda sobre el derecho invocado o insuficiencia de prueba, el juez deberá resolver la materia del pleito en contra del litigante que actuó de mala fe o incurrió en el ejercicio abusivo del derecho.
No obstante, cualquier actuación no puede ser consi¬derada inconducta. Así, no será suficiente el mero venci¬miento, ni la sola circunstancia de que una pretensión no fuere acogida para que se configure la mala fe o el ejercicio abusi¬vo del derecho, sino que es necesario haber tenido una ac¬tuación procesal sin apoyo fáctico o jurídico, que se traduzca en pretensiones o defensas cuya injusticia o falta de funda¬mento no puedan soslayarse de acuerdo con una mínima pauta de razonabilidad.
La disposición procesal también consagra otra conse¬cuencia: las costas del juicio estarán a cargo del "improbus litigator", aunque el mismo sea el vencedor del pleito.
Además, sin requerimiento de parte, al regular los ho¬norarios, el juez tiene el deber, de acuerdo a la importancia y gravedad de los hechos violatorios del Principio de morali¬dad, de imponer como agravante un aumento de hasta el cin-cuenta por ciento de los honorarios de los letrados de la par¬te contraria, cuya determinación se deja librada al arbitrio del juez o tribunal dentro del tope legal mencionado.
Finalmente, la norma deja abierta a la parte perjudica¬da la facultad de reclamar, mediante el proceso de conoci¬miento ordinario, la fijación del monto indemnizatorio. Lo pretensión se referirá exclusivamente al «quantum», en ro¬zón de que el hecho generador del derecho quedó estableci¬do e inmutable al quedar firme la resolución condenatoria.
Conviene aclarar que en virtud de la conexidad exis¬tente, el juez competente de la demanda de daños y perjui¬cios debe ser el de la causa en la que se declaró la mala fe o el ejercicio abusivo del derecho.
7. MODIFICACION DE LAS PARTES DEL PROCESO
La modificación de las partes del proceso se produce cuando se opera un cambio en la composición de las partes , originarias del proceso, como consecuencia de su reemplazo por otra persona distinta.
A los efectos de una mayor comprensión correspondo formular el siguiente distingo.
7.1. Sucesión procesal
Durante la tramitación del proceso pueden producirse el fallecimiento (real o presunto) o la incapacidad de alguno de las partes, en cuyos supuestos se suspende la tramitación del mismo, sin que ello importe la interrupción del juicio.
Ocurrida alguna de las circunstancias señaladas, el pro• ceso queda suspendido, no pudiéndose ejecutar en él actos validos, salvo los que tengan por objeto alguna medida precautoria, hasta tanto se notifique al sucesor o represen¬tante, para que dentro del plazo que el juez le fije comparez¬ca a tomar intervención asumiendo la calidad de parte.
Producida la muerte de alguna de las partes el herede¬ro del causante ocupa su lugar en el proceso, continuándose con él la tramitación del proceso, de acuerdo con el Art. 2446 del C. Civil, que dice: "Desde la muerte del causante, sus he¬rederos le suceden en sus derechos efectivos y en los even¬tuales. Son poseedores de lo que su autor poseía aun antes de ejercer efectivamente el derecho sobre las cosas hereditarias. El heredero que sobrevive un solo instante al causante trans¬mite la herencia a sus propios herederos".
Si los herederos son varios y la herencia se encuentra el estado de indivisión todos los herederos tienen el derecho de asumir la calidad de parte en lugar del causante, en este caso deben unificar su representación siempre que ello sea posible de conformidad al Art. 65 del CPC.
La doctrina (CARNEL UTTI) considera que la sucesión universal tiene incidencia procesal no sólo en el caso de fa¬llecimiento, sino en general cuando se produce la extinción de la parte, v.g.: fusión de sociedades.
Las personas jurídicas disueltas continúan teniendo ca¬pacidad para ser partes, porque la disolución de las mismas no produce la pérdida de su personalidad jurídica, que conti¬núa subsistiendo al solo efecto de concluir las operaciones pendientes y de liquidar el correspondiente patrimonio, de acuerdo con el Art. 1006 del C. Civil.
Del mismo modo, si la parte se torna incapaz, le subs¬tituye su representante legal prosiguiéndose el juicio.
Aquí se contempla sólo el caso de la parte (activa o pasiva) que actúa personalmente en el proceso, pues la muerte o incapacidad de la parte representada en juicio por apodera¬do constituye un supuesto distinto, legislado en el Art. 64, inc. e) del CPC. También es distinto el hecho de la muerte o inhabilidad del apoderado, contemplado en el mencionado Art. 64, inc. f) del CPC.
7.2. Sustitución procesal
Se produce en el caso de sustitución a título singular que se origina como consecuencia de la enajenación o cesión de la cosa o derecho en litigio.
Producida la enajenación del bien objeto del pleito el enajenante o cedente continúa actuando en el proceso en nom¬bre propio y con un interés ajeno, el del adquirente. Este no puede intervenir como parte principal sin el consentimiento de la otra parte (Principio perpetuatio legitimationis), en ra¬zón de que la sentencia que se dicte debe referirse al momen¬to en que se trabó la litis por demanda y contestación, no pudiendo los hechos posteriores modificada o alterada, sal¬vo que exista conformidad de las partes originarias y se pro¬duzca la exclusión (extromisión) del sustituido por el sustituyente. En este sentido el Art. 90, 3a. p. del CPC, esta¬blece: "Mediando acuerdo de parte, podrá operarse la subs¬titución procesal del citante por el citado, cuando aquél fuere el demandado".
En el supuesto de que la contraparte se oponga a la intervención del adquirente o cesionario como parte princi¬pal, el proceso debe continuar con el enajenante o cedente, quien asume la calidad de substituto procesal, dado que al producirse la transmisión del bien o derecho litigioso perdió su calidad de titular de la relación jurídica sustancial. Sien¬do así, carece de facultades para realizar cualquier acto pro¬cesal que importe una disposición del derecho del sustituido v.g.: allanamiento, desistimiento, confesión.
8. LITISCONSORCIO
8.1. Concepto
Se denomina litisconsorcio a la actuación conjunta de más de dos sujetos en el proceso (proceso con pluralidad de partes).
Son litisconsortes aquellos que asumen la misma po¬sición en el proceso corriendo igual suerte.
La voz litisconsorcio deviene de la locución "litis consortium"; de "litis": pleito, litigio judicial, juicio (conflic¬to de intereses) y "consortium": comunidad de destino.
De ordinario la relación procesal se desarrolla entre dos personas. Sin embargo en el litisconsorcio la relación procesal se desenvuelve con la presencia de varios sujetos.
8.2. Clases
De acuerdo con la posición procesal en la que se en¬cuentran los litisconsortes, el litisconsorcio se denomina:
Activo : Cuando existen varios actores frente a un demanda¬do.
Pasivo: Cuando hay varios demandados frente a un actor.
Mixto: Cuando existen varios actores frente a varios deman¬dados.
El litisconsorcio también puede ser originario cuando la pluralidad de litigantes se produce al comienzo del pro¬ceso (acumulación objetiva de pretensiones), o sucesivo cuan¬do la pluralidad de litigantes ocurre durante el desarrollo posterior del proceso (integración de la relación procesal).
El litisconsorcio se llama facultativo cuando su forma¬ción obedece a la libre voluntad de las partes, y necesario cuan¬do lo impone la ley o la misma naturaleza inescindible de la rela¬ción o situación jurídica que constituye la causa de la pretensión, lo cual hace que el litigio no pueda decidirse válidamente si la relación procesal no se halla integrada con todos los litisconsortes.
8.3. Litisconsorcio facultativo
El litisconsorcio es facultativo cuando depende de la conveniencia y voluntad de las partes. En el litisconsorcio facultativo existe una relación procesal única y autonomía de los sujetos procesales. Los litisconsortes por esta razón se denominan más propiamente aquí compartes.
Los actos de cada uno son independientes en sus efec¬tos de los demás, sin que redunden en provecho ni en perjui¬cio de éstos. Es decir, son compartes porque tienen idéntica situación procesal, pero no son litisconsortes porque no tie¬nen comunidad de destino, no corren igual suerte en el pro¬ceso. De allí que las resoluciones que recaigan en el proce¬so puedan ser diferentes para cada uno de ellos.
Los que son litisconsortes y los que son compartes ocupan una misma posición en el proceso, pero mientras para los litisconsortes los efectos de los actos procesales son idén¬ticos, para los que son compartes no lo son, porque se trata de un supuesto en que existe pluralidad de partes provenien¬te de pretensiones conexas por el título, por el objeto o por ambos elementos a la vez.
La característica de este tipo de litisconsorcio reside en la autonomía procesal de los litisconsortes; en consecuen¬cia cada uno goza de legitimación procesal independiente, razón por la cual el resultado del proceso como el contenido de la sentencia puede ser distintos con respecto a cada uno de ellos.
Conforme a las ideas expuestas el litisconsorcio fa¬cultativo produce diferentes efectos: El juez deberá ser com¬petente para entender en las acciones (pretensiones) que co¬rrespondan a cada litigante.
Cada uno de ellos deberá tener capacidad procesal para actuar en el juicio.
Cada uno puede adoptar una actitud distinta de la de los demás: allanarse, oponer excepciones, defensas, etc ..
La rebeldía de uno no perjudica a los otros.
Unos pueden apelar y otros consentir la sentencia. En la prueba de los hechos individuales debe estarse a la producida por el litigante al que se refiere; si 10 es de un hecho común debe ser examinado respecto de todos. En la prueba de confesión de acuerdo con el Art. 298 del CPC: «La confesión del litisconsorte no perjudica a sus compartes». De este regla se deduce que uno de ellos puede exigir la absolu¬ción de posiciones de su comparte.
La caducidad de la instancia que se produzca para uno no afecta a los otros.
El, proceso puede concluir para uno o algunos de los litisconsortes y continuar en relación con los restantes. Ello puede ocurrir sea por efecto de una excepción procesal que prospere tan sólo respecto de uno o algunos de los sujetos que se encuentran en la misma posición de parte, o como consecuencia de un acto de disposición realizado por uno o algunos de ellos.
Los recursos interpuestos por un litisconsorte no be¬nefician a los restantes, salvo que la aplicación de esa regla conduzca al pronunciamiento de sentencias contradictorias respecto de un hecho común a todos los litisconsortes.
8.4. Litisconsorcio necesario. Integración de la relación pro¬cesal
El litisconsorcio necesario u obligatorio se produce cuando entre varios sujetos existe una relación sustancial única e inescindible.
El litisconsorcio es necesario cuando la sentencia sólo puede dictarse útilmente frente a todos los integrantes de la relación jurídica sustancial controvertida en el proceso, de modo que la validez de éste se halla subordinada a la citación de todas aquellas personas.
En el litisconsorcio necesario existe siempre una úni¬ca pretensión, cuya peculiaridad está dada por la circunstan¬cia de que necesariamente debe ser promovida por varios le¬gitimados o contra varios legitimados y no por o contra algu¬nos de ellos solamente, en razón de que la legitimación pro¬cesal corresponde al conjunto de personas y no a una perso¬na individualmente.
Configuran casos de litisconsorcio necesario:
8.4.1. Exigido por la ley: la demanda de filiación, que debe intentarse contra el padre y la madre (Art. 25 CM).
8.4.2. Proveniente de la naturaleza de la relación contro¬vertida: la demanda por simulación de un acto jurídico, que debe promoverse contra todas las partes que lo realizaron; la demanda de nulidad de un acto jurídico, que debe intentarse contra todos sus otorgantes; la demanda de división de con¬dominio; etc ..
El proceso debe integrarse de oficio o a solicitud de cualquiera de las partes mediante la deducción de la "exceptio plurium litisconsortium", con todos los sujetos que corres¬pondan en razón del vínculo de derecho material que los une, porque si la sentencia fuera pronunciada sólo con respecto a alguno de ellos, no resultaría útil o no sería posible obtener su ejecución.
La integración de la litis deberá producirse antes de que se dicte la providencia de apertura a prueba, dentro del plazo que el juez señale, quedando suspendido el curso del proceso mientras se cita a quienes corresponda.
Si la falta de integración de la litis se advierte en el momento de dictar sentencia o hallándose el expediente en segunda o tercera instancia, la demanda debe ser rechazada, incluso de oficio y aunque la parte interesada no haya hecho petición al respecto, sin que tal decisión produzca cosa juz¬gada en cuanto al fondo de la cuestión. Si se dictó sentencia puede peticionarse su nulidad por la parte excluida mediante la promoción del incidente de nulidad o de un proceso autó¬nomo.
En el litisconsorcio necesario los efectos que se pro¬ducen son diferentes a los del litisconsorcio facultativo (com¬partes); de allí que los actos de uno benefician o perjudican a los otros, según las prescripciones de las leyes substantivas.
La prueba deberá analizarse en su conjunto y sólo se tendrá por acreditado un hecho cuando lo fuere respecto de todos.
Si uno solo interpone un recurso, los demás se ven afectados por sus consecuencias.
La caducidad no puede oponerse si no se produjo para todos.
El allanamiento, desistimiento, transacción o renuncia deben ser realizados por todos. Vale decir, todos son considerados como uno solo.
El contenido de la sentencia debe ser el mismo para todos los litisconsortes.
La sentencia que vaya a dictarse será oponible a quie¬nes no hayan sido parte en el juicio, si a pesar de haber sido citados no han comparecido, de tal modo se evitará la nuli¬dad del proceso.
Con relación a la competencia el Código de Organiza¬ción Judicial dispone que si hubiere varios coobligados, pre¬valecerá la competencia del juez ante quien se instaure la de¬manda (Art. 17, 2a p. COJ).
Las costas en los casos de litisconsorcio, dice el Có¬digo Procesal Civil, se distribuirán entre los litisconsortes, salvo que por la naturaleza de la obligación correspondiere la condena solidaria. Cuando el interés que cada uno de ellos represente en el juicio ofreciere considerables diferencias, deberá el juez distribuir las costas en proporción a ese inte¬rés (Art. 201 CPC).
DEBER PROCESAL. OBLIGACION PROCESAL. CAR¬GA PROCESAL
Son tres conceptos de uso corriente en el léxico pro¬cesal que, muchas veces, son confundidos. Por ello conviene diferenciarlos debidamente:
9.1. Deber
El deber procesal es el imperativo jurídico que tienen las partes y los terceros respecto del órgano judicial o los otros intervinientes en el proceso, v.g.: las partes deben litigar conforme al Principio de moralidad; los terceros tienen el deber de testimoniar la verdad. Así también, el órgano ju¬dicial respecto de aquéllos v.g.: el juez debe resolver opor¬tunamente el litigio, el juez debe inhibirse si existe causa para ello.
El incumplimiento de los deberes procesales hace pasible de sanciones al infractor.
9.2. Obligación
La obligación procesal es un imperativo jurídico que una parte procesal tiene respecto de la otra o del órgano ju¬dicial v.g.: el pago de las costas procesales y de las multas en carácter de sanciones comninatorias. (astreintes).
En caso de no cumplirse voluntariamente la obliga¬ción, el acreedor puede ejecutar su crédito contra el deudor.
9.3. Carga
La carga procesal consiste en un imperativo del pro¬pio interés, en cuya virtud existe la necesidad de realizar una determinada actividad procesal a fin de evitar que sobreven¬ga un perjuicio.
El concepto de carga procesal, expuesto por GOLDSCHMIDT, es propio del Derecho procesal. COUTURE la define como la situación jurídica en que se hallan los litigantes en el proceso, cuando la ley o el juez requieren de ellos una determinada conducta, de realización facultativa, dándoles por consiguiente la opción de omitirla o realizarla, trayendo la omisión aparejado un gravamen y constituyendo la realización un imperativo de su propio interés. Constitu¬yen cargas procesales comparecer en el juicio, contestar la demanda, probar una afirmación, etc ..
En la carga, dice SENTIS MELENDO, se está en el campo de la libertad, el sujeto tiene la opción entre cumplir o no cumplir con su conducta (carga), si no lo hace no tendrá sanción, pues lo que se busca es facilitar la situación del otro sujeto, porque el fin perseguido, justamente, es proteger el propio interés. El que cumple con la carga (imperativo de su interés) favorece su posición procesal (interés) y no el ajeno, como sucede con la obligación y también con el deber.
CARNELUTTI diferencia la carga de la obligación, expresando que aquélla es un acto necesario, en tanto que ésta es un acto debido.
SUMARIO: l. Sujetos del proceso.- 2. Parte procesal. Concepto. ¬3.Capacidad para ser parte.- 4. Capacidad procesal. -5. Legitimación procesal.- 6. Deberes de las partes. 6.1. Buena fe y ejercicio regular de los derechos. 6.2. Mala fe. 6.2.1. Concepto. 6.2.2. Casos. 6.2.2.1. Omisión o alteración de la verdad. 6.2.2.2. Medidas cautelares. 6.2.2.3. Fraude procesal. 6.3. Abuso del derecho. 6.3.1. Concept? 6.3.2. Casos. 6.4. Declaración. 6.5. Distinción. 6.6. Responsabilidad. Sanciones.- 7. Modificación de las partes en el proceso. 7.1. Suce¬sión procesal. 7.2. Sustitución procesal.- 8. Litisconsorcio. 8.1. Con¬cepto. 8.2,. Clases. 8.3. Litisconsorcio facultativo. 8.4. Litisconsorcio necesario. Integración de la relación procesal.- 9. Deber procesal. Obligación procesal. Carga procesal. 9.1. Deber. 9.2. Obligación. 9.3. Carga.
1. SUJETOS DEL PROCESO
Los sujetos de la relación procesal son: las partes; el actor o sujeto activo (promueve la demanda), el demandado o sujeto pasivo (contesta la demanda), y el juez o tercero imparcial (encargado de resolver el conflicto).
La denominación juez está tomada en sentido genéri¬co (lato sensu), es decir, como órgano jurisdiccional. El juez y las partes se hallan recíprocamente vinculados en el proce¬so mediante la relación jurídico-procesal, que es una relación de Derecho público, la cual genera derechos, deberes, largas y obligaciones recíprocos.
2. PARTE PROCESAL. CONCEPTO
De acuerdo con la opinión doctrinaria más aceptada, parte es toda persona física o jurídica que en nombre propio, o en cuyo nombre, se pretende la actuación de una norma legal y aquél respecto del cual se formula la pretensión.
Consecuentemente, tiene calidad de parte quien como actor, demandado o tercero interviniente, comparece ante los órganos jurisdiccionales peticionando una sentencia favora¬ble a su pretensión.
CALAMANDREI enseña: "Para entender el concep¬to de parte tal como, de conformidad con la tradición, está acogido en nuestro derecho positivo, hay que partir de esta premisa elemental: que la cualidad de parte se adquiere, con abstracción de toda referencia al derecho substancial, por el solo hecho, de naturaleza exclusivamente procesal, de la pro¬posición de una demanda ante el juez: la persona que propo¬ne la demanda, y la persona contra quien se la propone, ad¬quieren sin más, por este solo hecho, la calidad de partes del proceso que con tal proposición se inicia; aunque la deman¬da sea infundada, improponible o inadmisible (circunstan¬cias todas ellas que podrán tener efecto sobre el contenido de la providencia), basta ella para hacer que surja la relación procesal cuyos sujetos son precisamente las partes. Las par¬tes son el sujeto activo y el sujeto pasivo de la demanda judicial".
Más adelante, agrega: "Las partes como sujetos de la relación procesal no deben confundirse con los sujetos de la relación sustancial controvertida, ni con los sujetos de la ac¬ción: si frecuentemente estas tres cualidades coinciden, toda vez que el proceso se instituye precisamente entre los sujetos de la relación sustancial controvertida, legitimados para ac¬cionar y para contradecir sobre ella, puede ocurrir que la de¬manda sea propuesta por quien (o contra quien) en realidad no esté interesado en la relación sustancial controvertida o no esté legitimado para accionar o contradecir; y, sin embar¬go, aun en ,ese caso, quien ha propuesto (o contra quien se ha propuesto) la demanda sin derecho o sin legitimación, será igualmente parte en sentido procesal".
Posteriormente, explica: "En efecto no hay que olvi¬dar que, para proponer una demanda en juicio, no es necesa¬rio que el proponente tenga realmente el derecho que alega o la legitimación para accionar que afirma: en el momento en que se inicia el proceso, el derecho y la legitimación son sim¬ples afirmaciones, no todavía hechos comprobados, y el pro¬ceso se instruye, precisamente, para llegar a comprobar si existe el derecho afirmado y si el sujeto activo del proceso está o no legitimado para hacerlo valer.
La relación procesal se constituye y la calidad de par¬te se adquiere independientemente de la efectiva existencia del derecho y de la acción: aun quien propone una demanda sobre una relación sustancial inexistente o sobre una relación ajena frente a la cual está él desprovisto de legitimación activo contra una persona que no es legítimo contradictor en orden a aquélla relación, da vida a una relación procesal en la cual, inde¬pendientemente de la que habrá de ser la decisión de mérito, ad¬quiere sin más calidad de parte quien propone la demanda y la persona contra la cual se propone".
Siendo así, tiene calidad de parte quien interviene o figu¬ra en el proceso como sujeto activo (actor) o pasivo (demanda¬do) de una pretensión, independientemente de que tenga o no el carácter de sujeto legitimado para obrar o para contradecir en el concreto proceso de que se trate.
La calidad de parte es fundamentalmente procesal y está dada por una determinada posición en el proceso.
Lo que caracteriza a la parte es su sujeción a la relación procesal. Consiguientemente, no revisten calidad de parte en el proceso el representante legal o el convencional porque no ac¬túan en su interés sino en el de sus representados.
En realidad pueden jurídicamente distinguirse tres cali¬dades distintas: las partes procesales, los sujetos (titulares) del derecho material (de la relación sustancial) y los legitimados para pretender (accionar) válidamente.
Los sujetos del derecho material son los titulares del de¬recho sustancial (acreedor, propietario, deudor, etc.). La legiti¬mación para actuar válidamente en el proceso es diferente, por¬que el ejercicio de la acción es autónomo, independiente del de¬recho. Normalmente ambas calidades coinciden en la misma per¬sona; así el titular del derecho es el que acciona jurídicamente, pero no siempre porque también puede ser otro (no titular) el que accione V.g.: el padre por sus hijos menores, el curador por el incapaz, etc.
Finalmente, las partes son quienes actúan en el proceso asumiendo las posiciones de actor o demandado. El actor o de¬mandante es el que promueve la demanda contra el demandado, quien asume esta posición como consecuencia de que la deman¬da le fue dirigida a él, independientemente de que la misma este mal planteado, porque él no es el deudor, el arrendatario, etc., igualmente asume la posición procesal de parte demandada.
No obstante lo mencionado puede acontecer que en el proceso intervengan otras personas (terceros), quienes al ingre¬sar a la relación procesal también serán partes, porque en un mis¬mo proceso puede existir más de un litigio.
Así mismo una parte procesal puede estár integrada por varias personas, como sucede en la figura del litisconsorcio.
3. CAPACIDAD PARA SER PARTE
La capacidad para ser parte consiste en la aptitud que tie¬ne una persona para ser titular de derechos y deberes procesales.
La capacidad para ser parte coincide con la capacidad de derecho.
Tiene esta capacidad toda y cualquier persona, física o jurídica. La primera, desde su concepción hasta su muerte y la segunda, sea de derecho público o privado, desde que adquiere personalidad hasta su extinción. Cabe aclarar que algunos entes sin personalidad pueden actuar en juicio, V.g.: simples asocia¬ciones, masa de la quiebra, etc..
4. CAPACIDAD PROCESAL
La capacidad procesal (legitimatio ad processum) es la aptitud para realizar personalmente o por medio de un man¬datario convencional actos procesales válidos.
La capacidad procesal es coincidente con la capacidad de hecho.
La capacidad procesal se halla referida a la aptitud del sujeto que asume el carácter de parte procesal para ejercer por sí o por apoderado los derechos y las facultades así como para asumir los deberes, las cargas y las obligaciones que se generan en el proceso.
5. LEGITIMACION PROCESAL
La capacidad para ser parte y la capacidad procesal constituye aptitudes jurídicas genéricas que habilitan para intervenir en cualquier proceso.
No deben confundirse con la legitimación procesal (legitimatio ad causam) que es la condición jurídica específi¬ca referida a la concreta materia sobre la que versa el proce¬so.
La falta de legitimación fundamenta la oposición de la excepción de falta de acción (Art. 224, inc. c) CPC), denomi¬nada en otras legislaciones procesales de la primera manera (falta de legitimación).
La capacidad es una cualidad del sujeto jurídico, mien¬tras que la legitimación procesal consiste en una relación de titularidad del derecho que tiene el sujeto respecto del objeto del proceso. Es decir, la relación jurídica que tiene el sujeto que actúa en el proceso respecto del objeto controvertido que en el caso del actor le faculta a pretender en forma eficaz y en el supuesto del demandado a oponerse válidamente.
Un ejemplo ayudará a comprender la cuestión: En un juicio por cobro de una suma de dinero, la legitimación es activa cuando el actor es efectiva y legalmente el acreedor que, en consecuencia, podrá pretender una resolución favo¬rable. La legitimación es pasiva, cuando el demandado es real y legalmente el deudor, y en consecuencia responsable de cumplir la obligación.
La legitimación procesal es un concepto procesal referido al derecho sustancial discutido en el proceso. Es una condición precisa y específica vinculada a un determinado Y concreto litigio, v.g.: el actor de una demanda de desalojo debe ser la persona que legalmente puede promover su pre¬tensión por la condición que ostenta (propietario) y la pre¬tensión debe estar dirigida precisamente contra el demanda¬do, que tiene que ser efectivamente el arrendatario del bien de propiedad de aquél.
6. DEBERES DE LAS PARTES
6.1. Buena fe y ejercicio regular de los derechos
El Código Procesal Civil establece que las partes de¬berán actuar en juicio con buena fe, y no ejercer abusivamente los derechos que les conceden las leyes procesales (Art. 51 (PC).
La norma procesal se halla basada en el Principio de moralidad, comprensivo de los Principios de buena fe, leal¬tad, veracidad y probidad, que consiste en el conjunto de re¬glas de conducta, presididas por el imperativo ético, a que deben ajustar su actuación en el proceso todos los que en él intervengan: jueces, partes, terceros, abogados, procurado¬res, funcionarios judiciales, etc ..
Este principio procesal tiene como propósito adecuar el proceso a la naturaleza de sus fines, evitando actuaciones arbitrarias, maliciosas o temerarias.
Los litigantes y sus abogados tienen la obligación de actuar en juicio con buena fe y no ejercer abusivamente los derechos, por una parte, y por la otra, los jueces tienen tam¬bién el deber de prevenir y sancionar todo acto contrario a la lealtad, probidad y buena fe.
La vigencia de la regla moral en el proceso impide la utilización del mismo con fines' fraudulentos. El Principio de la defensa en juicio, esgrimido por algunos como excusa para sus inconductas, no debe hacernos olvidar que el proce¬so es un debate dialéctico, en el cual el contendor tiene dere¬cho a utilizar todos los medios legales posibles, pero sin vio¬lar nunca el imperativo ético. Véase principio de moralidad en el Capítulo IV apartado 4.
6.2 Mala fe
6.2.1. Concepto: La mala fe procesal consiste en la conducta legalmente sancionada del que actúa en juicio convencido de su sinrazón, en daño de la Justicia.
La mala fe procesal se sintetiza en la conciencia que tiene el "improbus litigator" de su propia sinrazón.
6.2.2. Casos: Nuestra ley procesal no ha recurrido aquí a un "standard jurídico" para precisar la figura sino que, por el contrario, en una enumeración que la califica expresamente de taxativa, expone en tres incisos los casos en que queda configurada la mala fe procesal.
6.2.2.1. Omisión o alteración de la verdad: La omisión o al¬teración de la verdad de los hechos puede producirse en cua¬lesquiera de las distintas etapas del proceso: demanda, con¬testación, reconvención, oposición de excepciones, pruebas, incidentes, etc., v.g. la atribución de un domicilio manifies¬tamente falso o que dice ignorar (Art. 140, 2° p. CPC), la negativa de la autenticidad de la firma, que luego resulta au¬téntica (Art. 446 CPC), etc.
6.2.2.2. Medidas cautelares: Las medidas cautelares decre¬tadas en los procesos deben estar razonablemente acordes con el fin que persiguen, sin que con ellas se ocasionen innecesa¬riamente daños que pueden ser evitados.
La justa medida es aquí la regla. No debe pecarse por exceso, en cuyo caso se produciría un daño, que como tal debe ser reparado; ni tampoco pecar por omisión, en cuyo caso la medida cautelar resultaría inocua.
6.2.2.3. Fraude procesal: Existe fraude procesal, en términos generales, cuando se utiliza el proceso con el propósito de ob¬tener un provecho ilícito.
En estas condiciones no puede reconocerse eficacia a la sentencia dictada en un juicio en el que se incurrió en fraude o estafa procesal, porque la institución de la cosa juzgada, como todas las instituciones legales, debe asentarse sobre bases com¬patibles con los derechos y garantías constitucionales.
Siendo así, a toda y cualquier sentencia no puede reconocérsele, por el solo hecho de ser tal, la cualidad de reso¬lución inmutable, sino sólo a la que ha sido precedida de un proceso contradictorio, en el que las partes han tenido razona¬ble oportunidad de audiencia y prueba, es decir, cuando ha exis¬tido un debido proceso.
6.3. Abuso del derecho
6.3.1. Concepto: Existe abuso del derecho, en sentido procesal, cuando de manera excesiva y vejatoria, so pretexto de ejercer un derecho procesal, se causa un perjuicio, sin que ello sea ne¬cesario para el ejercicio de la defensa.
A los litigantes no les está permitida la utilización arbi¬traria de los medios procesales que la ley les otorga, contraponiéndolas a los fines del proceso, obstaculizando su curso, dilatándolo sin fundamento o faltando a los deberes de lealtad, probidad y buena fe.
El abuso puede darse por acción y por omisión. Lo co¬mete aquel que se resiste indebidamente a una pretensión legíti¬ma, o deduce excepciones sin exteriorizar el menor propósito de probarlas, o incidentes que tengan por único fin la obstruc¬ción sistemática del curso del proceso.
6.3.2. Casos: La norma del Código Procesal Civil hace referen¬cia a concretas y taxativas condiciones que se deben cumplir para que la conducta del litigante pueda hallarse incursa en la causal de abuso del derecho.
Dice: "Ejercicio abusivo de los derechos. Ejerce abusivamente sus derechos, la parte que en un mismo proceso: 6.3.2.1. haya promovido dos o más impugnaciones de inconsti¬tucionalidad, rechazadas con costas;
6.3.2.2. haya promovido y perdido tres incidentes con costas; 6.3.2.3. fuere sancionada más de una vez con medidas discipli¬narias; y
6.3.2.4. formule pretensiones o alegue defensas que, juzgadas, re¬sulten manifiestamente desprovistas de fundamento o innecesa¬rias para la declaración o defensa del derecho" (Art. 53 CPC).
En el numeral 6.3.2.4., se establece un "standard jurídi¬co" (patrón axiológico), un elástico arbitrio librado a la in¬terpretación judicial.
Debe aclararse que la inconducta, en cualquiera de las formas previstas, debe darse en un mismo proceso.
6.4. Declaración
Establece la norma procesal: "Oportunidad para solici¬tar la declaración. En cualquier etapa del proceso y en cual¬quier instancia, antes que se dicte resolución, podrá requerirse que en la decisión el magistrado se pronuncie sobre la mala fe o el ejercicio abusivo del derecho" (Art. 54 CPC).
6.5. Distinción
Deben diferenciarse dos supuestos de inconducta pro¬cesal: la prevista y sancionada en las normas que integran el Capítulo II, Título III, Libro I (Arts. 51 al 56 CPC), y la que se halla regida por el Art. 17 del CPC. La causa o motivo que ori-gina la sanción procesal o pena es distinta en ambos supuestos.
6.5.1. En el primer supuesto, corresponde que el juez analice la conducta procesal del litigante en su conjunto (uso del proceso con el fin de conseguir un objeto o beneficio ilícito, formula¬ción de pretensiones o defensas que juzgadas resulten mani¬fiestamente desprovistas de fundamento o innecesarias para la declaración o defensa del derecho, etc.) o que constate el cum¬plimiento de las condiciones precisamente determinadas en la ley (haber promovido dos o más impugnaciones de inconstitucionalidad rechazadas con costas, haber deducido y perdido tres incidentes con costas, etc.).
La sanción de la mala fe o abuso del derecho funciona a pedido de parte y el juez debe considerarla con motivo de resolver el incidente o la cuestión principal.
6.5.2. En el segundo supuesto, la inconducta está referida u 1UM medidas disciplinarias, es decir, a las faltas o incorrecciones cometidas por los litigante s, sus abogados o procuradores u otras personas, contra la dignidad o autoridad del magistrado, los otros litigantes, abogados o procuradores, o funcionarios, o a la alte¬ración del buen orden y decoro que debe guardarse en las ac¬tuaciones judiciales.
La sanción por las faltas o incorrecciones son aplicadas generalmente de oficio por el juez, si bien es cierto que las mis¬mas pueden ser denunciadas por el afectado. Por lo general, son establecidas en una resolución expresa y fundada referida exclusivamente al tema y tener apoyo en las constancias de au¬tos. Puede dictarse en cualquier etapa del proceso en forma in¬dependiente de la cuestión principal o incidental.
En caso de duda el juez debe abstenerse de aplicar sanciones.
6.6. Responsabilidad. Sanciones
La firme intención del legislador nacional de moralizar el proceso se manifiesta en toda su amplitud en la normativa del Código, especialmente en el Art. 56 del CPC.
De acuerdo con el primer párrafo del mencionado Ar¬tículo la inconducta procesal es fuente de convicción judi¬cial, mediante el establecimiento de una presunción "juris tantum" que afecta a la parte declarada litigante de mala fe o abusiva en el ejercicio del derecho.
La inconducta procesal, cuando reviste las caracterís¬ticas de gravedad y ejercicio sistemático, pasa a constituirse en un fuerte indicio de la sinrazón de la pretensión sostenida y origina el funcionamiento de la presunción. Siendo así, en caso de duda sobre el derecho invocado o insuficiencia de prueba, el juez deberá resolver la materia del pleito en contra del litigante que actuó de mala fe o incurrió en el ejercicio abusivo del derecho.
No obstante, cualquier actuación no puede ser consi¬derada inconducta. Así, no será suficiente el mero venci¬miento, ni la sola circunstancia de que una pretensión no fuere acogida para que se configure la mala fe o el ejercicio abusi¬vo del derecho, sino que es necesario haber tenido una ac¬tuación procesal sin apoyo fáctico o jurídico, que se traduzca en pretensiones o defensas cuya injusticia o falta de funda¬mento no puedan soslayarse de acuerdo con una mínima pauta de razonabilidad.
La disposición procesal también consagra otra conse¬cuencia: las costas del juicio estarán a cargo del "improbus litigator", aunque el mismo sea el vencedor del pleito.
Además, sin requerimiento de parte, al regular los ho¬norarios, el juez tiene el deber, de acuerdo a la importancia y gravedad de los hechos violatorios del Principio de morali¬dad, de imponer como agravante un aumento de hasta el cin-cuenta por ciento de los honorarios de los letrados de la par¬te contraria, cuya determinación se deja librada al arbitrio del juez o tribunal dentro del tope legal mencionado.
Finalmente, la norma deja abierta a la parte perjudica¬da la facultad de reclamar, mediante el proceso de conoci¬miento ordinario, la fijación del monto indemnizatorio. Lo pretensión se referirá exclusivamente al «quantum», en ro¬zón de que el hecho generador del derecho quedó estableci¬do e inmutable al quedar firme la resolución condenatoria.
Conviene aclarar que en virtud de la conexidad exis¬tente, el juez competente de la demanda de daños y perjui¬cios debe ser el de la causa en la que se declaró la mala fe o el ejercicio abusivo del derecho.
7. MODIFICACION DE LAS PARTES DEL PROCESO
La modificación de las partes del proceso se produce cuando se opera un cambio en la composición de las partes , originarias del proceso, como consecuencia de su reemplazo por otra persona distinta.
A los efectos de una mayor comprensión correspondo formular el siguiente distingo.
7.1. Sucesión procesal
Durante la tramitación del proceso pueden producirse el fallecimiento (real o presunto) o la incapacidad de alguno de las partes, en cuyos supuestos se suspende la tramitación del mismo, sin que ello importe la interrupción del juicio.
Ocurrida alguna de las circunstancias señaladas, el pro• ceso queda suspendido, no pudiéndose ejecutar en él actos validos, salvo los que tengan por objeto alguna medida precautoria, hasta tanto se notifique al sucesor o represen¬tante, para que dentro del plazo que el juez le fije comparez¬ca a tomar intervención asumiendo la calidad de parte.
Producida la muerte de alguna de las partes el herede¬ro del causante ocupa su lugar en el proceso, continuándose con él la tramitación del proceso, de acuerdo con el Art. 2446 del C. Civil, que dice: "Desde la muerte del causante, sus he¬rederos le suceden en sus derechos efectivos y en los even¬tuales. Son poseedores de lo que su autor poseía aun antes de ejercer efectivamente el derecho sobre las cosas hereditarias. El heredero que sobrevive un solo instante al causante trans¬mite la herencia a sus propios herederos".
Si los herederos son varios y la herencia se encuentra el estado de indivisión todos los herederos tienen el derecho de asumir la calidad de parte en lugar del causante, en este caso deben unificar su representación siempre que ello sea posible de conformidad al Art. 65 del CPC.
La doctrina (CARNEL UTTI) considera que la sucesión universal tiene incidencia procesal no sólo en el caso de fa¬llecimiento, sino en general cuando se produce la extinción de la parte, v.g.: fusión de sociedades.
Las personas jurídicas disueltas continúan teniendo ca¬pacidad para ser partes, porque la disolución de las mismas no produce la pérdida de su personalidad jurídica, que conti¬núa subsistiendo al solo efecto de concluir las operaciones pendientes y de liquidar el correspondiente patrimonio, de acuerdo con el Art. 1006 del C. Civil.
Del mismo modo, si la parte se torna incapaz, le subs¬tituye su representante legal prosiguiéndose el juicio.
Aquí se contempla sólo el caso de la parte (activa o pasiva) que actúa personalmente en el proceso, pues la muerte o incapacidad de la parte representada en juicio por apodera¬do constituye un supuesto distinto, legislado en el Art. 64, inc. e) del CPC. También es distinto el hecho de la muerte o inhabilidad del apoderado, contemplado en el mencionado Art. 64, inc. f) del CPC.
7.2. Sustitución procesal
Se produce en el caso de sustitución a título singular que se origina como consecuencia de la enajenación o cesión de la cosa o derecho en litigio.
Producida la enajenación del bien objeto del pleito el enajenante o cedente continúa actuando en el proceso en nom¬bre propio y con un interés ajeno, el del adquirente. Este no puede intervenir como parte principal sin el consentimiento de la otra parte (Principio perpetuatio legitimationis), en ra¬zón de que la sentencia que se dicte debe referirse al momen¬to en que se trabó la litis por demanda y contestación, no pudiendo los hechos posteriores modificada o alterada, sal¬vo que exista conformidad de las partes originarias y se pro¬duzca la exclusión (extromisión) del sustituido por el sustituyente. En este sentido el Art. 90, 3a. p. del CPC, esta¬blece: "Mediando acuerdo de parte, podrá operarse la subs¬titución procesal del citante por el citado, cuando aquél fuere el demandado".
En el supuesto de que la contraparte se oponga a la intervención del adquirente o cesionario como parte princi¬pal, el proceso debe continuar con el enajenante o cedente, quien asume la calidad de substituto procesal, dado que al producirse la transmisión del bien o derecho litigioso perdió su calidad de titular de la relación jurídica sustancial. Sien¬do así, carece de facultades para realizar cualquier acto pro¬cesal que importe una disposición del derecho del sustituido v.g.: allanamiento, desistimiento, confesión.
8. LITISCONSORCIO
8.1. Concepto
Se denomina litisconsorcio a la actuación conjunta de más de dos sujetos en el proceso (proceso con pluralidad de partes).
Son litisconsortes aquellos que asumen la misma po¬sición en el proceso corriendo igual suerte.
La voz litisconsorcio deviene de la locución "litis consortium"; de "litis": pleito, litigio judicial, juicio (conflic¬to de intereses) y "consortium": comunidad de destino.
De ordinario la relación procesal se desarrolla entre dos personas. Sin embargo en el litisconsorcio la relación procesal se desenvuelve con la presencia de varios sujetos.
8.2. Clases
De acuerdo con la posición procesal en la que se en¬cuentran los litisconsortes, el litisconsorcio se denomina:
Activo : Cuando existen varios actores frente a un demanda¬do.
Pasivo: Cuando hay varios demandados frente a un actor.
Mixto: Cuando existen varios actores frente a varios deman¬dados.
El litisconsorcio también puede ser originario cuando la pluralidad de litigantes se produce al comienzo del pro¬ceso (acumulación objetiva de pretensiones), o sucesivo cuan¬do la pluralidad de litigantes ocurre durante el desarrollo posterior del proceso (integración de la relación procesal).
El litisconsorcio se llama facultativo cuando su forma¬ción obedece a la libre voluntad de las partes, y necesario cuan¬do lo impone la ley o la misma naturaleza inescindible de la rela¬ción o situación jurídica que constituye la causa de la pretensión, lo cual hace que el litigio no pueda decidirse válidamente si la relación procesal no se halla integrada con todos los litisconsortes.
8.3. Litisconsorcio facultativo
El litisconsorcio es facultativo cuando depende de la conveniencia y voluntad de las partes. En el litisconsorcio facultativo existe una relación procesal única y autonomía de los sujetos procesales. Los litisconsortes por esta razón se denominan más propiamente aquí compartes.
Los actos de cada uno son independientes en sus efec¬tos de los demás, sin que redunden en provecho ni en perjui¬cio de éstos. Es decir, son compartes porque tienen idéntica situación procesal, pero no son litisconsortes porque no tie¬nen comunidad de destino, no corren igual suerte en el pro¬ceso. De allí que las resoluciones que recaigan en el proce¬so puedan ser diferentes para cada uno de ellos.
Los que son litisconsortes y los que son compartes ocupan una misma posición en el proceso, pero mientras para los litisconsortes los efectos de los actos procesales son idén¬ticos, para los que son compartes no lo son, porque se trata de un supuesto en que existe pluralidad de partes provenien¬te de pretensiones conexas por el título, por el objeto o por ambos elementos a la vez.
La característica de este tipo de litisconsorcio reside en la autonomía procesal de los litisconsortes; en consecuen¬cia cada uno goza de legitimación procesal independiente, razón por la cual el resultado del proceso como el contenido de la sentencia puede ser distintos con respecto a cada uno de ellos.
Conforme a las ideas expuestas el litisconsorcio fa¬cultativo produce diferentes efectos: El juez deberá ser com¬petente para entender en las acciones (pretensiones) que co¬rrespondan a cada litigante.
Cada uno de ellos deberá tener capacidad procesal para actuar en el juicio.
Cada uno puede adoptar una actitud distinta de la de los demás: allanarse, oponer excepciones, defensas, etc ..
La rebeldía de uno no perjudica a los otros.
Unos pueden apelar y otros consentir la sentencia. En la prueba de los hechos individuales debe estarse a la producida por el litigante al que se refiere; si 10 es de un hecho común debe ser examinado respecto de todos. En la prueba de confesión de acuerdo con el Art. 298 del CPC: «La confesión del litisconsorte no perjudica a sus compartes». De este regla se deduce que uno de ellos puede exigir la absolu¬ción de posiciones de su comparte.
La caducidad de la instancia que se produzca para uno no afecta a los otros.
El, proceso puede concluir para uno o algunos de los litisconsortes y continuar en relación con los restantes. Ello puede ocurrir sea por efecto de una excepción procesal que prospere tan sólo respecto de uno o algunos de los sujetos que se encuentran en la misma posición de parte, o como consecuencia de un acto de disposición realizado por uno o algunos de ellos.
Los recursos interpuestos por un litisconsorte no be¬nefician a los restantes, salvo que la aplicación de esa regla conduzca al pronunciamiento de sentencias contradictorias respecto de un hecho común a todos los litisconsortes.
8.4. Litisconsorcio necesario. Integración de la relación pro¬cesal
El litisconsorcio necesario u obligatorio se produce cuando entre varios sujetos existe una relación sustancial única e inescindible.
El litisconsorcio es necesario cuando la sentencia sólo puede dictarse útilmente frente a todos los integrantes de la relación jurídica sustancial controvertida en el proceso, de modo que la validez de éste se halla subordinada a la citación de todas aquellas personas.
En el litisconsorcio necesario existe siempre una úni¬ca pretensión, cuya peculiaridad está dada por la circunstan¬cia de que necesariamente debe ser promovida por varios le¬gitimados o contra varios legitimados y no por o contra algu¬nos de ellos solamente, en razón de que la legitimación pro¬cesal corresponde al conjunto de personas y no a una perso¬na individualmente.
Configuran casos de litisconsorcio necesario:
8.4.1. Exigido por la ley: la demanda de filiación, que debe intentarse contra el padre y la madre (Art. 25 CM).
8.4.2. Proveniente de la naturaleza de la relación contro¬vertida: la demanda por simulación de un acto jurídico, que debe promoverse contra todas las partes que lo realizaron; la demanda de nulidad de un acto jurídico, que debe intentarse contra todos sus otorgantes; la demanda de división de con¬dominio; etc ..
El proceso debe integrarse de oficio o a solicitud de cualquiera de las partes mediante la deducción de la "exceptio plurium litisconsortium", con todos los sujetos que corres¬pondan en razón del vínculo de derecho material que los une, porque si la sentencia fuera pronunciada sólo con respecto a alguno de ellos, no resultaría útil o no sería posible obtener su ejecución.
La integración de la litis deberá producirse antes de que se dicte la providencia de apertura a prueba, dentro del plazo que el juez señale, quedando suspendido el curso del proceso mientras se cita a quienes corresponda.
Si la falta de integración de la litis se advierte en el momento de dictar sentencia o hallándose el expediente en segunda o tercera instancia, la demanda debe ser rechazada, incluso de oficio y aunque la parte interesada no haya hecho petición al respecto, sin que tal decisión produzca cosa juz¬gada en cuanto al fondo de la cuestión. Si se dictó sentencia puede peticionarse su nulidad por la parte excluida mediante la promoción del incidente de nulidad o de un proceso autó¬nomo.
En el litisconsorcio necesario los efectos que se pro¬ducen son diferentes a los del litisconsorcio facultativo (com¬partes); de allí que los actos de uno benefician o perjudican a los otros, según las prescripciones de las leyes substantivas.
La prueba deberá analizarse en su conjunto y sólo se tendrá por acreditado un hecho cuando lo fuere respecto de todos.
Si uno solo interpone un recurso, los demás se ven afectados por sus consecuencias.
La caducidad no puede oponerse si no se produjo para todos.
El allanamiento, desistimiento, transacción o renuncia deben ser realizados por todos. Vale decir, todos son considerados como uno solo.
El contenido de la sentencia debe ser el mismo para todos los litisconsortes.
La sentencia que vaya a dictarse será oponible a quie¬nes no hayan sido parte en el juicio, si a pesar de haber sido citados no han comparecido, de tal modo se evitará la nuli¬dad del proceso.
Con relación a la competencia el Código de Organiza¬ción Judicial dispone que si hubiere varios coobligados, pre¬valecerá la competencia del juez ante quien se instaure la de¬manda (Art. 17, 2a p. COJ).
Las costas en los casos de litisconsorcio, dice el Có¬digo Procesal Civil, se distribuirán entre los litisconsortes, salvo que por la naturaleza de la obligación correspondiere la condena solidaria. Cuando el interés que cada uno de ellos represente en el juicio ofreciere considerables diferencias, deberá el juez distribuir las costas en proporción a ese inte¬rés (Art. 201 CPC).
DEBER PROCESAL. OBLIGACION PROCESAL. CAR¬GA PROCESAL
Son tres conceptos de uso corriente en el léxico pro¬cesal que, muchas veces, son confundidos. Por ello conviene diferenciarlos debidamente:
9.1. Deber
El deber procesal es el imperativo jurídico que tienen las partes y los terceros respecto del órgano judicial o los otros intervinientes en el proceso, v.g.: las partes deben litigar conforme al Principio de moralidad; los terceros tienen el deber de testimoniar la verdad. Así también, el órgano ju¬dicial respecto de aquéllos v.g.: el juez debe resolver opor¬tunamente el litigio, el juez debe inhibirse si existe causa para ello.
El incumplimiento de los deberes procesales hace pasible de sanciones al infractor.
9.2. Obligación
La obligación procesal es un imperativo jurídico que una parte procesal tiene respecto de la otra o del órgano ju¬dicial v.g.: el pago de las costas procesales y de las multas en carácter de sanciones comninatorias. (astreintes).
En caso de no cumplirse voluntariamente la obliga¬ción, el acreedor puede ejecutar su crédito contra el deudor.
9.3. Carga
La carga procesal consiste en un imperativo del pro¬pio interés, en cuya virtud existe la necesidad de realizar una determinada actividad procesal a fin de evitar que sobreven¬ga un perjuicio.
El concepto de carga procesal, expuesto por GOLDSCHMIDT, es propio del Derecho procesal. COUTURE la define como la situación jurídica en que se hallan los litigantes en el proceso, cuando la ley o el juez requieren de ellos una determinada conducta, de realización facultativa, dándoles por consiguiente la opción de omitirla o realizarla, trayendo la omisión aparejado un gravamen y constituyendo la realización un imperativo de su propio interés. Constitu¬yen cargas procesales comparecer en el juicio, contestar la demanda, probar una afirmación, etc ..
En la carga, dice SENTIS MELENDO, se está en el campo de la libertad, el sujeto tiene la opción entre cumplir o no cumplir con su conducta (carga), si no lo hace no tendrá sanción, pues lo que se busca es facilitar la situación del otro sujeto, porque el fin perseguido, justamente, es proteger el propio interés. El que cumple con la carga (imperativo de su interés) favorece su posición procesal (interés) y no el ajeno, como sucede con la obligación y también con el deber.
CARNELUTTI diferencia la carga de la obligación, expresando que aquélla es un acto necesario, en tanto que ésta es un acto debido.
Estudio de casos: Reconocimiento de filiacion
(TRABAJO RESUELTO)
TRABAJO A DISTANCIA N° 3 -
(Agregar al el Portafolios).
ALUMNO: _____________________________________________________________
HECHOS: ”... Que, la Sra. ANA DEJESUS VAZQUEZ concurre ante tu Estudio Jurídico, y manifiesta que:
“…se encontraba vinculada sentimentalmente al Sr. DOMINGO ANTONIO RODRIGUEZ, desde el año 2000, tiempo aquel en la que la misma residía en el domicilio de la Sra. MERCEDES IBARRA, madrina de la misma, sito en el Barrio San Roque González de esta ciudad, y a la vez, prestaba servicios laborales en una casa comercial de esta ciudad. Debido a la relación surgida entre mi mandante y el hoy accionado, los encuentros entre los mismos, en diferentes lugares, como cualquier pareja normal, resultaban constantes y permanentes, constituyendo, la relación pública entre los mismos, del conocimiento de un gran número de personas. Que, producto de la relación sentimental la Srta. ANA DEJESUS VAZQUEZ quedó embarazada del Sr. DOMINGO ANTONIO RODRIGUEZ, razón por la que se vio obligada a retirarse del domicilio en que moraba (Bo. San Roque González), pasando a residir en un pequeño departamento del denominado “Edificio Avenida”, ubicado en la intersección de la Av. Caballero y Carlos A. López de esta ciudad. La residencia en el lugar, era solventada como corresponde, atendiendo al estado de embarazo que la misma ostentaba, por el padre de su menor hijo, Sr. DOMINGO ANTONIO RODRIGUEZ, quien, inclusive, suscribió documentos para el pago de las referidas mensualidades derivadas del alquiler del departamento, documentos estos que en algunos casos eran inclusive retirados por la Srta. ANA DEJESUS VAZQUEZ, del poder de la administración del edificio. En todos los casos, el hoy demandante era la persona de quien provenía el dinero para el pago correspondiente. Que, en fecha 26 de noviembre de 2005, se produce el nacimiento del menor ANTONIO MATHIAS, hijo de la Srta. ANA DEJESUS VAZQUEZ y el Sr. DOMINGO ANTONIO RODRIGUEZ El alumbramiento normal se produjo mediante el trabajo profesional de los médicos del Sanatorio Itapúa de esta ciudad, lugar donde el hoy demandado se presentó en dos oportunidades, abonando, a través de otra persona (el hermano) el dinero adeudado por los gastos de internación médica y accesorios. Que, con posterioridad a los hechos señalados, comenzó ANA DEJESUS VAZQUEZ, ya acompañada de su hijo recién nacido, a vivir un verdadero vía crucis, pasó del alquiler del departamento en el Edificio Avenida, a una vivienda de Artigas c/Villarrica de esta ciudad. Siempre el importe de los alquileres devengados eran abonados por el Sr. DOMINGO ANTONIO RODRIGUEZ, atendiendo el estado en que la Srta. ANA DEJESUS VAZQUEZ se encontraba (tenía un hijo muy pequeño que merecía su atención permanente). Por último, la Srta. ANA DEJESUS VAZQUEZ, cansada de las promesas de una vida mejor por parte del padre de su menor hijo, y ante las evasivas y negativas permanentes a reconocer a su hijo por parte de este último, decidió trasladarse y vivir dignamente en la casa de su madre, donde hasta la fecha reside.
CONSIGNAS:
1. Leemos la relación de hechos expuestos por el que pretende demandar.
2. Consultamos la legislación vigente a fin de determinar cuál sería la normativa aplicable al caso.
3. Establecemos la acción concreta a plantear en el caso con la respectiva denominación que creamos es la correcta.
4. Qué tipo de trámite se le imprime al juicio promovido según las normas vigentes.
5. Qué Juzgado es el competente para tramitar la acción a promover.
6. Establecemos la estrategia de prueba para probar la demanda. A tal fin mencionamos que pruebas se ofrecerá, y en su caso cuál de ellas sería fundamental en caso de la negativa de la paternidad del demandado.
7. REDACTAMOS UN ESCRITO DE DEMANDA tomando como fundamento los hechos y el derecho aplicable al caso y presentamos a la Cátedra en fecha miércoles 29 de abril de 2.009.
RESPUESTAS:
A. Disposiciones legales aplicables al caso:
Art. 225, 234, 235 del Código Civil.
Concuerda con los arts. 16, 53, 54, 247 7 256 de la CN
Concuerda con los arts. 1, 2, 3, 11, 19, 24 y 25 de la Ley N° 1/89 (Pacto de San José)
Concuerda con los arts. 1, 2, 3, 4, 7, 8, 17 y 19 de la Convención de la Naciones Unidas sobre los derechos del Niño – Ley N° 57/90
Concuerda con los arts. 1, 2, 3, 4, 7 y 18 del CNA
B. La acción a plantear es la de “Reconocimiento de filiación” (Art. 183 CNA y 234 del CC)
C. El trámite procesal aplicable a la demanda es el previsto en para el juicio de conocimiento sumario previsto en el Código Procesal Civil – Art. 683 del CPC y 183 del CNA.
ACCION DE RECONOCIMIENTO DE FILIACION TRAMITE
DEMANDA
TRASLADO DE LA DEMANDA 9 días
Ofrecimiento de pruebas En un solo acto: en el escrito de demanda y en el de la contestación de la misma
Prueba preferente – Art. 184 CNA Prueba Pericial de sangre, de ADN (ácido desoxirribonucleico) u otras pruebas científicas equivalentes, que en caso de negativa conlleva la presunción de paternidad o maternidad. (Ver Ley N° 1914/02 “Que exonera el pago de los estudios de histocompatibilidad (HLA) y la inmunogenética (ADN)”, cuando el interesado actúe con beneficio de litigar sin gastos. Concuerda con la Resolución de la CSJ N° 566 de fecha 22 de noviembre de 2005.
Período de pruebas 20 días
Número de testigos (máx.) 5
Alegatos por escrito: art.183 CNA y art. 379 CPC, con el criterio de la cátedra de que la normativa no establece si el plazo para los alegatos es común o individual, debiendo tenerse como plazo individual por aplicación del art. 379 del CPC. 6 días (plazo individual)
Plazo para Sentencia 20 días
D. El Juzgado competente es: El Juzgado de la Niñez y la Adolescencia (Art. 161 inc. a) del CNA)
E. Estrategia del Plan de Pruebas:
a) Prueba Documental: adjuntar toda la prueba documental disponible, como ser:
• Certificado de nacimiento del que pretende el reconocimiento de la filiación;
• Fotografías, recibos o comprobantes relacionados con el nacimiento y que hayan sido abonados por el eventual demandado, y cualquier otro documento relevante para el caso;
b) Prueba Confesoria del demandado (Absolución de posiciones)
c) Prueba testifical: De las personas que tienen conocimiento de la relación existente entre los padres del que solicita el reconocimiento de la filiación, a fin de probar la posesión de estado esencialmente y demás circunstancias relacionadas a la vinculación de paternidad/maternidad entre el demandado/a.
d) Prueba Pericial: Ofrecer la prueba pericial de ADN (prueba preferente según la ley)
e) Prueba de Reconocimiento Judicial: si fuere necesario comprobar algún hecho relevante para el caso.
f) Prueba de Informes: Por ejemplo del Centro médico, Sanatorio u similar, respecto al historial clínico del nacimiento del que pretende el reconocimiento de la filiación y en cuanto a la persona que corrió con los gastos médicos (que en el caso pudo haber sido el propio demandado).
F. La redacción de la demanda se debe ajustar a la normativa prevista para la demanda en el art. 215 del CPC y concordantes.
TRABAJO A DISTANCIA N° 3 -
(Agregar al el Portafolios).
ALUMNO: _____________________________________________________________
HECHOS: ”... Que, la Sra. ANA DEJESUS VAZQUEZ concurre ante tu Estudio Jurídico, y manifiesta que:
“…se encontraba vinculada sentimentalmente al Sr. DOMINGO ANTONIO RODRIGUEZ, desde el año 2000, tiempo aquel en la que la misma residía en el domicilio de la Sra. MERCEDES IBARRA, madrina de la misma, sito en el Barrio San Roque González de esta ciudad, y a la vez, prestaba servicios laborales en una casa comercial de esta ciudad. Debido a la relación surgida entre mi mandante y el hoy accionado, los encuentros entre los mismos, en diferentes lugares, como cualquier pareja normal, resultaban constantes y permanentes, constituyendo, la relación pública entre los mismos, del conocimiento de un gran número de personas. Que, producto de la relación sentimental la Srta. ANA DEJESUS VAZQUEZ quedó embarazada del Sr. DOMINGO ANTONIO RODRIGUEZ, razón por la que se vio obligada a retirarse del domicilio en que moraba (Bo. San Roque González), pasando a residir en un pequeño departamento del denominado “Edificio Avenida”, ubicado en la intersección de la Av. Caballero y Carlos A. López de esta ciudad. La residencia en el lugar, era solventada como corresponde, atendiendo al estado de embarazo que la misma ostentaba, por el padre de su menor hijo, Sr. DOMINGO ANTONIO RODRIGUEZ, quien, inclusive, suscribió documentos para el pago de las referidas mensualidades derivadas del alquiler del departamento, documentos estos que en algunos casos eran inclusive retirados por la Srta. ANA DEJESUS VAZQUEZ, del poder de la administración del edificio. En todos los casos, el hoy demandante era la persona de quien provenía el dinero para el pago correspondiente. Que, en fecha 26 de noviembre de 2005, se produce el nacimiento del menor ANTONIO MATHIAS, hijo de la Srta. ANA DEJESUS VAZQUEZ y el Sr. DOMINGO ANTONIO RODRIGUEZ El alumbramiento normal se produjo mediante el trabajo profesional de los médicos del Sanatorio Itapúa de esta ciudad, lugar donde el hoy demandado se presentó en dos oportunidades, abonando, a través de otra persona (el hermano) el dinero adeudado por los gastos de internación médica y accesorios. Que, con posterioridad a los hechos señalados, comenzó ANA DEJESUS VAZQUEZ, ya acompañada de su hijo recién nacido, a vivir un verdadero vía crucis, pasó del alquiler del departamento en el Edificio Avenida, a una vivienda de Artigas c/Villarrica de esta ciudad. Siempre el importe de los alquileres devengados eran abonados por el Sr. DOMINGO ANTONIO RODRIGUEZ, atendiendo el estado en que la Srta. ANA DEJESUS VAZQUEZ se encontraba (tenía un hijo muy pequeño que merecía su atención permanente). Por último, la Srta. ANA DEJESUS VAZQUEZ, cansada de las promesas de una vida mejor por parte del padre de su menor hijo, y ante las evasivas y negativas permanentes a reconocer a su hijo por parte de este último, decidió trasladarse y vivir dignamente en la casa de su madre, donde hasta la fecha reside.
CONSIGNAS:
1. Leemos la relación de hechos expuestos por el que pretende demandar.
2. Consultamos la legislación vigente a fin de determinar cuál sería la normativa aplicable al caso.
3. Establecemos la acción concreta a plantear en el caso con la respectiva denominación que creamos es la correcta.
4. Qué tipo de trámite se le imprime al juicio promovido según las normas vigentes.
5. Qué Juzgado es el competente para tramitar la acción a promover.
6. Establecemos la estrategia de prueba para probar la demanda. A tal fin mencionamos que pruebas se ofrecerá, y en su caso cuál de ellas sería fundamental en caso de la negativa de la paternidad del demandado.
7. REDACTAMOS UN ESCRITO DE DEMANDA tomando como fundamento los hechos y el derecho aplicable al caso y presentamos a la Cátedra en fecha miércoles 29 de abril de 2.009.
RESPUESTAS:
A. Disposiciones legales aplicables al caso:
Art. 225, 234, 235 del Código Civil.
Concuerda con los arts. 16, 53, 54, 247 7 256 de la CN
Concuerda con los arts. 1, 2, 3, 11, 19, 24 y 25 de la Ley N° 1/89 (Pacto de San José)
Concuerda con los arts. 1, 2, 3, 4, 7, 8, 17 y 19 de la Convención de la Naciones Unidas sobre los derechos del Niño – Ley N° 57/90
Concuerda con los arts. 1, 2, 3, 4, 7 y 18 del CNA
B. La acción a plantear es la de “Reconocimiento de filiación” (Art. 183 CNA y 234 del CC)
C. El trámite procesal aplicable a la demanda es el previsto en para el juicio de conocimiento sumario previsto en el Código Procesal Civil – Art. 683 del CPC y 183 del CNA.
ACCION DE RECONOCIMIENTO DE FILIACION TRAMITE
DEMANDA
TRASLADO DE LA DEMANDA 9 días
Ofrecimiento de pruebas En un solo acto: en el escrito de demanda y en el de la contestación de la misma
Prueba preferente – Art. 184 CNA Prueba Pericial de sangre, de ADN (ácido desoxirribonucleico) u otras pruebas científicas equivalentes, que en caso de negativa conlleva la presunción de paternidad o maternidad. (Ver Ley N° 1914/02 “Que exonera el pago de los estudios de histocompatibilidad (HLA) y la inmunogenética (ADN)”, cuando el interesado actúe con beneficio de litigar sin gastos. Concuerda con la Resolución de la CSJ N° 566 de fecha 22 de noviembre de 2005.
Período de pruebas 20 días
Número de testigos (máx.) 5
Alegatos por escrito: art.183 CNA y art. 379 CPC, con el criterio de la cátedra de que la normativa no establece si el plazo para los alegatos es común o individual, debiendo tenerse como plazo individual por aplicación del art. 379 del CPC. 6 días (plazo individual)
Plazo para Sentencia 20 días
D. El Juzgado competente es: El Juzgado de la Niñez y la Adolescencia (Art. 161 inc. a) del CNA)
E. Estrategia del Plan de Pruebas:
a) Prueba Documental: adjuntar toda la prueba documental disponible, como ser:
• Certificado de nacimiento del que pretende el reconocimiento de la filiación;
• Fotografías, recibos o comprobantes relacionados con el nacimiento y que hayan sido abonados por el eventual demandado, y cualquier otro documento relevante para el caso;
b) Prueba Confesoria del demandado (Absolución de posiciones)
c) Prueba testifical: De las personas que tienen conocimiento de la relación existente entre los padres del que solicita el reconocimiento de la filiación, a fin de probar la posesión de estado esencialmente y demás circunstancias relacionadas a la vinculación de paternidad/maternidad entre el demandado/a.
d) Prueba Pericial: Ofrecer la prueba pericial de ADN (prueba preferente según la ley)
e) Prueba de Reconocimiento Judicial: si fuere necesario comprobar algún hecho relevante para el caso.
f) Prueba de Informes: Por ejemplo del Centro médico, Sanatorio u similar, respecto al historial clínico del nacimiento del que pretende el reconocimiento de la filiación y en cuanto a la persona que corrió con los gastos médicos (que en el caso pudo haber sido el propio demandado).
F. La redacción de la demanda se debe ajustar a la normativa prevista para la demanda en el art. 215 del CPC y concordantes.
CAPITULO VIII - El Proceso
PROCESO
SUMARIO: 1. Concepto.- 2.Acepciones.- 3. Finalidad.- 4. Natu¬raleza jurídica. 4.1. Teoría del contrato. 4.2 Teoría del cuasicontrato. 4.3. Teoría de la relación jurídica. 4.4. Teoría de la situación jurídica. 4.5. Teoría de la institución. 4.6. Teoría de la naturaleza propia. 4.7. Conclusión.- 5. Clases de procesos. 5.1. De acuerdo con su estructura. 5.1.1. Procesos ordinarios. 5.1.2. Procesos especiales. 5.1.3. Procesos sumarios. 5.2. De acuerdo con la finalidad de la pretensión. 5.2.1. Procesos de declaración. 5.2.2. Procesos de ejecución. 5.2.3. Procesos cautelares. 5.3. En rela¬ción al contenido. 5.3.1. Procesos universales. 5.3.2. Procesos sin¬gulares. 5.4. En atención al medio de expresión. 5.4.1. Procesos escritos. 5.4.2. Procesos orales. 5.5. De acuerdo con el órgano interviniente. 5.5.1. Procesos judiciales. 5.5.1.1. Contenciosos. 5.5.1.2. Voluntarios. 5.5.2. Procesos arbitrales.- 6. Acumulación de procesos. 6.1. Procedencia. 6.2. Admisibilidad. 6.2.1. Unidad de instancia. 6.2.2. Unidad de competencia. 6.2.3. Unidad de trá¬mites. 6.3. Reglas. 6.4. Modos. 6.4.1. Petición de parte. 6.4.1.1. Excepción de litispendencia. 6.4.1.2. Incidente. 6.4.2. De oficio. 6.5. Efectos. 6.5.1. Suspensión del trámite del proceso más avan¬zado. 6.5.2. Sustanciación separada. 6.5.3. Sentencia única (uni¬dad de pronunciamiento).- 7. Debido proceso.
1. CONCEPTO
Como consecuencia de la prohibición de la autodefensa, los conflictos que se producen entre las personas (físicas o jurídicas) deben ser resueltos por medio de los órganos jurisdiccionales. La protección que se requiere del Estado, que actúa a través del Poder Judicial, determina el nacimiento del proceso.
El proceso aparece, entonces, como el medio que tie¬ne el Estado para ejercer su función jurisdiccional. Dicho de otro modo, la función jurisdiccional del Estado se ejerce a través del proceso.
El proceso es un instrumento para cumplir los fines del Estado al imponer a las personas una determinada con¬ducta jurídica adecuada al Derecho y, a la vez, brindarles la tutela jurídica.
El proceso es un método de debate, regulado por la ley, para resolver un conflicto de intereses.
El vocablo proceso deriva del latín "processus", que significa avance, progreso. Implica un desenvolvimiento, una continuidad dinámica, una sucesión de actos que se dirigen a un fin.
Destaca COUTURE su carácter teleológico, ya que se encuentra constituido por un conjunto de actos mediante los cuales se realiza la función jurisdiccional y, por consiguien¬te, persigue el fin de ésta.
Antiguamente el proceso era confundido Con la sim¬ple sucesión de actos de procedimiento (procedimentalismo), sin entender que por encima de estos actos se hallaba un fin, y que esos actos presuponen a los tres sujetos esenciales de la relación procesal: el juez, el actor y el demandado (actum trium personarum).
No se debe confundir el proceso con el procedimien¬to, que consiste en los trámites relativos a cada proceso.
En todo proceso siempre habrá un procedimiento, es decir, una serie de actos que realizan las partes y el juez. El proceso va más allá, porque supone siempre la bilateralidad entre las partes y la presencia imprescindible de un tercero imparcial que decide la controversia.
A su vez, CARNELUTTI explica que "el litigio está pre¬sente en el proceso, como la enfermedad lo está en la cura¬ción. El proceso consiste, fundamentalmente, en llevar el liti-gio ante el juez, o también desenvolverlo en su presencia. Ello explica en primer lugar, el estrechísimo contacto entre las no¬ciones del proceso y litigio, y la facilidad y la costumbre de confundirlos entre si... De ahí que entre proceso y litigio, me¬dia la misma relación que entre continente y contenido".
2. ACEPCIONES
El vocablo proceso es utilizado en ciertos casos como sinónimo de expediente, es decir, el conjunto de escritos judi¬ciales que consignan los actos procesales de las partes y del juez. El expediente judicial no es el proceso, sino su simple materialización. También se lo emplea como sinónimo de pro¬cedimiento, cuya distinción se hizo en el apartado anterior.
En el derecho positivo se utiliza la palabra proceso en sentido multívoco, haciéndola extensiva a los juicios, cau¬sas, litigios, pleitos, asuntos, contiendas y controversias.
El vocablo proceso, no obstante su origen latino, es de uso reciente. Los romanos decían "iudicium", que viene de "iudicare" y significa declarar el derecho. Por eso, en sen¬tido estricto la voz juicio se refiere más bien al acto intelec¬tual del juez por el cual decide la causa, poniendo fin al pro¬ceso.
3. FINALIDAD
El proceso tiene un doble fin que consiste en hacer efectiva la voluntad de la ley (función pública) y satisfacer los legítimos intereses de las partes (función privada).
Se suele decir que las normas procesales son instrumentales, en el sentido de que se hallan destinadas a hacer efectivos los derechos consagrados en la Constitución y en las leyes materiales. Dice DE LA COLINA que al apli¬carse las leyes del Código Procesal, es necesario guardarse de considerarlas como objeto principal, cuando no son sino un medio de esclarecer y facilitar la marcha de la Justicia. Las formalidades del juicio no son trampas armadas a la bue¬na fe, sino instrumentos con que se busca la seguridad de los intereses en conflicto, con lo que queda dicho que los jueces no deben ampararse en vanas sutilezas para negar su apoyo a legítimos derechos. En caso de duda, la solución que se im¬pone es la que favorece esos derechos, facilita el descubri¬miento de la verdad, tiende a la pronta terminación del plei¬to, hace económica y sencilla la práctica de una diligencia, etc. Lo mismo si se trata de llenar una laguna o suplir una deficiencia de la ley, concluye.
En verdad, de acuerdo con CARNELUTTI, el proceso no tendría razón de ser sin el derecho material, ni éste ten¬dría fuerza para existir sin el proceso.
El Derecho procesal es, como el derecho material, au¬tónomo, desprendido como rama del tronco común del Dere¬cho que es uno solo.
Su finalidad expresada líneas antes, como dice ALLEN, no se halla subordinada jurídicamente a ninguna otra, salvo la común de todo el Derecho que es ser instru¬mento de valores jurídicos. O, como expresa la Constitu¬ción, al señalar que la misma se sanciona" con el fin de asegurar la libertad, la igualdad y la justicia" (Preámbulo CN).
A veces aparece en primer plano la resolución del con¬flicto subjetivo, es decir, la satisfacción de un derecho subje¬tivo o de una situación jurídica concreta, y en segundo plano la aplicación del derecho objetivo. En otros casos es al re¬vés. Sucede lo primero en el proceso civil y lo segundo en el proceso penal.
Finalmente, pero no por ello menos importante, como fin del proceso, junto a la verdad, debe encontrarse el bien.
4. NATURALEZA JURIDICA
La naturaleza es la esencia y propiedad característica de cada ser.
Para determinar la naturaleza jurídica de un instituto, fi¬gura o fenómeno del Derecho, debe uno conocer su esencia.
Se debe estudiar si tiene una esencia particular, pro¬pia. Si no tiene naturaleza propia hay que referirla a otra que sí la tenga para, de tal suerte, poder aplicar en caso de insu¬ficiencia legislativa, supletoriamente a aquélla las normas reguladoras de ésta.
Diversas son las teorías que han sido propuestas por la doctrina para explicar la naturaleza jurídica del proceso. Las más conocidas, en orden cronológico, son:
4.1. Teoría del contrato)
Esta teoría asimila la naturaleza procesal a la contractual. Supone la existencia de una convención entre el actor y el demandado, en la que se fijan los puntos de la discusión y se otorga autoridad al juez.
Su antecedente se encuentra en la "litis contestatio" del Derecho romano, que significaba un acuerdo de volunta¬des por el que se investía de poder al "iudex" (árbitro).
En el Derecho moderno se siguen empleando dicha terminología y concepto. En efecto, se hace referencia a la "litis contestatio" y a que con la demanda y contestación se fijan los límites de la litis y los poderes del juez.
Cabe señalar que el juez que interviene en el proceso no está ligado, en términos absolutos, por la voluntad de las partes, ni la fuerza de su mandato nace de tal voluntad, sino de la soberanía del Estado. Además, normalmente, no es uná¬nime el deseo de las partes de litigar. El demandado, por lo general, es llevado al litigio aun contra su voluntad. Siendo así, no podría explicarse el proceso considerándolo un con¬trato.
4.2. Teoría del cuasicontrato
Esta teoría es una derivación de la teoría del contrato.
En efecto, al advertirse que ésta no podía explicar las situa¬ciones en las cuales el demandado concurría a litigar contra su voluntad o ésta faltaba (rebeldía), se elaboró la teoría del cuasicontrato.
En virtud de la misma, sus sostenedores dicen que los vínculos procesales nacen de la voluntad unilateral de un su¬jeto, el actor, el cual con su conducta y bajo ciertos requisi¬tos formales, liga válidamente a otras personas distintas. Debe recordarse que la diferencia esencial que media entre los contratos y los cuasicontratos está, precisamente, en que en estas últimas faltas el acuerdo de voluntades.
A esta teoría se le objeta que el proceso como institu¬ción de Derecho público no puede explicarse como un mero entrecruce de voluntades particulares, sean éstas unilatera¬les o bilaterales. El resultado procesal se impone a las partes por la fuerza de un mandato del Estado y por la aceptación previa que alguno de los litigantes haya hecho del mismo. El juez cumple una función pública porque ejerce, en forma de¬legada, uno de los atributos de la soberanía.
4.3. Teoría de la relación jurídica
La teoría de la relación jurídica es considerada la teo¬ría dominante. Según la misma el proceso es una relación jurídica entre determinados sujetos investidos de poderes otorgados por la ley, que actúan en vistas a un determinado fin.
Esta teoría tiene sus antecedentes en las ideas de Hegel. Fue expuesta, por primera vez, por Von Bülow en su libro "La teoría de las excepciones procesales y los presupues¬tos procesales" y, posteriormente, fue desarrollada especialmen¬te por la doctrina italiana.
Afirma que la actividad de las partes y del juez está regida por la ley, y que el orden establecido para regular la condición de los sujetos dentro del proceso, determina una relación jurídica de carácter procesal, consistente en el com¬plejo de derechos y deberes a que está sujeto cada uno de ellos, tendiendo a un fin común: la actuación de la ley.
La relación es la unión real o mental de dos términos, sin confusión entre si. Relación es el vínculo que aproxima una cosa a otra, permitiendo mantener entre ellas su primitiva individualidad. Cuando en el lenguaje del Derecho procesal se habla de relación jurídica, no se tiende sino a señalar el vínculo o ligamen que une entre sí a los sujetos del proceso y sus pode- I res y deberes respecto de los diversos actos procesales.
El principal expositor de esta teoría es CHIOVENDA, que dice: "El proceso es una unidad no solamente porque los varios actos de que se compone están coligado s para un fin común. Esta unidad es propia de cualquier empresa, aunque no sea jurídica, como una obra de arte, la construcción de un edificio, un experimento científico y otras semejantes. El proceso es una unidad jurídica, una organización jurídica o. en otros términos, una relación jurídica. El proceso civil con¬tiene una relación jurídica".
4.4. Teoría de la situación jurídica
Esta teoría fue expuesta por GOLDSCHMIDT, quien considera que no puede hablarse de una relación jurídica en el proceso. Dice que los imperativos referidos al juez, espe¬cialmente el deber de decidir la controversia, son de natura¬leza constitucional y no procesal, y derivan de su cargo de funcionario público y no del juicio.
Expresa que los vínculos jurídicos que nacen del pro¬ceso entre las partes no son propiamente "relaciones jurídi¬cas" (consideración estática del Derecho), es decir, no son facultades ni deberes en el sentido de poderes sobre impera¬tivos o mandatos, sino situaciones jurídicas (consideración dinámica del Derecho), esto es situaciones de expectativa, es¬peranzas de la conducta judicial que ha de producirse y, en último término, del fallo judicial futuro; en una palabra: ex¬pectativas, posibilidades y cargas. Sólo aquéllas son dere¬chos en sentido procesal - el mismo derecho a la tutela jurídica (acción procesal) no es, desde este punto de vista, más que una expectativa jurídicamente fundada - y las últimas las cargas "imperativos del propio interés", ocupan en el proceso el lugar de las obligaciones.
El concepto de carga procesal se debe precisamente a GOLDSCHMIDT, quien la define como la realización de un imperativo del propio interés.
4.5. Teoría de la institución
El concepto de institución nos indica que consiste en una organización jurídica al servicio de una idea.
Institución, dice GUASP quien es el creador de esta teo¬ría, es un conjunto de actividades relacionadas entre sí por el vínculo de una idea común y objetiva, a la que figuran adhe¬ridas, sea ésa o no su finalidad individual, las diversas vo¬luntades particulares de los sujetos de quienes procede aque¬lla actividad.
Hay dos elementos fundamentales en toda institución: la idea objetiva o común y las voluntades particulares que adhieren a la misma. Consecuentemente, el proceso sería: una organización puesta al servicio de la idea de Justicia.
4.6. Teoría de la naturaleza propia
La teoría que le asigna al proceso naturaleza jurídica propia es sostenida, entre otros, por ALVARADO VELLOSO, quien dice: " Toda esta búsqueda (de la naturaleza del proceso) ha perdido interés académico pues, a partir de que se ha concebido a la acción procesal como una instancia ne¬cesariamente bilateral (o proyectiva), el proceso (objeto de aquélla) adquirió una categoría propia que no puede ser subsumida en otra categoría general. De tal modo, el proce¬so es proceso. Y punto. Lo que lleva a sostener que no es un contrato, que no es un cuasicontrato, que no es una relación, etcétera.
En otras palabras: para explicar la esencia de la serie lógica y consecuencial de instancias bilaterales conectadas entre sí por la autoridad, que se utiliza como medio pacífico de debate dialéctico entre dos partes antagónicas ante un ter¬cero que es imparcial, impartial e independiente, no se pre¬cisa buscar su encuadramiento en otra figura del Derecho en razón de que es un fenómeno único en el mundo jurídico y. por ende, inconfundible por irrepetible.
La más prestigiosa doctrina española contemporánea ya ha advertido esta circunstancia, al sostener que así de simple el proceso carece de naturaleza jurídica".
4.7. Conclusión
Según PRIETO CASTRO todas las teorías no se ex¬cluyen sino antes bien se complementan. Son modos distin¬tos de contemplar el fenómeno, que corresponden a diversos grados del conocimiento.
La teoría del contrato, de la cual el cuasicontrato es una derivación, ve sólo el aspecto externo y responde a la preocupación de hallar un principio aglutinador de los actos orientados hacia la misión final: la sentencia. La teoría de la relación procesal es un examen de su contextura interna que da un sentido unitario a los actos del procedimiento. La de la situación jurídica es la fundamentación sociológica del pro¬ceso, visto éste no como unidad jurídica sino como una rea¬lidad de la vida social. Aquélla explica "cómo debe ser" el proceso cuyo fin es que quien tenga razón triunfe. Esta ex¬plica "cómo es" el proceso en la realidad, en la que triunfa quien mejor defiende su derecho mediante el cumplimiento de las cargas procesales.
Cabe señalar que el tema de la naturaleza jurídica del proceso supera su aspecto meramente académico, al tener con¬secuencias prácticas.
Evidentemente, si no se acepta la figura del contrato para explicar la naturaleza del proceso queda excluida la po¬sibilidad de recurrir, como fuente subsidiaria, a las normas que regulan este instituto en el Derecho civil.
Del igual modo, no siempre es conveniente tratar de encasillar un instituto nuevo en otro ya conocido, buscando encontrar semejanzas y diferencias con figuras típicas de otras ramas del Derecho. En este sentido, el fenómeno procesal apa¬rece como suficientemente característico y autónomo como para ser estudiado en forma separada e independiente.
Adviértase que el proceso se presenta como un fenó¬meno jurídico complejo. Dentro del mismo se dan actos jurí¬dicos, relaciones jurídicas y situaciones jurídicas. Esos actos jurídicos constituyen la manifestación exterior de una rela¬ción jurídica que los vincula a todos. A su vez, las posicio¬nes de los sujetos en el proceso los colocan en determinadas situaciones jurídicas.
La relación jurídica procesal tiene características pe¬culiares porque es dinámica y no estática. Es una relación continuada y progresiva, con una finalidad única. Se presen¬ta de manera dialéctica como una serie de acciones y reaccio¬nes, de ataques y defensas, de conflicto de intereses, sin per¬juicio de que esa serie tenga una unidad de fin y un objetivo común: la sentencia definitiva. Se dice que la relación jurídica procesal es única, continua y compleja.
La posición de los sujetos en la relación procesal no es semejante a la que de ordinario tienen en la relación jurídica civil. El juez tiene el deber de fallar; en consecuencia, no se trata de una obligación con las partes, sino una atribu¬ción (poder - deber) derivada de su calidad de funcionario público investido de autoridad. Las partes no se encuentran obligadas a efectuar actos procesales, pero sí tienen la carga procesal de hacerlo, que es un concepto específico procesal.
5. CLASES DE PROCESOS
El proceso, si bien constituye un fenómeno jurídico único, puede ser objeto de distintas clasificaciones, atendiendo las diversas circunstancias vinculadas al mismo.
5.1. De acuerdo con su estructura
Los procesos se dividen en:
5.1.1. Procesos ordinarios: El proceso de conocimiento ordinario es el proceso tipo de carácter general. Es el que ofrece mayores garantías para el ejercicio de los derechos, en razón de que en él los plazos son más extensos, se permite un mayor debate, la prueba es amplia, y es libre la impugnación de las resoluciones.
El proceso de conocimiento ordinario, siguiendo a GUASP, se estructura del siguiente modo:
5.1.1.1. La etapa introductoria o expositiva: que comienza con la promoción de la demanda.
5.1.1.2. La etapa probatoria: que es normal pero no esen¬cial, porque sólo procede cuando se alegan hechos condu¬centes y controvertidos.
5.1.1.3. La etapa decisoria: que comienza con la providencia de autos y concluye con la sentencia definitiva.
Los procesos ordinarios tienen por objeto que en ellos se sustancien y decidan en forma definitiva todas las cuestio¬nes que puedan estar comprendidas en el conflicto. Son siem¬pre de conocimiento y contenciosos. Se hallan estructurados de tal modo que permiten un amplio debate y prueba.
5.1.2. Procesos especiales: Son los legislados para determi¬nados asuntos que por la simplicidad de las cuestiones o por la urgencia que requiere su solución, tienen un trámite espe¬cífico y breve, sencillo y rápido, v.g.: rendición de cuentas, desalojo, etc.
5.1.3. Procesos sumarios: En este tipo de procesos el cono¬cimiento del juez se limita a la constatación de los requisitos exigidos por la ley para la procedencia de la acción, sin en¬trar al examen de la relación de derecho substancial en que se fundan. El conocimiento que se obtiene en esta categoría de procesos es puramente procesal, v.g.: juicio ejecutivo.
La resolución del conflicto no es definida, por lo que la sentencia que se dicta sólo tiene autoridad de cosa juzgada formal, admitiendo otro proceso posterior.
El proceso o juicio sumario es un tipo dentro de los procesos especiales.
5.2. De acuerdo con la finalidad de la pretensión
Los procesos pueden ser:
5.2.1. Procesos de declaración: En los cuales el juez se infor¬ma plenamente de la relación jurídica y el conflicto se resuel¬ve en forma total y definitiva.
De acuerdo con el Código Procesal Civil pueden ser: de conocimiento ordinario o de conocimiento sumario.
5.2.2. Procesos de ejecución: El conocimiento del juez se li¬mita a constatar el incumplimiento de la obligación. Pueden tener por finalidad hacer efectivo 10 resuelto en una anterior sentencia de condena cuando ésta no es voluntariamente cum¬plida (ejecución de sentencia), o que el acreedor de una obli¬gación en dinero, líquida y exigible que consta en un título ejecutivo extrajudicial, rec1amejudicialmente su cumplimiento al deudor Quicio ejecutivo).
Los procesos de ejecución son de acuerdo a nuestra ley procesal procesos mixtos, porque tienen una parte declarativa (de conocimiento) y otra de ejecución propiamen¬te dicha.
Como enseña CARNELUTTI, la clasificación del pro¬ceso se funda en la diferencia entre declaración y actuación de las relaciones jurídicas. Hay casos en que basta que una relación sea declarada para que se logren los fines del Dere¬cho, y otros en los cuales es necesario, en cambio, que se actúe, esto es que se ajuste a la situación jurídica la situa¬ción material. En el primer caso, el proceso tiende a que el juez declare lo que debe ser, en tanto que en el segundo, el proceso tiende a que el juez ordene que se haga lo que se debe hacer.
5.2.3. Procesos cautelares: Estos procesos son complemen¬tarios de los demás procesos. Tienen por objeto asegurar el resultado práctico de la sentencia, de tal suerte que por el tiempo transcurrido entre la iniciación del proceso y su resolución no quede frustrado el derecho del actor.
5.3. En relación al contenido
Los procesos se distinguen en:
5.3.1. Procesos universales: Son aquellos en los que a un mis¬mo tiempo se tratan diferentes pretensiones que correspon¬den a diversas personas, con el propósito de obtener la liquidación y distribución de un patrimonio, v.g.: sucesión, quie¬bra, disolución de la comunidad conyugal.
5.3.2. Procesos singulares: En estos procesos se debate la pretensión de una persona contra otra persona relativa a un objeto determinado. La acumulación de acciones: por la exis¬tencia de varios actores o demandados (acumulación subje¬tiva) o de varias pretensiones (acumulación objetiva), no hace que el proceso deje de ser singular porque se lo considera como una unidad jurídica.
5.4. En atención al medio de expresión
En relación al medio de expresión predominantemente utilizado, los procesos se dividen en:
5.4.1. Procesos escritos: Con predominio dé la escritura sobre la oralidad, v.g.: procesos del fuero civil y comercial.
5.4.2. Procesos orales: Donde prima la oralidad sobre la escri¬tura, v.g.: procesos del fuero penal.
5.5. De acuerdo con el órgano interviniente
Pueden ser:
5.5.1. Procesos judiciales: Son los procesos típicos que se sus¬tancian ante los órganos judiciales integrantes del Poder Judi¬cial. Se los divide en:
5.5.l.l. Contenciosos: Cuando tienen por objeto la resolución de un conflicto de intereses mediante el pronunciamiento de una sentencia con autoridad de cosa juzgada. Los sujetos del proceso contencioso reciben el nombre de partes procesales.
5.5.1.2. Voluntarios: Cuando sólo buscan otorgar autentici¬dad O eficacia a un estado o relación jurídica. Los sujetos en el proceso voluntario se denominan solicitantes o peticionarios.
Se caracterizan porque el pronunciamiento judicial se realiza exclusivamente a favor del solicitante y no en contra de otra persona, aunque puede darse el caso que, cuando surge algún conflicto entre los peticionarios, se convierta en un proceso contencioso.
5.5.2. Procesos arbitrales: Cuando el conflicto es sometido a la decisión de jueces privados que son denominados árbi¬tros cuando deben actuar y fallar de acuerdo a normas deter-minadas, y arbitradores o amigables componedores cuando su actuación y decisión no están sujetas a reglas determinadas sino a su leal saber y entender.
Nuestro Código Procesal Civil, teniendo en cuenta la forma en que se estructuran los procesos, los divide en: Pro¬ceso de Conocimiento Ordinario (Libro II), Proceso de Eje-cución (Libro III), Juicios y Procedimientos Especiales (Li¬bro 1 V) Y Proceso Arbitral (Libro V).
6. ACUMULACION DE PROCESOS
La acumulación de procesos consiste en reunir dos o más procesos en trámite, con el objeto de que todos ellos constituyan un solo juicio y sean terminados por una sola sentencia.
La acumulación se verifica por la unión material de dos o más expedientes, que por tener pretensiones conexas, no pueden ser substanciados separadamente sin correr el gra¬ve riesgo de que se dicten sentencias contradictorias o de cumplimiento imposible.
La institución se funda en las siguientes razones:
a) Evitar el dictado de decisiones contradictorias, lo cual constituirá un "escándalo jurídico" que desprestigiará a la ad¬ministración de justicia.
b) Posibilitar que las sentencias puedan efectivamente ejecutarse, es decir, sean útiles.
c) Cumplir con el Principio de economía procesal.
6.1. Procedencia
De acuerdo con nuestra legislación procesal la acumulación de procesos corresponderá cuando:
6.1.1. Sea admisible la acumulación subjetiva de pretensiones, siem¬pre que las mismas sean conexas por el título, por el objeto o por ambos elementos a la vez (Art. 101 CPC).
6. 1 .2. El actor, titular de diversas pretensiones conexas, no haya hecho uso frente al demandado de la facultad de reali¬zar la acumulación objetiva de pretensiones (Art. 100 CPC), promoviendo varias demandas
6.1.3. El demandado, en lugar de deducir reconvención en el mismo proceso, deduce otro juicio con una pretensión conexa a la promovida por el actor contra él.
6.2. Admisibilidad
Los requisitos de admisibilidad necesarios para que pueda producirse la acumulación de procesos, son:
6.2.1. Unidad de instancia: Todos los procesos, cuya acumu¬lación se pretende, deben encontrarse en la misma instancia, vale decir, pueden acumularse en cualquier instancia (prime¬ra, segunda), pero no será posible si estuvieren en instancias distintas.
6.2.2. Unidad de competencia: La acumulación de procesos no puede alterar la regla de la competencia en razón de la materia, porque la misma se funda en consideraciones de or¬den público, que no pueden ser soslayadas ni por las partes, aunque exista acuerdo, ni por el juez.
6.2.3. Unidad de trámites: La unidad de trámites se exige, por obvias razones de orden procesal, como condición para la debida substanciación de los procesos acumulados.
No obstante, si se trata de procesos de ejecución, su¬jetos a distintos trámites y la sentencia que haya de dictan", en uno de los procesos sea susceptible de producir efectos de cosa juzgada en otro u otros, procederá la acumulación, en cuyo caso el juez determinará el procedimiento atendiendo u la mayor amplitud de la defensa en juicio.
6.3. Reglas
La acumulación de procesos, en principio, debe pro¬ducirse sobre el expediente que estuviere más avanzado. Ex¬cepcionalmente, cuando no pueda establecerse cuál es el pro¬ceso más avanzado o se encontraren en la misma etapa pro¬cesal, la acumulación se hará sobre el proceso más antiguo, debiendo entenderse por tal aquel que fue primeramente no¬tificado, porque desde ese momento quedó trabada la rela¬ción procesal.
En el caso de procesos en que los jueces ejercen dis¬tintas competencias por razón del valor o monto de los jui¬cios, V.g.: jueces de paz, jueces de menor cuantía, jueces de primera instancia, la acumulación se hará sobre el de mayor cuantía.
6.4. Modos
Los modos mediante los cuales puede obtenerse la acu¬mulación de procesos, son: a petición de parte o de oficio.
6.4.1. Petición de parte: Cuando es a pedido de parte, las vías procesales hábiles serán la excepción de litispendencia o el incidente de acumulación.
6.4.1.1. Excepción de litispendencia: Esta excepción guarda afinidad con la figura de la acumulación de procesos, aun¬que no se trata de la misma situación. Para que proceda la litispendencia deben concurrir las tres identidades: sujeto, ob¬jeto y causa. La excepción debe deducirse dentro del plazo para contestar la demanda o reconvención si se trata de un proceso de conocimiento ordinario (Art. 223 CPC); si es de conocimiento sumario se opondrá conjuntamente con la con¬tención, resolviéndose con carácter previo (Art. 683, inc. a) CPC); y si es en un juicio ejecutivo dentro del plazo de la citación para oponer excepciones (Art. 460 CPC).
6.4.1.2. Incidente: El incidente de acumulación de procesos se podrá plantear después de vencido el plazo para deducir la excepción de litispendencia o cuando, aunque no se reúnan las tres identidades, la acumulación fuere posible fundada en la conexidad de los procesos.
Podrá deducirse en cualquier instancia o etapa del pro¬ceso, pero sólo hasta el momento en que la causa quede en estado de sentencia.
La norma procesal concede al interesado en obtener la acumulación de los procesos la opción para deducir el res¬pectivo incidente ante:
a) El juez que estime debe conocer en definitiva.
b) El juez que debe remitir el expediente.
El juez ante quien ocurra el interesado deberá, previa¬mente, examinar los procesos de que se trate, debiendo para ello traer a la vista los mismos. Luego, siempre que "prima facie" resulte admisible el pedido, deberá oír a las partes para después pronunciar su decisión, expresando los fundamen¬tos de la misma.
La resolución que hace lugar al pedido de acumula¬ción, debe hacerse saber al juez del otro proceso, el cual pue¬de plantear una contienda de competencia, si se creyere con derecho.
La decisión será recurrible en cualquiera de los casos, vale decir, tanto si hiciera lugar como si desestimara el pedi¬do de acumulación.
La promoción del pedido de acumulación de procesos produce efectos suspensivos en relaci6n al curso de todos los procesos involucrados. No obstante, debe distinguirse cuando la petición se realiza ante el mismo juez, en cuyo caso se opera desde que se la promueve, y cuando se la formula ante distintos jueces, en cuyo caso la suspensión se produce desde que se comunica el pedido de acumulación, solicitan¬do la remisión a la vista del expediente.
La suspensión del curso de los procesos no alcanza a las medidas o diligencias de cuya omisión pudiere resultar perjuicio, vg.: medidas precautorias.
6.4.2. De oficio: Cuando la acumulación se produce median¬te resolución del órgano judicial al efecto, en cuyo caso se aplican, en lo pertinente, las mismas reglas anteriormente mencionadas.
6.5. Efectos
Los efectos principales que la acumulación de proce¬sos produce, son:
6.5.l. Suspensión del trámite del proceso más avanzado: De¬cretada la acumulación, que en principio debe darse sobre el proceso más avanzado, se suspenderá la tramitación de éste hasta que el otro (u otros) proceso se encuentre en la misma etapa procesal.
6.5.2. Sustanciación separada: Cuando el trámite conjunto resulte dificultoso por la naturaleza de las cuestiones plan¬teadas, el juez podrá disponer, sin admitirse recurso alguno, la sustanciación separada de los procesos. En este caso, se suspenderá la tramitación del proceso más avanzado cuando éste se encuentre en estado de dictar sentencia, a los efectos de que el otro (u otros) proceso llegue a dicha etapa.
6.5.3. Sentencia única (unidad de pronunciamiento): Como c recto fundamental de la acumulación de procesos debe dictarse una sentencia única, la cual debe resolver la totali-dad de las cuestiones que se hayan planteado en los procesos acumulados.
7. DEBIDO PROCESO
Desde el siglo XIX se viene declarando por los procesalistas de todas las latitudes que el debido proceso es una garantía constitucional fundamental que tiene toda per¬sona, lo cual constituye a su vez un deber de irrestricto cum¬plimiento a cargo de la autoridad.
El debido proceso se halla conformado por dos notas características: la audiencia y la prueba.
La audiencia como garantía que debe tener toda per¬sona de ser escuchada-en tiempo y con tiempo suficiente-, de decir su verdad, de defenderse, en suma de tener "su día en el tribunal" como dicen los anglosajones (his day at court).
La prueba como oportunidad razonable de poder confirma sus afirmaciones por todos los medios legítimos.
El debido proceso se halla consagrado en la Constitu¬ción como una garantía innominada y está contenido en nu¬merosas normas: igualdad ante la ley (Arts. 46 y 47, CN), inviolabilidad de la defensa en juicio (Art. 16 CN), juez im¬parcial, competente e independiente (Art. 16 CN), etc ..
SUMARIO: 1. Concepto.- 2.Acepciones.- 3. Finalidad.- 4. Natu¬raleza jurídica. 4.1. Teoría del contrato. 4.2 Teoría del cuasicontrato. 4.3. Teoría de la relación jurídica. 4.4. Teoría de la situación jurídica. 4.5. Teoría de la institución. 4.6. Teoría de la naturaleza propia. 4.7. Conclusión.- 5. Clases de procesos. 5.1. De acuerdo con su estructura. 5.1.1. Procesos ordinarios. 5.1.2. Procesos especiales. 5.1.3. Procesos sumarios. 5.2. De acuerdo con la finalidad de la pretensión. 5.2.1. Procesos de declaración. 5.2.2. Procesos de ejecución. 5.2.3. Procesos cautelares. 5.3. En rela¬ción al contenido. 5.3.1. Procesos universales. 5.3.2. Procesos sin¬gulares. 5.4. En atención al medio de expresión. 5.4.1. Procesos escritos. 5.4.2. Procesos orales. 5.5. De acuerdo con el órgano interviniente. 5.5.1. Procesos judiciales. 5.5.1.1. Contenciosos. 5.5.1.2. Voluntarios. 5.5.2. Procesos arbitrales.- 6. Acumulación de procesos. 6.1. Procedencia. 6.2. Admisibilidad. 6.2.1. Unidad de instancia. 6.2.2. Unidad de competencia. 6.2.3. Unidad de trá¬mites. 6.3. Reglas. 6.4. Modos. 6.4.1. Petición de parte. 6.4.1.1. Excepción de litispendencia. 6.4.1.2. Incidente. 6.4.2. De oficio. 6.5. Efectos. 6.5.1. Suspensión del trámite del proceso más avan¬zado. 6.5.2. Sustanciación separada. 6.5.3. Sentencia única (uni¬dad de pronunciamiento).- 7. Debido proceso.
1. CONCEPTO
Como consecuencia de la prohibición de la autodefensa, los conflictos que se producen entre las personas (físicas o jurídicas) deben ser resueltos por medio de los órganos jurisdiccionales. La protección que se requiere del Estado, que actúa a través del Poder Judicial, determina el nacimiento del proceso.
El proceso aparece, entonces, como el medio que tie¬ne el Estado para ejercer su función jurisdiccional. Dicho de otro modo, la función jurisdiccional del Estado se ejerce a través del proceso.
El proceso es un instrumento para cumplir los fines del Estado al imponer a las personas una determinada con¬ducta jurídica adecuada al Derecho y, a la vez, brindarles la tutela jurídica.
El proceso es un método de debate, regulado por la ley, para resolver un conflicto de intereses.
El vocablo proceso deriva del latín "processus", que significa avance, progreso. Implica un desenvolvimiento, una continuidad dinámica, una sucesión de actos que se dirigen a un fin.
Destaca COUTURE su carácter teleológico, ya que se encuentra constituido por un conjunto de actos mediante los cuales se realiza la función jurisdiccional y, por consiguien¬te, persigue el fin de ésta.
Antiguamente el proceso era confundido Con la sim¬ple sucesión de actos de procedimiento (procedimentalismo), sin entender que por encima de estos actos se hallaba un fin, y que esos actos presuponen a los tres sujetos esenciales de la relación procesal: el juez, el actor y el demandado (actum trium personarum).
No se debe confundir el proceso con el procedimien¬to, que consiste en los trámites relativos a cada proceso.
En todo proceso siempre habrá un procedimiento, es decir, una serie de actos que realizan las partes y el juez. El proceso va más allá, porque supone siempre la bilateralidad entre las partes y la presencia imprescindible de un tercero imparcial que decide la controversia.
A su vez, CARNELUTTI explica que "el litigio está pre¬sente en el proceso, como la enfermedad lo está en la cura¬ción. El proceso consiste, fundamentalmente, en llevar el liti-gio ante el juez, o también desenvolverlo en su presencia. Ello explica en primer lugar, el estrechísimo contacto entre las no¬ciones del proceso y litigio, y la facilidad y la costumbre de confundirlos entre si... De ahí que entre proceso y litigio, me¬dia la misma relación que entre continente y contenido".
2. ACEPCIONES
El vocablo proceso es utilizado en ciertos casos como sinónimo de expediente, es decir, el conjunto de escritos judi¬ciales que consignan los actos procesales de las partes y del juez. El expediente judicial no es el proceso, sino su simple materialización. También se lo emplea como sinónimo de pro¬cedimiento, cuya distinción se hizo en el apartado anterior.
En el derecho positivo se utiliza la palabra proceso en sentido multívoco, haciéndola extensiva a los juicios, cau¬sas, litigios, pleitos, asuntos, contiendas y controversias.
El vocablo proceso, no obstante su origen latino, es de uso reciente. Los romanos decían "iudicium", que viene de "iudicare" y significa declarar el derecho. Por eso, en sen¬tido estricto la voz juicio se refiere más bien al acto intelec¬tual del juez por el cual decide la causa, poniendo fin al pro¬ceso.
3. FINALIDAD
El proceso tiene un doble fin que consiste en hacer efectiva la voluntad de la ley (función pública) y satisfacer los legítimos intereses de las partes (función privada).
Se suele decir que las normas procesales son instrumentales, en el sentido de que se hallan destinadas a hacer efectivos los derechos consagrados en la Constitución y en las leyes materiales. Dice DE LA COLINA que al apli¬carse las leyes del Código Procesal, es necesario guardarse de considerarlas como objeto principal, cuando no son sino un medio de esclarecer y facilitar la marcha de la Justicia. Las formalidades del juicio no son trampas armadas a la bue¬na fe, sino instrumentos con que se busca la seguridad de los intereses en conflicto, con lo que queda dicho que los jueces no deben ampararse en vanas sutilezas para negar su apoyo a legítimos derechos. En caso de duda, la solución que se im¬pone es la que favorece esos derechos, facilita el descubri¬miento de la verdad, tiende a la pronta terminación del plei¬to, hace económica y sencilla la práctica de una diligencia, etc. Lo mismo si se trata de llenar una laguna o suplir una deficiencia de la ley, concluye.
En verdad, de acuerdo con CARNELUTTI, el proceso no tendría razón de ser sin el derecho material, ni éste ten¬dría fuerza para existir sin el proceso.
El Derecho procesal es, como el derecho material, au¬tónomo, desprendido como rama del tronco común del Dere¬cho que es uno solo.
Su finalidad expresada líneas antes, como dice ALLEN, no se halla subordinada jurídicamente a ninguna otra, salvo la común de todo el Derecho que es ser instru¬mento de valores jurídicos. O, como expresa la Constitu¬ción, al señalar que la misma se sanciona" con el fin de asegurar la libertad, la igualdad y la justicia" (Preámbulo CN).
A veces aparece en primer plano la resolución del con¬flicto subjetivo, es decir, la satisfacción de un derecho subje¬tivo o de una situación jurídica concreta, y en segundo plano la aplicación del derecho objetivo. En otros casos es al re¬vés. Sucede lo primero en el proceso civil y lo segundo en el proceso penal.
Finalmente, pero no por ello menos importante, como fin del proceso, junto a la verdad, debe encontrarse el bien.
4. NATURALEZA JURIDICA
La naturaleza es la esencia y propiedad característica de cada ser.
Para determinar la naturaleza jurídica de un instituto, fi¬gura o fenómeno del Derecho, debe uno conocer su esencia.
Se debe estudiar si tiene una esencia particular, pro¬pia. Si no tiene naturaleza propia hay que referirla a otra que sí la tenga para, de tal suerte, poder aplicar en caso de insu¬ficiencia legislativa, supletoriamente a aquélla las normas reguladoras de ésta.
Diversas son las teorías que han sido propuestas por la doctrina para explicar la naturaleza jurídica del proceso. Las más conocidas, en orden cronológico, son:
4.1. Teoría del contrato)
Esta teoría asimila la naturaleza procesal a la contractual. Supone la existencia de una convención entre el actor y el demandado, en la que se fijan los puntos de la discusión y se otorga autoridad al juez.
Su antecedente se encuentra en la "litis contestatio" del Derecho romano, que significaba un acuerdo de volunta¬des por el que se investía de poder al "iudex" (árbitro).
En el Derecho moderno se siguen empleando dicha terminología y concepto. En efecto, se hace referencia a la "litis contestatio" y a que con la demanda y contestación se fijan los límites de la litis y los poderes del juez.
Cabe señalar que el juez que interviene en el proceso no está ligado, en términos absolutos, por la voluntad de las partes, ni la fuerza de su mandato nace de tal voluntad, sino de la soberanía del Estado. Además, normalmente, no es uná¬nime el deseo de las partes de litigar. El demandado, por lo general, es llevado al litigio aun contra su voluntad. Siendo así, no podría explicarse el proceso considerándolo un con¬trato.
4.2. Teoría del cuasicontrato
Esta teoría es una derivación de la teoría del contrato.
En efecto, al advertirse que ésta no podía explicar las situa¬ciones en las cuales el demandado concurría a litigar contra su voluntad o ésta faltaba (rebeldía), se elaboró la teoría del cuasicontrato.
En virtud de la misma, sus sostenedores dicen que los vínculos procesales nacen de la voluntad unilateral de un su¬jeto, el actor, el cual con su conducta y bajo ciertos requisi¬tos formales, liga válidamente a otras personas distintas. Debe recordarse que la diferencia esencial que media entre los contratos y los cuasicontratos está, precisamente, en que en estas últimas faltas el acuerdo de voluntades.
A esta teoría se le objeta que el proceso como institu¬ción de Derecho público no puede explicarse como un mero entrecruce de voluntades particulares, sean éstas unilatera¬les o bilaterales. El resultado procesal se impone a las partes por la fuerza de un mandato del Estado y por la aceptación previa que alguno de los litigantes haya hecho del mismo. El juez cumple una función pública porque ejerce, en forma de¬legada, uno de los atributos de la soberanía.
4.3. Teoría de la relación jurídica
La teoría de la relación jurídica es considerada la teo¬ría dominante. Según la misma el proceso es una relación jurídica entre determinados sujetos investidos de poderes otorgados por la ley, que actúan en vistas a un determinado fin.
Esta teoría tiene sus antecedentes en las ideas de Hegel. Fue expuesta, por primera vez, por Von Bülow en su libro "La teoría de las excepciones procesales y los presupues¬tos procesales" y, posteriormente, fue desarrollada especialmen¬te por la doctrina italiana.
Afirma que la actividad de las partes y del juez está regida por la ley, y que el orden establecido para regular la condición de los sujetos dentro del proceso, determina una relación jurídica de carácter procesal, consistente en el com¬plejo de derechos y deberes a que está sujeto cada uno de ellos, tendiendo a un fin común: la actuación de la ley.
La relación es la unión real o mental de dos términos, sin confusión entre si. Relación es el vínculo que aproxima una cosa a otra, permitiendo mantener entre ellas su primitiva individualidad. Cuando en el lenguaje del Derecho procesal se habla de relación jurídica, no se tiende sino a señalar el vínculo o ligamen que une entre sí a los sujetos del proceso y sus pode- I res y deberes respecto de los diversos actos procesales.
El principal expositor de esta teoría es CHIOVENDA, que dice: "El proceso es una unidad no solamente porque los varios actos de que se compone están coligado s para un fin común. Esta unidad es propia de cualquier empresa, aunque no sea jurídica, como una obra de arte, la construcción de un edificio, un experimento científico y otras semejantes. El proceso es una unidad jurídica, una organización jurídica o. en otros términos, una relación jurídica. El proceso civil con¬tiene una relación jurídica".
4.4. Teoría de la situación jurídica
Esta teoría fue expuesta por GOLDSCHMIDT, quien considera que no puede hablarse de una relación jurídica en el proceso. Dice que los imperativos referidos al juez, espe¬cialmente el deber de decidir la controversia, son de natura¬leza constitucional y no procesal, y derivan de su cargo de funcionario público y no del juicio.
Expresa que los vínculos jurídicos que nacen del pro¬ceso entre las partes no son propiamente "relaciones jurídi¬cas" (consideración estática del Derecho), es decir, no son facultades ni deberes en el sentido de poderes sobre impera¬tivos o mandatos, sino situaciones jurídicas (consideración dinámica del Derecho), esto es situaciones de expectativa, es¬peranzas de la conducta judicial que ha de producirse y, en último término, del fallo judicial futuro; en una palabra: ex¬pectativas, posibilidades y cargas. Sólo aquéllas son dere¬chos en sentido procesal - el mismo derecho a la tutela jurídica (acción procesal) no es, desde este punto de vista, más que una expectativa jurídicamente fundada - y las últimas las cargas "imperativos del propio interés", ocupan en el proceso el lugar de las obligaciones.
El concepto de carga procesal se debe precisamente a GOLDSCHMIDT, quien la define como la realización de un imperativo del propio interés.
4.5. Teoría de la institución
El concepto de institución nos indica que consiste en una organización jurídica al servicio de una idea.
Institución, dice GUASP quien es el creador de esta teo¬ría, es un conjunto de actividades relacionadas entre sí por el vínculo de una idea común y objetiva, a la que figuran adhe¬ridas, sea ésa o no su finalidad individual, las diversas vo¬luntades particulares de los sujetos de quienes procede aque¬lla actividad.
Hay dos elementos fundamentales en toda institución: la idea objetiva o común y las voluntades particulares que adhieren a la misma. Consecuentemente, el proceso sería: una organización puesta al servicio de la idea de Justicia.
4.6. Teoría de la naturaleza propia
La teoría que le asigna al proceso naturaleza jurídica propia es sostenida, entre otros, por ALVARADO VELLOSO, quien dice: " Toda esta búsqueda (de la naturaleza del proceso) ha perdido interés académico pues, a partir de que se ha concebido a la acción procesal como una instancia ne¬cesariamente bilateral (o proyectiva), el proceso (objeto de aquélla) adquirió una categoría propia que no puede ser subsumida en otra categoría general. De tal modo, el proce¬so es proceso. Y punto. Lo que lleva a sostener que no es un contrato, que no es un cuasicontrato, que no es una relación, etcétera.
En otras palabras: para explicar la esencia de la serie lógica y consecuencial de instancias bilaterales conectadas entre sí por la autoridad, que se utiliza como medio pacífico de debate dialéctico entre dos partes antagónicas ante un ter¬cero que es imparcial, impartial e independiente, no se pre¬cisa buscar su encuadramiento en otra figura del Derecho en razón de que es un fenómeno único en el mundo jurídico y. por ende, inconfundible por irrepetible.
La más prestigiosa doctrina española contemporánea ya ha advertido esta circunstancia, al sostener que así de simple el proceso carece de naturaleza jurídica".
4.7. Conclusión
Según PRIETO CASTRO todas las teorías no se ex¬cluyen sino antes bien se complementan. Son modos distin¬tos de contemplar el fenómeno, que corresponden a diversos grados del conocimiento.
La teoría del contrato, de la cual el cuasicontrato es una derivación, ve sólo el aspecto externo y responde a la preocupación de hallar un principio aglutinador de los actos orientados hacia la misión final: la sentencia. La teoría de la relación procesal es un examen de su contextura interna que da un sentido unitario a los actos del procedimiento. La de la situación jurídica es la fundamentación sociológica del pro¬ceso, visto éste no como unidad jurídica sino como una rea¬lidad de la vida social. Aquélla explica "cómo debe ser" el proceso cuyo fin es que quien tenga razón triunfe. Esta ex¬plica "cómo es" el proceso en la realidad, en la que triunfa quien mejor defiende su derecho mediante el cumplimiento de las cargas procesales.
Cabe señalar que el tema de la naturaleza jurídica del proceso supera su aspecto meramente académico, al tener con¬secuencias prácticas.
Evidentemente, si no se acepta la figura del contrato para explicar la naturaleza del proceso queda excluida la po¬sibilidad de recurrir, como fuente subsidiaria, a las normas que regulan este instituto en el Derecho civil.
Del igual modo, no siempre es conveniente tratar de encasillar un instituto nuevo en otro ya conocido, buscando encontrar semejanzas y diferencias con figuras típicas de otras ramas del Derecho. En este sentido, el fenómeno procesal apa¬rece como suficientemente característico y autónomo como para ser estudiado en forma separada e independiente.
Adviértase que el proceso se presenta como un fenó¬meno jurídico complejo. Dentro del mismo se dan actos jurí¬dicos, relaciones jurídicas y situaciones jurídicas. Esos actos jurídicos constituyen la manifestación exterior de una rela¬ción jurídica que los vincula a todos. A su vez, las posicio¬nes de los sujetos en el proceso los colocan en determinadas situaciones jurídicas.
La relación jurídica procesal tiene características pe¬culiares porque es dinámica y no estática. Es una relación continuada y progresiva, con una finalidad única. Se presen¬ta de manera dialéctica como una serie de acciones y reaccio¬nes, de ataques y defensas, de conflicto de intereses, sin per¬juicio de que esa serie tenga una unidad de fin y un objetivo común: la sentencia definitiva. Se dice que la relación jurídica procesal es única, continua y compleja.
La posición de los sujetos en la relación procesal no es semejante a la que de ordinario tienen en la relación jurídica civil. El juez tiene el deber de fallar; en consecuencia, no se trata de una obligación con las partes, sino una atribu¬ción (poder - deber) derivada de su calidad de funcionario público investido de autoridad. Las partes no se encuentran obligadas a efectuar actos procesales, pero sí tienen la carga procesal de hacerlo, que es un concepto específico procesal.
5. CLASES DE PROCESOS
El proceso, si bien constituye un fenómeno jurídico único, puede ser objeto de distintas clasificaciones, atendiendo las diversas circunstancias vinculadas al mismo.
5.1. De acuerdo con su estructura
Los procesos se dividen en:
5.1.1. Procesos ordinarios: El proceso de conocimiento ordinario es el proceso tipo de carácter general. Es el que ofrece mayores garantías para el ejercicio de los derechos, en razón de que en él los plazos son más extensos, se permite un mayor debate, la prueba es amplia, y es libre la impugnación de las resoluciones.
El proceso de conocimiento ordinario, siguiendo a GUASP, se estructura del siguiente modo:
5.1.1.1. La etapa introductoria o expositiva: que comienza con la promoción de la demanda.
5.1.1.2. La etapa probatoria: que es normal pero no esen¬cial, porque sólo procede cuando se alegan hechos condu¬centes y controvertidos.
5.1.1.3. La etapa decisoria: que comienza con la providencia de autos y concluye con la sentencia definitiva.
Los procesos ordinarios tienen por objeto que en ellos se sustancien y decidan en forma definitiva todas las cuestio¬nes que puedan estar comprendidas en el conflicto. Son siem¬pre de conocimiento y contenciosos. Se hallan estructurados de tal modo que permiten un amplio debate y prueba.
5.1.2. Procesos especiales: Son los legislados para determi¬nados asuntos que por la simplicidad de las cuestiones o por la urgencia que requiere su solución, tienen un trámite espe¬cífico y breve, sencillo y rápido, v.g.: rendición de cuentas, desalojo, etc.
5.1.3. Procesos sumarios: En este tipo de procesos el cono¬cimiento del juez se limita a la constatación de los requisitos exigidos por la ley para la procedencia de la acción, sin en¬trar al examen de la relación de derecho substancial en que se fundan. El conocimiento que se obtiene en esta categoría de procesos es puramente procesal, v.g.: juicio ejecutivo.
La resolución del conflicto no es definida, por lo que la sentencia que se dicta sólo tiene autoridad de cosa juzgada formal, admitiendo otro proceso posterior.
El proceso o juicio sumario es un tipo dentro de los procesos especiales.
5.2. De acuerdo con la finalidad de la pretensión
Los procesos pueden ser:
5.2.1. Procesos de declaración: En los cuales el juez se infor¬ma plenamente de la relación jurídica y el conflicto se resuel¬ve en forma total y definitiva.
De acuerdo con el Código Procesal Civil pueden ser: de conocimiento ordinario o de conocimiento sumario.
5.2.2. Procesos de ejecución: El conocimiento del juez se li¬mita a constatar el incumplimiento de la obligación. Pueden tener por finalidad hacer efectivo 10 resuelto en una anterior sentencia de condena cuando ésta no es voluntariamente cum¬plida (ejecución de sentencia), o que el acreedor de una obli¬gación en dinero, líquida y exigible que consta en un título ejecutivo extrajudicial, rec1amejudicialmente su cumplimiento al deudor Quicio ejecutivo).
Los procesos de ejecución son de acuerdo a nuestra ley procesal procesos mixtos, porque tienen una parte declarativa (de conocimiento) y otra de ejecución propiamen¬te dicha.
Como enseña CARNELUTTI, la clasificación del pro¬ceso se funda en la diferencia entre declaración y actuación de las relaciones jurídicas. Hay casos en que basta que una relación sea declarada para que se logren los fines del Dere¬cho, y otros en los cuales es necesario, en cambio, que se actúe, esto es que se ajuste a la situación jurídica la situa¬ción material. En el primer caso, el proceso tiende a que el juez declare lo que debe ser, en tanto que en el segundo, el proceso tiende a que el juez ordene que se haga lo que se debe hacer.
5.2.3. Procesos cautelares: Estos procesos son complemen¬tarios de los demás procesos. Tienen por objeto asegurar el resultado práctico de la sentencia, de tal suerte que por el tiempo transcurrido entre la iniciación del proceso y su resolución no quede frustrado el derecho del actor.
5.3. En relación al contenido
Los procesos se distinguen en:
5.3.1. Procesos universales: Son aquellos en los que a un mis¬mo tiempo se tratan diferentes pretensiones que correspon¬den a diversas personas, con el propósito de obtener la liquidación y distribución de un patrimonio, v.g.: sucesión, quie¬bra, disolución de la comunidad conyugal.
5.3.2. Procesos singulares: En estos procesos se debate la pretensión de una persona contra otra persona relativa a un objeto determinado. La acumulación de acciones: por la exis¬tencia de varios actores o demandados (acumulación subje¬tiva) o de varias pretensiones (acumulación objetiva), no hace que el proceso deje de ser singular porque se lo considera como una unidad jurídica.
5.4. En atención al medio de expresión
En relación al medio de expresión predominantemente utilizado, los procesos se dividen en:
5.4.1. Procesos escritos: Con predominio dé la escritura sobre la oralidad, v.g.: procesos del fuero civil y comercial.
5.4.2. Procesos orales: Donde prima la oralidad sobre la escri¬tura, v.g.: procesos del fuero penal.
5.5. De acuerdo con el órgano interviniente
Pueden ser:
5.5.1. Procesos judiciales: Son los procesos típicos que se sus¬tancian ante los órganos judiciales integrantes del Poder Judi¬cial. Se los divide en:
5.5.l.l. Contenciosos: Cuando tienen por objeto la resolución de un conflicto de intereses mediante el pronunciamiento de una sentencia con autoridad de cosa juzgada. Los sujetos del proceso contencioso reciben el nombre de partes procesales.
5.5.1.2. Voluntarios: Cuando sólo buscan otorgar autentici¬dad O eficacia a un estado o relación jurídica. Los sujetos en el proceso voluntario se denominan solicitantes o peticionarios.
Se caracterizan porque el pronunciamiento judicial se realiza exclusivamente a favor del solicitante y no en contra de otra persona, aunque puede darse el caso que, cuando surge algún conflicto entre los peticionarios, se convierta en un proceso contencioso.
5.5.2. Procesos arbitrales: Cuando el conflicto es sometido a la decisión de jueces privados que son denominados árbi¬tros cuando deben actuar y fallar de acuerdo a normas deter-minadas, y arbitradores o amigables componedores cuando su actuación y decisión no están sujetas a reglas determinadas sino a su leal saber y entender.
Nuestro Código Procesal Civil, teniendo en cuenta la forma en que se estructuran los procesos, los divide en: Pro¬ceso de Conocimiento Ordinario (Libro II), Proceso de Eje-cución (Libro III), Juicios y Procedimientos Especiales (Li¬bro 1 V) Y Proceso Arbitral (Libro V).
6. ACUMULACION DE PROCESOS
La acumulación de procesos consiste en reunir dos o más procesos en trámite, con el objeto de que todos ellos constituyan un solo juicio y sean terminados por una sola sentencia.
La acumulación se verifica por la unión material de dos o más expedientes, que por tener pretensiones conexas, no pueden ser substanciados separadamente sin correr el gra¬ve riesgo de que se dicten sentencias contradictorias o de cumplimiento imposible.
La institución se funda en las siguientes razones:
a) Evitar el dictado de decisiones contradictorias, lo cual constituirá un "escándalo jurídico" que desprestigiará a la ad¬ministración de justicia.
b) Posibilitar que las sentencias puedan efectivamente ejecutarse, es decir, sean útiles.
c) Cumplir con el Principio de economía procesal.
6.1. Procedencia
De acuerdo con nuestra legislación procesal la acumulación de procesos corresponderá cuando:
6.1.1. Sea admisible la acumulación subjetiva de pretensiones, siem¬pre que las mismas sean conexas por el título, por el objeto o por ambos elementos a la vez (Art. 101 CPC).
6. 1 .2. El actor, titular de diversas pretensiones conexas, no haya hecho uso frente al demandado de la facultad de reali¬zar la acumulación objetiva de pretensiones (Art. 100 CPC), promoviendo varias demandas
6.1.3. El demandado, en lugar de deducir reconvención en el mismo proceso, deduce otro juicio con una pretensión conexa a la promovida por el actor contra él.
6.2. Admisibilidad
Los requisitos de admisibilidad necesarios para que pueda producirse la acumulación de procesos, son:
6.2.1. Unidad de instancia: Todos los procesos, cuya acumu¬lación se pretende, deben encontrarse en la misma instancia, vale decir, pueden acumularse en cualquier instancia (prime¬ra, segunda), pero no será posible si estuvieren en instancias distintas.
6.2.2. Unidad de competencia: La acumulación de procesos no puede alterar la regla de la competencia en razón de la materia, porque la misma se funda en consideraciones de or¬den público, que no pueden ser soslayadas ni por las partes, aunque exista acuerdo, ni por el juez.
6.2.3. Unidad de trámites: La unidad de trámites se exige, por obvias razones de orden procesal, como condición para la debida substanciación de los procesos acumulados.
No obstante, si se trata de procesos de ejecución, su¬jetos a distintos trámites y la sentencia que haya de dictan", en uno de los procesos sea susceptible de producir efectos de cosa juzgada en otro u otros, procederá la acumulación, en cuyo caso el juez determinará el procedimiento atendiendo u la mayor amplitud de la defensa en juicio.
6.3. Reglas
La acumulación de procesos, en principio, debe pro¬ducirse sobre el expediente que estuviere más avanzado. Ex¬cepcionalmente, cuando no pueda establecerse cuál es el pro¬ceso más avanzado o se encontraren en la misma etapa pro¬cesal, la acumulación se hará sobre el proceso más antiguo, debiendo entenderse por tal aquel que fue primeramente no¬tificado, porque desde ese momento quedó trabada la rela¬ción procesal.
En el caso de procesos en que los jueces ejercen dis¬tintas competencias por razón del valor o monto de los jui¬cios, V.g.: jueces de paz, jueces de menor cuantía, jueces de primera instancia, la acumulación se hará sobre el de mayor cuantía.
6.4. Modos
Los modos mediante los cuales puede obtenerse la acu¬mulación de procesos, son: a petición de parte o de oficio.
6.4.1. Petición de parte: Cuando es a pedido de parte, las vías procesales hábiles serán la excepción de litispendencia o el incidente de acumulación.
6.4.1.1. Excepción de litispendencia: Esta excepción guarda afinidad con la figura de la acumulación de procesos, aun¬que no se trata de la misma situación. Para que proceda la litispendencia deben concurrir las tres identidades: sujeto, ob¬jeto y causa. La excepción debe deducirse dentro del plazo para contestar la demanda o reconvención si se trata de un proceso de conocimiento ordinario (Art. 223 CPC); si es de conocimiento sumario se opondrá conjuntamente con la con¬tención, resolviéndose con carácter previo (Art. 683, inc. a) CPC); y si es en un juicio ejecutivo dentro del plazo de la citación para oponer excepciones (Art. 460 CPC).
6.4.1.2. Incidente: El incidente de acumulación de procesos se podrá plantear después de vencido el plazo para deducir la excepción de litispendencia o cuando, aunque no se reúnan las tres identidades, la acumulación fuere posible fundada en la conexidad de los procesos.
Podrá deducirse en cualquier instancia o etapa del pro¬ceso, pero sólo hasta el momento en que la causa quede en estado de sentencia.
La norma procesal concede al interesado en obtener la acumulación de los procesos la opción para deducir el res¬pectivo incidente ante:
a) El juez que estime debe conocer en definitiva.
b) El juez que debe remitir el expediente.
El juez ante quien ocurra el interesado deberá, previa¬mente, examinar los procesos de que se trate, debiendo para ello traer a la vista los mismos. Luego, siempre que "prima facie" resulte admisible el pedido, deberá oír a las partes para después pronunciar su decisión, expresando los fundamen¬tos de la misma.
La resolución que hace lugar al pedido de acumula¬ción, debe hacerse saber al juez del otro proceso, el cual pue¬de plantear una contienda de competencia, si se creyere con derecho.
La decisión será recurrible en cualquiera de los casos, vale decir, tanto si hiciera lugar como si desestimara el pedi¬do de acumulación.
La promoción del pedido de acumulación de procesos produce efectos suspensivos en relaci6n al curso de todos los procesos involucrados. No obstante, debe distinguirse cuando la petición se realiza ante el mismo juez, en cuyo caso se opera desde que se la promueve, y cuando se la formula ante distintos jueces, en cuyo caso la suspensión se produce desde que se comunica el pedido de acumulación, solicitan¬do la remisión a la vista del expediente.
La suspensión del curso de los procesos no alcanza a las medidas o diligencias de cuya omisión pudiere resultar perjuicio, vg.: medidas precautorias.
6.4.2. De oficio: Cuando la acumulación se produce median¬te resolución del órgano judicial al efecto, en cuyo caso se aplican, en lo pertinente, las mismas reglas anteriormente mencionadas.
6.5. Efectos
Los efectos principales que la acumulación de proce¬sos produce, son:
6.5.l. Suspensión del trámite del proceso más avanzado: De¬cretada la acumulación, que en principio debe darse sobre el proceso más avanzado, se suspenderá la tramitación de éste hasta que el otro (u otros) proceso se encuentre en la misma etapa procesal.
6.5.2. Sustanciación separada: Cuando el trámite conjunto resulte dificultoso por la naturaleza de las cuestiones plan¬teadas, el juez podrá disponer, sin admitirse recurso alguno, la sustanciación separada de los procesos. En este caso, se suspenderá la tramitación del proceso más avanzado cuando éste se encuentre en estado de dictar sentencia, a los efectos de que el otro (u otros) proceso llegue a dicha etapa.
6.5.3. Sentencia única (unidad de pronunciamiento): Como c recto fundamental de la acumulación de procesos debe dictarse una sentencia única, la cual debe resolver la totali-dad de las cuestiones que se hayan planteado en los procesos acumulados.
7. DEBIDO PROCESO
Desde el siglo XIX se viene declarando por los procesalistas de todas las latitudes que el debido proceso es una garantía constitucional fundamental que tiene toda per¬sona, lo cual constituye a su vez un deber de irrestricto cum¬plimiento a cargo de la autoridad.
El debido proceso se halla conformado por dos notas características: la audiencia y la prueba.
La audiencia como garantía que debe tener toda per¬sona de ser escuchada-en tiempo y con tiempo suficiente-, de decir su verdad, de defenderse, en suma de tener "su día en el tribunal" como dicen los anglosajones (his day at court).
La prueba como oportunidad razonable de poder confirma sus afirmaciones por todos los medios legítimos.
El debido proceso se halla consagrado en la Constitu¬ción como una garantía innominada y está contenido en nu¬merosas normas: igualdad ante la ley (Arts. 46 y 47, CN), inviolabilidad de la defensa en juicio (Art. 16 CN), juez im¬parcial, competente e independiente (Art. 16 CN), etc ..
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